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"Zonas veredales tienen entre un 30 % y 35 % de avance": Fundación Paz y Reconciliación

El organismo publicó este martes el informe 'En qué están los territorios que dejan las Farc; estado de las zonas de concentración y las agresiones a líderes sociales'.

31 de enero de 2017 Por: Elpais.com.co|Colprensa

Las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización a donde deben llegar los guerrilleros de las Farc para su transición a la vida civil están apenas entre un 30 % y 35 % de avance.

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Así lo reveló un informe de la Fundación Paz y Reconciliación presentado este martes por los investigadores León Valencia y Ariel Ávila denominado 'En qué están los territorios que dejan las Farc; estado de las zonas de concentración y las agresiones a líderes sociales'.

De 26 zonas, según el estudio, apenas tres tienen avances significativos en La Guajira y en Anorí en Antioquia, mientras que en otros lugares hace poco empezaron las adecuaciones.

De acuerdo con León Valencia, esta situación es "grave" porque el Gobierno ha tenido siete meses, desde que se aprobó en junio la concentración con las Farc, y porque se ha presentado demoras excesivas y cargas a la hora de la contratación.

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"No hay disculpa para que no estén listas las vías ni los predios. No había institucionalidad", dijo Valencia al señalar que apenas se nombró en diciembre al gerente de las zonas, Carlos Córdoba.

"Hay cierta incertidumbre que incide en deserciones y en desconfianzas de las tropas guerrilleras", agregó Valencia.

Pero, de fondo, la alerta y la advertencia que presentó la Fundación es sobre la incidencia de las demoras para cuando llegue el 'Día D+180' que será el primero de agosto, cuando los guerrilleros ya no tengan armas.

"Estamos atrasados un mes en el desarme. ¿Qué ocurrirá el día 180? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a trabajar? Si esto ha sido tan traumático, ¿qué será del día final de este proceso?", dijo Valencia.

El investigador señaló que la tarea es enorme pues los guerrilleros, sin armas, deben ser protegidos porque incluso él, 26 años después de salirse del ELN, recibe estigmatizaciones e insultos.

Se trata de brindar garantías y condiciones en la vida diaria de los guerrilleros y que no se creen dificultades que hagan creer que tenían "mejor vida" dentro de la guerrilla que desmovilizados.  

Eso incluye temas tan básicos como tener comida en buenas condiciones, la posibilidad real de hacer política y el manejo por parte del Gobierno con personas que conozcan la vida campesina, del guerrillero.

Además, dijo Valencia, la improvisación del proceso también se evidenció en el punto del acuerdo sobre de reintegración. "Se hizo a último momento y está mal hecho. No tiene un modelo claro de Reintegración.  Así nos lo reconoció Pablo Catatumbo".

Para el investigador Ariel Ávila, es "vergonzosa la improvisación en las zonas" y por eso el Gobierno debe pensar en el día  +181.

¿Qué pasa con las zonas que deja las Farc?

El informe señala que las Farc dejan 242 municipios, para agruparse en 26 veredas, quedando libre más del 90% del territorio que antes ocupaban. En ese sentido, la Fundación identificó cinco tipos de zonas “post-Farc”.

La primera es aquella en donde el ELN busca expandir su presencia como en la zona del sur Chocó, específicamente en la subregión del San Juan, así como municipios del Norte de Santander y Arauca.

El segundo sería en donde las bandas criminales han hecho homicidios selectivos, amenazas y panfletos como en Tumaco, en Nariño, en donde según Ávila se “está al borde de una guerra civil”.

“Allí una disidencia de las Farc, una estructura criminal que se autodenomina ‘Nuevo Orden’ y la llegada del ‘Clan del Golfo’, han causado el desplazamiento de varias familias”, señaló.

Aquí también estarían los municipios de Ituango y Briceño, en Antioquia, en donde organizaciones como ‘Los Pachelly’, presunta aliada de la Oficina de Envigado, tiene presencia y estaría trabajando en alianza con el ‘Clan del Golfo’. A esto se suma la presencia de un grupo que se autodenomina ‘Los Zorros’.

La tercera zona ‘post-Farc’, dice la Fundación, tiene que ver con aquellas zonas en donde hay cuatro disidencias identificadas que tienen entre 20 y 40 personas. Una de ellas la lidera alias ‘Don Y’, junto con su hermano –que no era de las Farc-, y que representa un riesgo para Tumaco.

También hay una disidencia del Frente 14 en Caquetá, al mando de alias Mojoso al mando de más o menos 30 personas. Una más, del Frente Primero en el Guaviare al mando de alias Mordisco, junto con alias Gentil Duarte. A esto se suma una disidencia que se habría dado en Antioquia que aún está en proceso de confirmación.

La cuarta zona que deja la guerrilla y que reseña el informe de Paz y Reconciliación, es aquella en donde la delincuencia común ha disparado delitos como el abigeato y el hurto, como en municipios de Caquetá y el sur del Meta, en dónde las Farc actuaban como actores hegemónicos.

Y, finalmente, el quinto tipo de territorio identificado es aquel en el que el Estado ha concentrado todo su esfuerzo, que serían el sur del Tolima y en el departamento del Huila.

No se han evidenciado cambios de brazalete

El investigador Ariel Ávila señaló que las disidencias actuales de las Farc no tienen la fuerza como para hacer alianzas criminales a nivel internacional como México o Brasil. "Aunque sí están interesados en involucrarse  en negocios y economías ilegales de narcotráfico y minería ilegal". 

Ávila agregó que un factor para que existencias disidencias es el temor por la seguridad jurídica de los guerrilleros, la seguridad física como tal, algunos argumentos ideológicos y criminales.

Igualmente, señaló que no han evidenciado o comprobado que integrantes de la guerrilla de las Farc se hayan pasado a las filas del ELN, aunque señaló que si es posible que algunos milicianos de las Farc lo hagan.

“No lo encontramos. Es muy difícil, por la historia, por la forma de operar, que miembros de las FARC terminen en el ELN. Lo que va ocurrir, es que las disidencias terminen ‘bandolerizando’ como terminó el frente del EPL en Norte de Santander, dedicado al narcotráfico.

Valencia agregó que el Estado, de manera paralela, debe dar garantías y acceso a oportunidades laborales a los jóvenes campesinos en zonas donde rigen economías ilegales como minería ilegal dado que este negocio mueve billones y los jóvenes se ven atrapados en dichas actividades.

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