El contrato que tiene al Gobernador con 'guayabo tequilero'

Según la Contraloría, Ubéimar Delgado no tenía facultades para firmar un convenio que introducía  licor importado al Valle; la Gobernación dice que sí lo podía hacer. Aquí, toda la exclusiva de El País.

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El contrato 0476 del 9 de mayo del 2013, del que no quiere saber nadie en la Gobernación del Valle del Cauca, no solo compromete las finanzas del Departamento, sino que tiene en jaque el futuro político de los principales representantes del actual gobierno.

El objeto del convenio, firmado por el gobernador Ubeimar Delgado y el secretario de Hacienda, Juan Manuel Obregón, con la representante legal de la Importadora y Exportadora Sandra Jauregui, era introducir y comercializar en el Valle del Cauca, desde mayo del 2013 y hasta el 28 de febrero del 2016, dos variedades de tequila.

Confiada en el contrato que habían firmado, Sandra Jauregui trajo de México varios contenedores de Tequila Blanco y Tequila Reposado, al tiempo que tramitaba las tres pólizas exigidas para  empezar a vender y distribuir el licor, pero dos de esas pólizas no las expedía ninguna aseguradora.

Cuatro meses después, y ante sus reclamos por los daños y perjuicios que le representaba el hecho de tener el licor encerrado en una bodega,  le aceptaron presentar solo la póliza de cumplimiento. Para entonces nadie se percataba del error en que estaría incurriendo la  Administración  y empezaron a hacer un otrosí para ajustar el contrato a una única póliza.

Harold Montes, director Jurídico de la Gobernación, aseguró que a Ubéimar Delgado lo facultó para contratar la Ordenanza 301 de 2009, contentiva del Estatuto Tributario.

Pese a que el convenio contó inicialmente con el visto bueno del entonces director Jurídico del Departamento, Germán Marín Zafra, el otrosí al contrato solo alcanzó a firmarlo Juan Manuel Obregón, que para entonces se desempeñaba como jefe de Rentas del Departamento.

Pero el problema venía desde la firma del contrato original pues ni el Gobernador, ni el Secretario de Hacienda ni el Director Jurídico se percataron de que Ubeimar Delgado no tenía facultades legales para firmarlo y que todos podrían incurrir en posibles faltas de tipo penal, disciplinarias y en un probable detrimento patrimonial, como señala la Contraloría.

El País ubicó a Jorge Enrique Segura, apoderado de la contratista Sandra Jauregui, quien consideró que el Gobernador y su asesor Jurídico han cometido una falta gravísima al firmar ese contrato sin autorización de la Asamblea y empezar luego a tramitar un otrosí, como ratificando el error.

“Cuando caen en cuenta de lo que han hecho, empiezan a ‘enredar’ a la contratista, a darle excusas, a decirle que esperara que ya el contrato iba a estar, pero en últimas lo que buscaban era desgastarla anímicamente para  que terminará este gobierno y ella no ejerciera acción legal contra el actual Gobernador”, consideró el abogado.

¿Descuido imperdonable?

De acuerdo con información recopilada por El País, el presunto error en la Gobernación se desprende de la Ordenanza 348 del 2012 que autorizaba al Gobernador a celebrar contratos de introducción de licores, pero solo hasta el 31 de diciembre del 2012 y el contrato se legalizó en mayo del 2013.

Igualmente, para la firma del otrosí, después de mediados del 2014, el departamento Jurídico de la Gobernación habría tomado en cuenta la Ordenanzas 385 del 10 de diciembre del 2013, en la cual se autorizaba al Gobernador, entre otros, a “realizar la contratación necesaria para el funcionamiento efectivo y eficiente de la Administración Departamental  y el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo hasta el 31 de diciembre del 2014”.

Lo que no tuvieron en cuenta, es que el Artículo 40 de esa ordenanza, que facultaba a Delgado a hacer contratos de distinta índole, también le ponía una limitante en la que señala que: “... Exceptúense las autorizaciones concernientes a los monopolios rentísticos del Departamento”. El de licores, precisamente, uno de esos monopolios.

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Así lo reconoció el propio Marín Zafra, en respuesta a un derecho de petición de la contratista, donde señala que el Gobernador tenía prohibido firmar ese contrato y recomienda, casi dos años después, “un estudio minucioso y dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada Ordenanza (385 del 2013).

Al respecto, el actual director jurídico de la Gobernación del Valle, Harold Montes, dijo que “es un concepto que no podemos ocultar porque existe”, “pero el Gobernador no es abogado y por eso se soporta en uno como jurídico y si en ese momento el concepto  le permitió tener la certeza de que puede firmar el contrato, pues lo firma”.

“Es una contradicción del jurídico de la época en el sentido que a un hecho igual, casi igual, respuesta similar; y no que en un hecho igual, casi igual, respuesta contradictoria. Más adelante será él (Marín Zafra) quien tenga que dar las explicaciones”, dijo Montes.

Agregó que “hay mala fe de parte de la contratista en el sentido de que como no pudo cumplir con las pólizas y la ejecución,  se rebuscó por allá y viene a decir ahora que el Gobernador no tenía facultades”, cuando sí las tenía.

“No se concilió con la señora ante la Procuraduría porque hasta la fecha no se ha generado un detrimento patrimonial, como lo dijo la Contraloría”, explicó el Jurídico del Departamento.

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Aunque el contrato inicialmente tenía un valor de $19.484.550, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle admitió el 3 de septiembre pasado una demanda contra el Departamento por $2594 millones por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales de la contratista.

La Unidad Investigativa de El País intentó hablar con el entonces director Jurídico del Departamento, Germán Marín Zafra, pero la respuesta que envió telefónicamente por una tercera persona es que no estaba interesado en hablar con este diario.

En junio pasado, y atendiendo una queja de la contratista, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca realizó una visita fiscal a la Gobernación del Valle en la que obtuvo toda la información del contrato, incluido el Otrosí No. 1 que Ubeimar Delgado dejó de firmar, y en la que queda en evidencia las supuestas irregularidades y faltas cometidas.

“Conforme al Artículo 44 de las causales de nulidad absoluta,  en su numeral segundo y tercero, se infiere de acuerdo a la documentación revisada y recaudada que el contrato se celebró contra expresa prohibición constitucional o legal y se celebró con abuso o desviación de poder”, reza el documento del ente de control.

Frente a la falta de competencia que tendría el gobernador Delgado para celebrar el contrato, la Contraloría hizo un hallazgo de tipo penal por la presunta celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales porque Delgado “presuntamente se apropió de las funciones constitucionales establecidas a la Asamblea Departamental para beneficio propio y celebrar dicho contrato”.

También habría compulsado copias a la Procuraduría para que investigue una presunta falta disciplinaria de connotación gravísima por participar en etapa precontractual y contractual en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal.