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Aplazan audiencia por posible detrimento en la Licorera del Valle

La diligencia verbal contra Juan Carlos Abadía, Héctor Fabio Useche y otros funcionarios y ex funcionarios, fue aplazada hasta nueva orden.

27 de diciembre de 2011 Por: Redacción El País, Bogotá

La diligencia verbal contra Juan Carlos Abadía, Héctor Fabio Useche y otros funcionarios y ex funcionarios, fue aplazada hasta nueva orden.

La primera diligencia verbal que iba a realizar hoy la Contraloría General por presunta responsabilidad fiscal, en contra del ex gobernador Juan Carlos Abadía, el electo mandatario departamental, Héctor Fabio Useche; el alcalde electo de Florida, Doney Ospina; ex funcionarios y empresarios por el posible detrimento patrimonial de $107 mil millones por un contrato en la Licorera del Valle, fue aplazada ayer por el organismo de control.La decisión, según la comunicó ayer la propia Contraloría, obedeció a que no todos los implicados en el proceso se notificaron, a pesar que este diario conoció que el gobernador electo del Valle, Héctor Fabio Useche. lo hizo ayer ante dicho organismo.Si bien el ente fiscal no dio a conocer la nueva fecha en la que se adelantará la audiencia verbal, ayer se dijo que la mayor parte de los implicados no se notificó para la diligencia que iba a presidir la contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Luz Ángela Martínez, por lo que la decisión fue aplazarla, pese a que en su momento se aseguró a El País que si los afectados no se presentaban se les iba a nombrar un abogado de oficio, pero que la audiencia no tendría alteración.En este orden de ideas, en su momento deberán rendir descargos, además de Abadía, Useche (representante del entonces mandatario) y Ospina (ex gerente de la licorera), el asesor del Despacho del Gobernador, Juan Pablo Muñoz; el secretario de Hacienda de la Gobernación del Valle del Cauca, Ezequiel Lenis Ramírez; el secretario de Planeación Departamental, Luis Humberto Castrillón; los representantes personales del gobernador Abadía (principales y suplentes), Raimundo Tello Benítez, Roberto Villamizar, Juan Carlos Rizzeto Luces (hoy senador), Luis Telmo Rojas y Luis Alfredo García, y la ex gerente de la Licorera del Valle, Ruth Sofía Triviño Lopera.Así mismo, Paula Andrea Martínez, quien se desempeñaba como subgerente comercial de la citada licorera y que luego fue contratada por la empresa a la que se le dio el convenio cuestionado de distribución de licores en el departamento, fue vinculada a última hora.Todas estas personas deberán responder por el presunto detrimento patrimonial calculado en poco más de $107 mil millones que se habrían derivado por la firma de un convenio en abril de 2008 entre la licorera y Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. Este proceso de responsabilidad fiscal se originó luego que la Contraloría atendiera una solicitud de control excepcional.Dentro del documento, el organismo de control encontró que dentro de los planes promocionales hubo exenciones de impuestos que podría haber afectado las finanzas públicas en una cuantía de $59.828 millones.De la misma manera, se reveló que pudo haberse presentado otra irregularidad con el tema de los descuentos que se le otorgaron a los comercializadores de la Unión Temporal.Según se advirtió, en un otrosí que se le hizo al contrato 20080035, el 23 de julio de 2010, la Licorera del Valle le otorgó un descuento adicional del 8% al distribuidor, lo que equivaldría en un presunto detrimento del orden de los $47.403 millones.

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