El caso insólito de la mujer que dictó clase hasta 4 años después de muerta

Una sofisticada forma de desangrar el sistema pensional estaba por descubrirse el día que a la casa de Aida Polonia Bonilla llegó una tarjeta de invitación del Banco Popular para que asistiera a un ‘Súperbingo’ en Palmira en homenaje a los docentes pensionados.

No solo porque Aida Polonia había fallecido siete años atrás en un accidente de tránsito, en el municipio de Jamundí, sino porque la mujer, quien estuvo 17 años de su vida dedicada a la docencia, al momento de su muerte no alcanzaba la edad ni el tiempo para que alguien en su familia se beneficiara con la pensión post-mortem.

Sin embargo, alguien se encargó de que después de muerta siguiera dictando clase por cuatro años más, que ese tiempo sumara para alcanzar los 20 años de trabajo necesarios para obtener su pensión y que después de fallecida sostuviera una relación sentimental con el hombre que fue luego el beneficiario de su jubilación.

Lo inexplicable para muchos, es que la propia Secretaría de Educación del Valle había certificado el 8 de mayo del 2008, dos años después de su fallecimiento, que como no tenía esposo ni hijos la beneficiaria de sus cesantías definitivas y el seguro de muerte era su señora madre, Imelda Lucumí de Bonilla, quien no pudo acceder a la pensión post-mortem porque no llenaba los requisitos.

Por eso resultó tan sospechosa para la familia de Aida Polonia la invitación que recibieron en su casa del barrio Calima de Cali, para que la mujer asistiera a un evento organizado por el banco encargado del pago de la pensión de los docentes.

Si algo tienen claras las autoridades en el Valle del Cauca son las modalidades que se utilizan para defraudar el sistema pensional, tales como la suplantación de beneficiarios, falsificación de certificados y la adulteración de las historias laborales.

Sin embargo, el caso de Aida Polonia podría dejar al descubierto una sofisticada forma de fraude al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , Fomag, y que al parecer involucraría una red de abogados y empleados oficiales y exfuncionarios de la Secretaría de Educación.

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Eso explicaría, según un investigador, la facilidad con que el 26 de julio del 2010 se aprobó mediante la Resolución 1689 el pago de la pensión post-mortem de Aida Polonia a Rodrigo Camacho Soto, un hombre del municipio de Pradera dedicado a actividades del campo.

Camacho Soto, a quien la familia de Aida Polonia jamás oyó nombrar, habría aguardado pacientemente y en el 2009, cuando se suponía que si Aida Polonia estuviera viva ya tenía derecho a jubilarse, inició la batalla legal por el dinero de su jubilación, la cual le fue negada en principio, según la Resolución 2705 de la Secretaría de Educación, porque la docente no cumplió con los años de servicio.

Sin embargo Camacho Soto apeló ante la Gobernación del Valle asegurando que no pudo aportar en su momento el certificado del tiempo que Aida laboró como docente en el municipio de Dagua y que solo se lo entregaron el 10 de septiembre del 2009.

Apareció entonces el certificado “milagroso” de un colegio público del municipio de Dagua en el que asegura, con documentación oficial, que Aida Polonia, pese a estar muerta, trabajó allí como docente durante 1670 días.

Además, ante la Notaría Única de Yumbo comparecieron el 14 de enero del 2009, tres años después de fallecida, Ricardo Clavijo y Luz Dary Hurtado para asegurar que Aida Polonia sí sostenía una relación de pareja con Camacho Soto y que salieron juntos en algunas oportunidades.

El País intentó ubicar a Rodrigo Camacho en el municipio de Pradera, quien era la persona clave para que la Fiscalía lograra esclarecer lo que hubo detrás de este caso y las personas implicadas, pero vecinos del barrio Panchinita aseguraron que falleció de una penosa enfermedad a finales del 2016.

De hecho, no fue posible que los investigadores del CTI lograran hablar con él porque siempre su abogado presentó excusa médica.
“Es evidente que quienes están detrás de este hecho tenían alguna cercanía con la mujer fallecida y conocían muy bien su situación, o tenían acceso directo a la información y documentación que maneja la Secretaría de Educación Departamental”, aseguró una fuente judicial.

La historia laboral de Aida Polonia señala que su tiempo como docente suma realmente 6425 días; pero con el tiempo que laboró post-mortem en Dagua, ajustó 20 años, 3 meses.

Con ese tiempo ‘certificado’, el 26 de julio del 2010 el entonces secretario de Educación Departamental, Héctor Fabio Robles, y el director técnico de la secretaría, Carlos Humberto Arévalo, firmaron la Resolución 1689 concediendo a Rodrigo Camacho la pensión por su ‘compañera’ muerta.

Dos meses después, el 30 de septiembre del 2010, Rodrigo Camacho recibió un retroactivo de $57.264.539 y continuó recibiendo hasta el pasado mes de noviembre del 2016 el dinero de la pensión. Los pagos en principio eran de $589.883 y al final recibía alrededor de $750.000 por mes.

Mediante una comunicación dirigida a El País, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), asegura que verificada su base de datos, se evidencia que la docente Aida Polonia Bonilla “no obtuvo la pensión directamente... pero aparecía como docente activa trabajando para un colegio en Dagua hasta el 2010, año en el que se pensionó” y que cuando murió cumplía con los requisitos para la pensión de beneficiarios.

“En este orden de ideas, a la docente no se le efectuaron pagos porque nunca estuvo pensionada, el único que gozo de dicho beneficio como sustituto pensional fue el señor Rodrigo Camacho Soto, desde el mes de septiembre del 2010 hasta el mes de noviembre del 2016”, señala el comunicado.

La investigación por el caso de Aida Polonia se inició en Bogotá y desde noviembre del 2015 está en la Fiscalía 53 Seccional de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, donde siguen las investigaciones pese al fallecimiento del principal implicado: Camacho Soto.

La fiscal del caso, Ana Patricia Quintero, indicó que hasta la fecha no conoce otra situación con características similares, “pero si la Fiscalía logra ubicar conexidad de este asunto con denuncias parecidas, se presentaría ante el Comité de Priorización para que ellos definan si se maneja por parte de ese grupo especial de investigación”.

Carlos Humberto Arévalo, actual secretario de Vivienda de Buga y quien firmara junto al entonces secretario de Educación la adjudicación de la pensión, aseguró en diálogo telefónico que todos los documentos se enviaban a Bogotá a la Fiduprevisora y que eran ellos quienes negaban o aprobaban.

“La Secretaría de Educación lo único que hacía era adjuntar la información y las certificaciones y se las envía a la Fiduprevisora. Ahora, uno parte de la presunción de la buena fe porque no somos investigadores; solo se piden los documentos y se envían a Bogotá y solo con el visto bueno de la Fiduprevisora se expide la resolución de adjudicación”, aseguró Arévalo.

Reconoció, no obstante, que “en esa época el Departamento no tenía el personal suficiente para hacer las visitas domiciliarias para confirmar la información en casos como este; pero aquí se puede hacer toda la marrulla que quieran, pero si la Fiduprevisora no aprueba, no pasa nada”.

Después de la costa Atlántica y Cundinamarca, el Valle del Cauca es la región del país donde más pensiones se niegan por irregularidades o alteraciones en los certificados.

Carlos Paz, presidente en el Valle del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Sutev), aseguró que es insólito que ocurra una situación como esta e indicó que la Fiduprevisora, a través del Fomag, lo que hace es avalar esas pensiones pero con base en la información que envía la Secretaría de Educación Departamental.

“Es evidente que una o varias personas adentro de la Secretaría de Educación se prestaron para esto. Porque no es fácil para un docente lograr el reconocimiento de su pensión y en ocasiones se toman seis o siete meses el trámite. Alguien al interior de la oficina de Prestaciones Sociales debió facilitar todas esas marrullas”, indicó Paz.

En enero de este año fueron condenados cuatro exfuncionarios del antiguo Seguro Social en el Valle, un abogado y siete personas más por el otorgamiento irregular de 53 pensiones de invalidez, vejez y muerte.

A la fecha más de una decena de abogados son investigados por irregularidades con el tema pensional.

Uno de los principales problemas que ha tenido la Fiscalía para esclarecer este caso ha sido la dificultad para que la Secretaría de Educación entregue los documentos que se han solicitado.

Incluso, la Unidad Investigativa de El País supo que han debido enviar varias cartas amenazantes contra algunos funcionarios porque estarían incurriendo en supuestos delitos como ocultamiento y destrucción de información.

Entre otras cosas porque parte de la documentación con la cual se concedió la pensión post-mortem desapareció de la Secretaría de Educación del Valle.

Figuran entre esos documentos que han desaparecido, las declaraciones extrajuicio de los testigos de que Aida Polonia y Rodrigo Camacho eran pareja y tampoco existe copia de la resolución de sustitución de pensión en la historia laboral de Aida Polonia, aunque sí hay una copia del acto administrativo en la Oficina de Atención al Ciudadano que además no fue notificado.

También el Municipio de Dagua envió un oficio a la Fiscalía en el que certifica que Aida Polonia Bonilla Lucumí nunca fue docente en alguna institución de ese municipio.