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Construcción de la vía a Buenaventura se enreda por falsos dueños de predios

Engaños, intereses políticos y hasta violencia, presentes en la negociación de tierras en la vía Buga - Buenaventura. ‘Tire y afloje’ entre Gobierno y comunidades de la zona continúa.

4 de diciembre de 2011 Por: Diana Carolina Ruiz Girón

Engaños, intereses políticos y hasta violencia, presentes en la negociación de tierras en la vía Buga - Buenaventura. ‘Tire y afloje’ entre Gobierno y comunidades de la zona continúa.

Y vino alguien a hablarle al oído. Le dijo que su restaurante, ubicado sobre la vía Buga -Buenaventura y con el que subsistió durante 20 años, costaba $60 millones. El supuesto comerciante que llegó hasta su puerta le aconsejó que se lo vendiera porque tenía que aprovechar la tentadora oferta, ya que haberse convertido en vecina de la Doble Calzada le había dado gran valor a su bien. Entonces la propietaria, una mujer con poco conocimiento de causa, accedió a firmar los papeles para concretar lo que parecía un negocio redondo. El desconocido se quedó con el predio en busca de que ahora el Invías le pague un precio más alto para venderlo de nuevo. Hoy, la mujer vive en un cambuche armado con madera vieja y tejas de zinc, cerca a la que antes era su vivienda. Se siente engañada y reconoce que ese “ladrón” como ahora lo llama, se quedó con su tierra.Durante los últimos cuatro años, a los terrenos aledaños a los 48 kilómetros del proyecto de la Doble Calzada Buga - Buenaventura le aparecieron falsos propietarios. El objetivo: lucrarse de los procesos de concertación que adelanta el Gobierno con las comunidades afrodescendientes, verdaderas dueñas de las tierras. Guerras a sangre y fuego, funcionarios públicos escondidos tras intermediarios y hasta líderes que se llaman comunitarios y que tienen intereses particulares, son las estrategias utilizadas para adquirir una tajada del lucrativo proyecto, que por culpa de estos y otros tropiezos, presenta atrasos en su cronograma.Muchos responsabilizan del caos a algunos asesores y seudo asesores de las comunidades.“Llegan con el cuento de que quieren favorecernos para que no nos roben a la hora de la concertación. Pero resulta que le quitan la tierra a la gente, haciéndoles firmar papeles, porque infortunadamente al negro sólo le importan los negocios de palabra”, explicó Evelio Carabalí, líder comunitario de Cisneros.Los que quitan la tierra van en busca de los $25.800.000 que paga el Invías por cada unidad de vivienda. Para ello convierten las casas de madera en edificaciones en ladrillo, con mejoras para que ese precio se incremente.Esto, se rumora fuertemente en la zona, lo ha puesto en práctica un supuesto paramilitar que se ubica en el sector de La Caucana. Allí habría construido en un predio cuatro casas más para que el resultado de la venta sea, en un futuro, realmente millonario. Los falsos invasores parecen reproducirse. “Hay predios que ya fueron comprados por Invías, pero a los 15 o 20 días de haberlos desalojado, nuevamente llega gente y construye para reclamar sus derechos. Eso genera un cuello de botella en la gestión predial”, explicó Lourdes Salamanca, directora del Observatorio de la Infraestructura.Sólo en el Tramo Uno del proyecto, entre Citronela y Altos de Zaragoza, ya fueron detectados 60 invasores, según fuentes cercanas al Invías.“Es que es un ‘negociazo’. Por eso aquí llegan tíos, primos, compadres de funcionarios públicos de las alcaldías y gobernaciones. Porque como saben que aquí hay plata, mandan a agarrar su parte”, dijo Evelio Carabalí.Lo hacen, según el líder afro, haciendo avalúos englobados para que a la hora de la venta puedan quedarse hasta con el 50% de lo que reciben del Gobierno. “Si quienes recibieron el servicio no pagan entonces se mueren. Así es que van desocupando los predios para quedarse con ellos. Nadie dice nada”. Esa es la denuncia de otro líder comunitario que se atrevió a hablar, pese a que ha visto las consecuencias de un régimen del terror sembrado en sectores como el de Córdoba.“Si la Alcaldía de Buenaventura ejerciera el control policivo que le corresponde no habría este problema. Pero le ha faltado diligencia a la hora de proteger los predios que compramos. Las peticiones por parte del Invías han sido muchas”, manifestó una fuente de esa entidad.¿De dónde salieron?Los 300 habitantes del sector de El Naranjo, asentados entre los sectores de Cisneros y Loboguerreo completan dos semanas de protesta por considerar que las obras de la Doble Calzada (las que se realizan en el Tramo 4 del proyecto) están vulnerando sus derechos.Pese a que Invías notificó que en la zona no existía ningún consejo comunitario afrodescendiente, los manifestantes se autorreconocen como moradores de la zona desde hace 50 años.“Nos están violentando los derechos de trabajo y vivienda. Estamos siendo discriminados. Por eso pedimos al Ministerio del Interior que nos reconozca como consejo comunitario afrodescendiente”, manifestó el vocero de ojos azules, piel blanca y claro acento paisa.Invías insiste en que esta y las tres comunidades más que surgieron en la zona fueron creadas dentro de la coyuntura del proyecto. Carlos Solarte, a cargo de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, firma responsable del tramo Mediacanoa - Loboguerrero, lugar donde no han podido ejecutarse obras en algunos tramos por la aparición de nuevas comunidades, manifestó que “en eso está metida esa ‘Rosita’ y políticos que lo único que quieren es sacarle plata a las comunidades negras. No hay derecho que a estas alturas del partido esto pase y se impida el desarrollo de la vía”.Tanto Solarte, como Invías y hasta algunos líderes afrodescendientes concluyen que la aparición de estos nuevos consejos sería idea de Rosa Emilia Solis, Alta Delegada para las Comunidades Negras ante el Gobierno Nacional, con los que, según sus detractores, estaría beneficiándose económicamente mientras “quita y pone” a lo largo de vía.“Ella viene y les dice: vea. Conforme un consejo comunitario. Yo los asesoro. Luego va a Bogotá y pide de todo para la comunidad y luego les pide comisión. Es la única que ha vivido de la Ley 70”, manifestó un líder comunitario que no quiso revelar su identidad. “Es cierto”, respondió tajante un miembro de Invías consultado por este diario. Pero Rosa Solis se defiende. Asegura que tanto los consejos de El Naranjo, Juntas, Loboguerrero y Zabaletas (los nuevos) estaban creados mucho antes de brindarle asesoría a alguno de ellos. “A nosotros los dirigentes de las comunidades negras nos satanizan, en el sentido de que no podemos cobrar por ayudarles a las comunidades en una pelea frente al Estado para que les respeten sus derechos. Ni El Naranjo, ni Zabaletas, ni Juntas, ninguno me ha dado nada porque no tienen nada”, respondió Rosa Solis a los cuestionamientos. Entre el tire y afloje de poderes, de intereses económicos, de falsos y verdaderos propietarios, lo único que se espera es que la Doble Calzada se construya completa. Y ojalá no se cumpla aquella predicción de que para eso se necesitan 20 años.

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