El Valle atraviesa una difícil situación jurídica y financiera tras varias demandas

La Gobernación radicó proyecto en la Asamblea que le otorgará facultades para renegociar los pasivos.

La Asamblea del Valle empezará la discusión del proyecto que pretende otorgar facultades a la Gobernación para promover y celebrar un acuerdo de reestructuración de pasivos con sus diferentes acreedores, siguiendo los términos de la Ley 550 a la que se acogió el Departamento el pasado 15 de mayo.Este martes, fue radicado el proyecto, mediante el que la gobernadora (e), Adriana Carabalí, ratificó que el Valle atraviesa una difícil situación jurídica y financiera debido a las múltiples demandas, embargos, tutelas y demás procesos que cursan en los diferentes despachos judiciales con pretensiones que superan los $762.000 millones y cuyos resultados vienen afectando la programación presupuestal, y en el futuro inmediato podrían perjudicar la inversión social.Según la Mandataria, en aras de evitar una anormalidad en el funcionamiento del ente territorial se debe avanzar en el plan de reestructuración de deudas con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda. “Para ello se deben cumplir unos compromisos acorde con las facultades que otorgue la Asamblea Departamental para suscribir dichos acuerdos y realizar todos los traslados y ajustes presupuestales necesarios”, explicó.Según cifras de Hacienda del Valle, sólo este año se han presentado 484 demandas contra la Gobernación por un monto de $24.293 millones y habían hasta el 2011 2.354 procesos por un valor de $178.725 millones.Asimismo, el año pasado fueron embargados $22.751 millones de recursos del Departamento y en lo corrido del año la cifra ya iba en $4.180 millones y se presentaron otras medidas cautelares por $75.000 millones.Además de esto, el déficit fiscal que arrastra el Valle sumaba hasta el cierre del 2011 $112.000 millones. Sin contar con unos convenios de pago por $34.043 millones.Pero según el informe que presentó el contralor del Valle, Adolfo Weybar Sinisterra, las cifras son más preocupantes, pues asegura que gran parte de las pretensiones en demandas no tienen provisiones y que el déficit consolidado al cierre del año pasado era $164.451 millones.  El representante del ente de control dijo además que el Valle no viene cumpliendo con la Ley 617, superando su límite de gastos en funcionamiento. Según los análisis de la Contraloría, el indicador de gastos en el 2011 fue de 61,97%, superior al 55% permitido por la norma. La gobernadora Adriana Carabalí reconoció que en las tres últimas vigencias se incumplieron los techos de la Ley 617, lo que significa que para el año 2013 el Departamento estaría bajando nuevamente de categoría.Según Luz Dey Escobar, secretaria de Hacienda, está previsto un plan para recuperar la categoría especial que incluye la implementación de certificados de disponibilidad presupuestal para controlar el gasto, reducción de los gastos de funcionamiento de la administración y aplazamiento de otros, entre otras estrategias.