En el Valle del Cauca hicieron 'ferias' con los recursos de regalías

Están comprometidos $27.320 millones. Una misteriosa corporación de la Costa firmó casi todos los convenios de vivienda y se fue sin construirlas.

Si el Gobierno Nacional necesita tomar como ejemplo algún departamento para mostrar las bondades de los proyectos que se financiaron con recursos del Fondo Nacional de Regalías, hoy en liquidación, seguramente el que menos le hubiera servido habría sido el Valle del Cauca.

En una muestra de ineficacia administrativa, como han señalado los entes de control, varios municipios del departamento tienen hoy obras que apenas han avanzado un 40 % o un 50 %, cuando debieron haber sido entregadas hace 8, 10 o, incluso, 16 años, como ocurre con un proyecto en el municipio de Yumbo que se empezó a ejecutar en 1999.

De acuerdo con el  último corte de cuentas que realizó el Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación, con fecha del pasado 28 de febrero  y que conoció El País, en el Valle del Cauca hay 68 proyectos que no han podido concluirse, de los cuales hay 24 en condición ‘crítica’, ‘muy crítica’ o que ya se vencieron todos los términos y tienen que devolver el dinero.

La preocupación que despiertan esos  24 proyectos en el Departamento Nacional de Planeación, aunque varios  de ellos figuran todavía ‘en ejecución’, es que para la realización de las obras se les ha girado a 19 municipios del Valle recursos por un valor superior a los  $27.320 millones.

El gobernador del Valle, Ubéimar Delgado, aseguró que “esa ineficiencia administrativa se da por falta de sentido de pertenencia de algunos funcionarios. Hay unos muy buenos, pero hay otros con capacidad para administrar, pero a veces no le ponen  la atención y la dedicación que se requiere e infortunadamente, es el Valle el que sale perdiendo”.

“Lo triste de esto es que el ciudadano de escasos recursos, el que espera la protección del Estado no se ve reflejado en las soluciones que debe dar el Gobierno. Cuando nosotros llegamos a la Gobernación encontramos que los gobiernos anteriores ni siquiera tenían un banco de proyectos estructurado”, aseguró el Mandatario regional.

Entre los 24 proyectos más críticos en el departamento hay 12 para vivienda rural y urbana; 5 para obras de saneamiento y agua potable; 3 para inversiones en educación; 2 para mejoramiento de vías; 1 para la protección del medio ambiente y 1 más para un proyecto cultural. Pero de todos, lo que más preocupa es lo que ha ocurrido con obras de vivienda.

No aparecen la plata ni las casas

De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República conocido por este diario, el Valle del Cauca hace parte de las regiones en las que “hubo concentración de proyectos de vivienda de interés social rural en un solo contratista y que en la mayoría de los casos dejaron los proyectos con un avance inferior al 40 %, a pesar de habérsele  girado hasta el 80 % del valor de los mismos”.

Lo llamativo de este señalamiento es que el contratista que se quedó con casi todos los convenios en los municipios del centro y norte del Valle es la Corporación Vivienda Digna, una firma barranquillera de la que nadie da razón, con cero experiencia en obras en el departamento y que un día empacó maletas, tomó el dinero y se fue con el mismo silencio  con el que llegó. (Ver informe anexo: ‘Vivienda Digna solo dejó estragos’)

De las 389 viviendas que debía construir en el Valle, según los convenios realizados con los municipios de Jamundí, Roldanillo, Trujillo, Andalucía, El Águila y Argelia, solo hizo 110, de las cuales varias fueron demolidas parcialmente, otras rectificadas por malos acabados y unas más quedaron a medio construir cuando decidieron marcharse con el adelanto recibido por más de $2830 millones.

La Unidad Investigativa de El País se dio a la tarea de buscar ¿qué es la corporación Vivienda Digna? ¿Cómo llego al  Valle del Cauca? ¿Quiénes son sus representantes legales? ¿Cuál era su método de trabajo?

Pese a que en la poca información que entregan los exmandatarios parece ocultarse un pacto de silencio, finalmente algunos de ellos aseguraron que no tenían la menor idea de lo que era esa corporación cuando firmaron el convenio y que solo oyeron hablar de ella en una reunión que fue organizada en Tuluá y que presidió el representante a la Cámara por el Valle, Heriberto Sanabria.

“No conozco al representante legal de esa corporación ni tengo relación alguna con esa ni con ninguna otra fundación”, aseguró el congresista conservador al ser consultado sobre el señalamiento en su contra.

“Al contrario, me han preguntado por ellos en dos o tres municipios y les he recomendado a los alcaldes que les aplique toda la ley, que soliciten el cumplimiento de las pólizas y que acudan a la Fiscalía y la Procuraduría. Esa es la única recomendación que yo he hecho; no sé si será por eso que dicen que yo recomendé, pero sería un delito tanto para los alcaldes como para un congresista hacer ese tipo de gestiones”, indicó Sanabria.

El congresista también negó que esa supuesta participación suya fuera parte de cupos indicativos otorgados por el Gobierno Nacional, como aseguraron las fuentes y consideró que “esto se trata más bien de una cortina de humo  para desviar la atención de alguna investigación”.

El daño a la comunidad

Entre los recursos comprometidos también hay tres proyectos de agua potable para Buenaventura, Guacarí y Andalucía, así como uno cultural en Roldanillo.

Lo que hoy más dificulta la culminación de las obras es que se proyectaron con precios de 5 y 10 años atrás y ahora con esos valores se deberán adelantar menos cantidades. Igualmente, hay varios casos en que los contratos se firmaron dos o tres gobiernos atrás y no aparecen los documentos de soporte y no hay voluntad política para terminar obras que contrataron y pagaron otros.

Pero sin duda lo más lamentable para el Valle es que ya se decretó la pérdida de fuerza ejecutoria en tres proyectos en Cali, Toro y Pradera. Es decir, ya no se pueden hacer las obras y los entes tendrán que devolver los dineros que les fueron girados y asumir las sanciones de ley porque para la financiación de estos tres proyectos se habían enviado $1600 millones. 

 ‘Vivienda Digna’ solo dejó estragos

[[nid:405045;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/03/vivienda-digna.jpg;full;{Varias de las casas que construyó la Corporación Vivienda Digna en los distintos municipios del Valle debieron ser demolidas total o parcialmente y corregidas por quienes retomaron el convenio.Foto: Archivo El País}]]

La Corporación Vivienda Digna, que se fue del departamento dejando a más de 280 familias con el sueño aplazado de tener casa propia se creó en Barranquilla el 21 de marzo del 2007 y el 3 de noviembre del 2009 canceló la matrícula por traslado de domicilio hacia la capital del país.Casi de inmediato, quedó inscrito en el registro de oferentes aprobados por el Ministerio de Vivienda e inició un vertiginoso ascenso que le permitió la firma de convenios por más de $12.000 millones en los departamentos del Valle del Cauca, Atlántico, Nariño y Sucre. Aunque en los registros oficiales de Cámara de Comercio, donde ya las matrículas figuran canceladas, aparecen como representante legal Gilberto Rafael Avilez, con cédula de Chinú, Córdoba, y como vicepresidente Pedro Emiro López Erazo, oriundo de Sahagún, Córdoba,  la empresa tiene inscritos a varias personas, todas de la Costa Atlántica, como los titulares de los convenios. En lo único en que coinciden todos los alcaldes es que la Corporación a su paso por el Valle del Cauca solo dejó estragos, malos recuerdos y varios mandatarios locales con procesos fiscales iniciados por presunto detrimento patrimonial. Y es que la única auditoría que alcanzó a realizar la Contraloría General de la República en el Valle presenta un largo listado  de las irregularidades que se cometieron en la construcción de las obras tales como: alta vulnerabilidad sísmica, muros desnivelados, ladrillos defectuosos y fracturas en las paredes de viviendas que aún no se terminaban, entre otras deficiencias en el proceso constructivo y estético de la obra. Peor aún, errores en la colocación de las vigas que soportan las viviendas, se hicieron pozos sépticos en zonas que cuentan con alcantarillado y las instalaciones eléctricas fueron ubicadas de una manera que representan un serio riesgo para quienes habiten las casas. “Cuando nosotros asumimos como nuevo administración en el 2012 se suponía que habían terminado 40 casas y en un recorrido que hice encontré muchas deficiencias en el proceso constructivo y pudimos percibir que no tenían la capacidad financiera para cumplir con el proyecto y como les anunciamos que no les daríamos más anticipo sino que les pagaríamos por vivienda terminada, entonces cedieron el contrato”, indicó el secretario de Planeación de Argelia, Valle, Vladimir Ilich Tonuzco. ¿Quién debe responder?Lamentablemente, por un error involuntario o no, hay una circunstancia irregular que se repite en todos los convenios que se hicieron en el Valle del Cauca con Vivienda Digna: nadie le exigió al constructor una póliza de cumplimiento que garantizara que se realizara a cabalidad la obra y a cambio le aceptaron una fianza que no tiene validez en procesos contractuales. Fue justamente por eso que el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación congeló después los giros y es esa misma la razón por la cual hoy las viviendas que hacen falta y las que quedaron mal construidas están literalmente en el aire. Incluso, profesionales de la construcción aseguran que el modelo de vivienda que la Corporación construyó se ajusta a las necesidades de la Costa pero no a lo que habitualmente se ve en el  Valle. El alcalde de Andalucía, Gustavo Girón, y la alcaldesa de El  Águila, Nelly Argenis Grajales coincidieron en que han acudido a todas las instancias tratando de encontrar quién les venda una póliza para continuar con las obras y cerrar los proyectos, pero es imposible que alguien  asegure un proyecto ya ejecutado. “Eso es de lógica; nadie te va a amparar un siniestro. Esa gente se voló y nadie va a responder porque la póliza no es para cubrir solo las viviendas que faltan sino que debe amparar la totalidad de las casas de las que habla el convenio”, explicó el Alcalde de Andalucía. “Hemos iniciado las acciones para tratar de recuperar la plata, pero eso puede tomarse tres o cuatro años y mientras tanto estamos mirando una alternativa para cumplirles a los beneficiarios porque las necesidades de la  gente no entienden de trámites”, dijo el alcalde Gustavo Girón. Por su parte el congresista Heriberto Sanabria aseguró que “alguien muy grande debe estar detrás de esto (Vivienda Digna) a nivel nacional, pero muy irresponsables los alcaldes y el Fondo Nacional de Regalías que hayan adjudicado sin exigir los requisitos legales”. Contra los representantes de la Corporación Vivienda Digna y la aseguradora Sufianza, que expidió el documento de fianza, ya existen demandas de varios municipios del Valle. Lea aquí la segunda parte de este informe exclusivo