Alcalde de Pradera continúa en su cargo

El Mandatario de Pradera apeló el fallo en primera instancia de la Procuraduría Provincial de Cali.

Aunque la Procuraduría Provincial de Cali decidió suspender durante un año, en fallo de primera instancia, al Alcalde de Pradera por falta disciplinaria al Régimen de Incompatibilidades, ése continuará en su cargo.Así lo dio a conocer el Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio, Henry Devia Prado, quien indicó que, como se trata de un proceso de doble instancia, el Mandatario puede seguir ejerciendo sus funciones hasta que se descarte el recurso de apelación interpuesto.Explicó que la investigación disciplinaria se remonta al 2006, cuando el alcalde Guido Germán Caicedo Morales estuvo como mandatario encargado, en reemplazo de Luis Orlando Mina.“Él asumió el encargo 24 meses antes de su elección y lo que plantea la Procuraduría es que no se pueden hacer encargos dentro de los 24 meses anteriores a ser elegido como Alcalde, según la Ley 617”, sostuvo Devia.Agregó que Caicedo Morales ha preferido guardar silencio sobre la investigación, mientras se define su situación jurídica.Sin embargo, reveló que la defensa del Mandatario argumentará una exclusión de la responsabilidad disciplinaria en razón a su condición y profesión como ingeniero.“No está dentro de su capacidad profesional el entender o saber todo sobre las normas que hacen referencia al Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades”, subrayó Devia, quien agregó que corresponde a la Procuraduría Regional, como superior, resolver el recurso de apelación.La queja contra Caicedo Morales fue presentada por el veedor Ángel Vicente Ortiz, que obró en calidad de demandante en propiedad, además de Luis Paz, de la Fundación Fundapaz y el concejal Carlos Andrés Pava.Este último insistió en que Caicedo Morales incurrió en una falta gravísima y sostuvo que la sanción no debería ser de doce meses sino de diez años, como ocurrió con el ex gobernador Juan Carlos Abadía. De otro lado, el concejal Carlos Augusto Leyton Valencia indicó que la decisión de la Procuraduría es lamentable y golpea la democracia municipal.