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Envían a la cárcel a los patrulleros señalados del asesinato de Javier Ordoñez en Bogotá

Septiembre 21, 2020 - 04:58 p. m. Por:
Colprensa
Policias capturados caso Javier Ordóñez

La Fiscalía solicitará cárcel para los patrulleros de la Policía por el caso Javier Ordóñez.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Los dos patrulleros señalados del asesinato de Javier Ordoñez, el abogado que murió a causa de las graves lesiones que sufrió en medio de un procedimiento policial el pasado 9 de septiembre en Bogotá, fueron enviados a la cárcel este martes por la Jueza 29 con función de control de garantías.

En medio de la audiencia en la que se tomó la determinación, la funcionaria cuestionó las acciones de los uniformados al señalar que "el señor estaba esposado y reducido, ¿por qué lo esposan de manos y pies, unieron las esposas, y le seguían pegando? A todas luces eso se ve como trato inhumano que le causó intenso dolor".

Por lo anterior, los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, deben responder ante la justicia por su presunta responsabilidad en el homicidio y tortura del jurista. Ambos serán recluidos en la cárcel de Facatativá.

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La delegada de la rama judicial consideró que los detenidos "irrespetaron la institución" a la que están adscritos "y la hicieron quedar mal", con actuaciones que provocaron la muerte de Ordóñez.

Indicó que está demostrado que son un peligro para la comunidad y que podrían intentar la obstrucción de la justicia.

La juez también dijo que en una hora y 20 minutos, los patrulleros, en el marco del procedimiento policial, acabaran con la vida del hombre de 45 años, quien se encontraba departiendo con dos amigos en la madrugada del 9 de septiembre.

Expuso que con base en las pruebas entregadas por el fiscal 94 de derechos humanos, en la audiencia de imputación de cargos y conforme a los estudios forenses, permitieron vislumbrar "una muerte violenta”, en este proceso y se hace agravado, “porque se puso a la víctima en estado de indefensión”.

Argumentó que los golpes en el pómulo, la nariz, la mandíbula, el pecho, el hombro, la rodilla izquierda, el antebrazo izquierdo e incluso las esquirlas de un proyectil de arma de fuego, es una evidente violencia contra la humanidad de Ordóñez.

“Se puede inferir que tuvo que ser muy violento el procedimiento policial para que se produjera ruptura de arterias en su abdomen, que le causaron mucho dolor y sufrimiento”, expresó la juez, con base en uno de los testimonios que trajo a colación la Fiscalía, con el que buscaban dejar al descubierto el actuar de los uniformados.

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Javier Ordóñez

Respecto del delito de tortura, la juez dejó claro que “es evidente que hubo tratos crueles e inhumanos que, al parecer, no eran necesarios, porque ya tenían reducido al señor Javier Humberto, ya que uno lo tenía oprimida la cabeza y el cuello, sumado al taser”.

Para la juez, la actuación de los uniformados no es la que deben tener funcionarios del Estado, cuya misión es proteger a la ciudadanía. Aseguró que Juan Carlos Lloreda, quien accionó el taser contra Ordóñez, ya tenía una denuncia hecha en febrero del 2020, tras agredir a una pareja que se encontraba en un parque.

“Marco Emilio es un abogado. Él dijo que Juan Camilo Lloreda, en calidad de patrullero, lo abordó a él y la persona con la que se encontraba, los redujo y les pegó. Él alcanzó a decirle al hermano, a quien le hicieron el mismo procedimiento, excepto el taser, solo que en esa ocasión los golpes no fueron tan contundentes", expuso la juez.

Y reprochó que, si bien los abogados defensores expusieron las hojas de vida de los uniformados con un sinnúmero de felicitaciones en las mismas, es evidente que tienen capacitación sobre el uso de las armas de dotación y aún más de un procedimiento policial, sin embargo, lo que dejó de presente es que “la fuerza es necesaria cuando se requiere y de manera proporcionada, más no desbordada. Son dos policías encima de un ciudadano que no se podía mover, que estaba inmovilizado y lo trataron con el menor respeto de la dignidad humana”.

Para la delegada de la Rama Judicial, estas actuaciones denotan un grave comportamiento. “Es obligación del Estado proteger a la ciudadanía, y aquí agentes del Estado utilizaron toda su fuerza para todo lo contrario. En Colombia está prohibido la tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes”.

“Los ciudadanos creen que la Policía los cuidan y, al parecer, ese procedimiento fue totalmente adverso”, añadió la juez quien no dejó de reprocharle a los uniformados el motivo por el cual le generaron múltiples lesiones, aún cuando Ordóñez ya estaba reducido en el piso rogando por su vida.

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