Zozobra por futuro de Sala para juzgar militares en la JEP

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Zozobra por futuro de Sala para juzgar militares en la JEP

Julio 08, 2018 - 11:30 p. m. Por:
César Hernández Aldana, Colprensa
Zozobra por futuro de Sala  para juzgar militares en la JEP

En el Senado de la República después de las elecciones presidenciales, el Centro Democrático logró modificar el proyecto de ley para reglamentar la JEP e incluyó la creación de una sala especial para juzgar militares.

Archivo de El País

Aunque la Corte Constitucional avaló el Decreto 706 de 2017, en el que se estipula el tratamiento especial de militares y policías en la Justicia Especial de Paz (JEP), hay quienes se preguntan si dicha norma riñe con la sala especial para integrantes de la Fuerza Pública, una de las modificaciones que el uribismo logró introducir en la Ley de Procedimiento de este tribunal de justicia transicional, aprobada la semana pasada por el Congreso de la República.

El decreto que respaldó la Corte manifiesta que a los uniformados se les dará un tratamiento igual al de los desmovilizados de las Farc, equitativo tanto en juzgamiento como en el goce de beneficios, algo que, por ejemplo, hoy tiene en libertad a cerca de mil militares que llevaban más de cinco años pagando condenas hasta que se sometieron al tribunal especial.

Lea también: Corte revisará legalidad del tratamiento especial para fuerza pública en la JEP

Por ello, muchos se preguntan si será blindado el 75 artículo de la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP y que permite la creación de una sala especial para juzgar a integrantes de la Fuerza Pública que estén involucrados en casos de delitos cometidos en ocasión del conflicto armado.

¿Exequible o no?

Por el momento, solo del Decreto 706 está vigente, por lo que los militares siguen sometidos al tribunal de la JEP.

Sin embargo, cuando el presidente de la República firme la ley de procedimiento se esperan demandas de constitucionalidad en contra de las modificaciones que la Corte Constitucional deberá resolver.

En ello están trabajando el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y –por su lado– los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe, del Polo Democrático, además de Armando Benedetti, senador de La U, quienes esperan que la ley sea firmada para presentar las demandas.

Colprensa contactó varios especialistas del derecho entre quienes no hay consenso sobre si las modificaciones son constitucionales o no, es decir, algunos consideran que con una ley ordinaria se pretende cambiar un acto legislativo.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, afirma que el Decreto 706 tiene fuerza de ley para otorgarles los mismos beneficios a los militares que a los desmovilizados, lo que quiere decir que tendrán amnistía, indulto, tratamiento diferenciado, penas bajas, al igual que deberán colaborar con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Para Arrubla el hecho de que Ley de Procedimiento promueva una sala diferenciada para juzgar a los militares no modifica los acuerdos de paz siempre y cuando haga parte del tribunal de la JEP. “El problema no es con quién se aplica sino qué es lo que se aplica, es una sala especial pero que tiene que aplicar lo que diga el decreto 706, el contenido sigue siendo el mismo porque no varían los principios”, opina el exmagistrado.

Otra opinión tiene el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien cree que el alto tribunal al validar ese decreto reafirma las bases que sentó el acto legislativo 01 de 2017 (acuerdos de paz), donde se estipuló que los militares y policías pueden someterse a la JEP, bases que cambiaron con la adición de una sala exclusiva para integrantes de la Fuerza Pública.

“Lo que aprobó el Senado de la República no podía estar contenido en una ley de la República, menos aún en una ley de procedimiento, esa norma que se incluyó tendría que ser objeto de una reforma constitucional, se debería haber aprobado como un acto legislativo”, afirma.

Hernández también expresa reparos sobre la forma como fue aprobada dicha modificación.

En su concepto, “esa nueva sala debió ser discutida en las comisiones primeras de Senado y Cámara, así como en plenaria, hecho que no puede ser sustituido por la conciliación, que tampoco fue discutida un día después de su aprobación, como lo dice la ley”.

Diferente es el pensamiento del exmagistrado Jorge Aníbal Gómez, quien explica que hay tribunales ordinarios que se han modificado sin recurrir a actos constitucionales.

“Eso no afecta el acuerdo, que fue lo que la Corte declaró exequible, aquí no se está creando un tribunal distinto al de la JEP, se crea una sala de ese tribunal, lo que no cambia la esencia de los acuerdos. Es como lo que ocurre con la Corte Suprema; se crearon salas nuevas para desarrollar la doble instancia de los aforados, pero la Corte sigue siendo la misma”, asegura.

Para Kennet Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, en el acto legislativo 01 de 2017 no estaba prevista la creación de una sala especial de militares y policías, sino que se creara un tribunal que les brindara los mismo beneficios y garantías que a los exguerrilleros de las Farc.

“La ley de procedimiento es una norma que se creó para desarrollar los juicios que se van a hacer en el tribunal de la JEP. Esta ley es de rango inferior, una ley ordinaria como lo es el Código Civil o el Código Laboral, por lo que no pueden modificar normas constitucionales, como los actos legislativos, es decir, en la medida que se salga del marco previsto en la Constitución resulta ser contraria”, considera el investigador Burbano.

Recuerde

En julio del año pasado la Corte Penal Internacional, CPI, presentó su último reporte en el que mencionó los casos de 23 generales, entre ellos, el del general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y 6 coroneles activos y retirados que estaban en su “radar” por haber comandado unidades militares implicadas en 1228 casos de ejecuciones extrajudiciales.

Según se conoció, la Fiscalía de la CPI dividió las carpetas en cinco casos, según las regiones donde ocurrieron, y si la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz no hacen lo suficiente, esos serían los procesos que podrían llevar a altos oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas ante este tribunal internacional.

141 organizaciones de víctimas y de derechos humanos llevarán ante la CPI los casos relacionados con responsabilidad de terceros y funcionarios que no irán a la JEP.

Diez años de vida tendría la Justicia Especial de Paz (JEP) para esclarecer los hechos y responsables de los delitos cometidos en ocasión del conflicto armado en Colombia.

Un total de 2159 integrantes de la Fuerza Pública de Colombia han firmado hasta la fecha cartas de sometimiento ante la Justicia Especial de Paz.

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