Cambio de Gobernador podría afectar las vigencias

La ‘caída’ de Juan Carlos Abadía sería la causa del retraso en el inicio de las obras que se pagarán con este mecanismo, aunque las licitaciones ya fueron adjudicadas y los contratos están firmados.

Aunque las licitaciones ya fueron adjudicadas y los contratos están firmados, aún existe incertidumbre con respecto a la suerte que correrán las obras que ejecutará el Departamento con los recursos de vigencias futuras.Y es que la destitución del gobernador Juan Carlos Abadía causó alarma entre los bancos que prestarán los recursos a los inversionistas privados que realizarán las obras. Por esa razón es que ninguno de los inversionistas ha hecho el cierre financiero de los contratos.Incluso, en los pasillos de la Secretaría de Hacienda del Valle se escucha que los consorcios pedirán plazo para entregar los cierres y que las obras no empezarían a hacerse en julio, tal como estaba programado, sino que se extendería el inicio hasta después de agosto, es decir, después que el nuevo gobernador sea elegido popularmente.La preocupación de los bancos radica en la eventualidad de que el mandatario regional que resulte elegido en las urnas, una vez tome posesión en su cargo demande las vigencias futuras ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.El nuevo gobernante podría tomar tal decisión habida cuenta el concepto negativo emitido por la Contraloría del Valle, entidad que asegura que las vigencias futuras no cumplen con el principio de legalidad.Según la auditoría del organismo de control, la Administración regional comprometió vigencias futuras excepcionales que la Ley 819 de 2003 no autorizó expresamente para los entes territoriales, afectando los presupuestos de once años de manera irregular (desde el 2010 hasta el 2020).“Las facultades concedidas al Gobierno Departamental para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales no tienen disposición legal que las ampare, sino que fueron otorgadas con fundamentos conceptuales, de índole subjetivo, sin atender lo señalado expresamente en la Ley 819 de 2003 y Ley 1151 de 2007, normas que no previeron vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales”, dice un aparte del documento de la auditoría.Igualmente, existe un precedente de un fallo en contra de que los entes territoriales que comprometieron recursos de otros gobiernos. Este es el caso de las vigencias futuras del Plan Departamental de Aguas aprobadas por la Asamblea del Casanare a la Gobernación, las cuales fueron declaradas ilegales por el Tribunal Contencioso Administrativo de ese departamento.Según el fallo, el cual se encuentra en revisión de segunda instancia ante el Consejo de Estado, las vigencias futuras excepcionales sólo pueden ser utilizadas por el Gobierno Nacional. Además, tal como pasa en el Valle, las obras adolecían de proyectos estructurados y diseños que evaluaran los costos exactos de los trabajos. Así que si al nuevo gobierno no le convencen las obras de las vigencias futuras, tendría que tomar el único camino que deja la ley y es demandar ante el Tribunal Contencioso Administrativo la ordenanza 280 que le dio facultades al Gobernador Abadía para comprometer los presupuestos de años futuros, según explicaron abogados especialistas en derecho administrativo consultados por El País.Adicionalmente, con los contratistas sería necesario negociar la terminación de los contratos para evitar el pago de indemnizaciones millonarias.“Es un caso parecido a lo sucedido con el contrato de Sí Cali. La única forma de demostrar ilegalidad es demandando ante la justicia”, dijo un abogado que pidió reserva de fuente. De corto alientoOtro de los argumentos que pueden ser utilizados para sustentar la demanda en el Tribunal a fin de ‘tumbar’ las vigencias se encuentra en un documento del Departamento de Planeación Nacional, que dice que las vigencias futuras excepcionales se utilizan para la realización de grandes proyectos de infraestructura u otros proyectos económicos y sociales que resultan estratégicos para el país, cuyo horizonte excede una vigencia o anualidad. “Y ese no es el caso del Valle, pues la mayoría de las obras son de corta duración, la mayoría se harán en menos de un año. Así que esa figura no era necesaria”, indica María Claudia Álvarez, directora de la Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Occidente.Adicionalmente, explica Julio César Alonso, director del Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi, Cienfi, “la mayoría de las obras no van a generar un alto impacto en la plataforma productiva de la región”.Finalmente, otro de los problemas que haría que el nuevo gobernador pida la revisión de las vigencias radica en la sobrevaloración de los ingresos del Valle, tal como fue alertado por la Contraloría regional, que certifica que la Gobernación arrastra un déficit de $54.640 millones, sin sumar los fallos de tutela de los reajustes pensionales.Todos estos ingredientes hacen que reine la incertidumbre. Y que las anunciadas obras para la región se queden sin ejecutar.