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Santos explicó las razones por las que no se firmó la paz el 23 de marzo

El mandatario fue enfático en señalar que "no iba a firmar un acuerdo con las Farc que no fuera un buen acuerdo para los colombianos".

28 de marzo de 2016 Por: Redacción de El País.

El mandatario fue enfático en señalar que "no iba a firmar un acuerdo con las Farc que no fuera un buen acuerdo para los colombianos".

El presidente Juan Manuel Santos les exigió este lunes a las Farc que pongan una “fecha fija” de cierre del desarme para poder firmar el acuerdo final de paz en La Habana. “El Gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme”, dijo el Mandatario  durante una alocución desde la Casa de Nariño, en la que estuvo acompañado por el jefe de la delegación oficial en Cuba, Humberto de la Calle, y del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. “Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta”, enfatizó Santos al explicar las razones por las cuales no se selló la paz el pasado  23 de marzo, como lo  había acordado seis meses atrás en la isla con el líder guerrillero alias Timochenko. “Tal como lo dije hace unos días: por cumplir con la fecha del 23 de marzo, no iba a firmar un acuerdo con las Farc que no fuera un buen acuerdo para los colombianos”, aseveró  antes “de  explicar –claramente– cuáles fueron las razones por las cuales el Gobierno no firmó”. Entonces se refirió a la exigencia para la organización subversiva de hacer política sin armas: “El Gobierno exige que las Farc tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad para poder hacer política y circular por el territorio nacional”. Y el Jefe de Estado también reiteró que “como lo he dicho desde el primer día, el vínculo entre política y armas debe acabarse para siempre en Colombia”. Y el último punto al que aludió Santos como necesario para avanzar hacia un acuerdo final  en La Habana tiene que ver con las zonas de concentración en las que se ubicarían los guerrilleros desmovilizados. “El Gobierno no puede permitir que ningún colombiano -en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas- quede desprotegido, como ocurrió en el Caguán”, enfatizó aludiendo a lo ocurrido durante los diálogos del Caguán (1998-2002), cuando las partes acordaron una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza. En su breve intervención, el Mandatario agregó que “los colombianos no aceptan, ni su Gobierno tampoco, un acuerdo que signifique lo contrario”. De acuerdo con Santos, “si queremos llegar a esa paz estable y duradera que hemos buscado durante tanto tiempo –y estamos cerca–, debemos seguir con el pulso firme, el rumbo fijo y obrando con total responsabilidad”. Pero confió en que “insistiendo, perseverando, vamos a encontrar soluciones razonables a estos problemas, soluciones que les convengan a todos los colombianos”. ReaccionesPara  Eduardo Álvarez Vanegas, coordinador del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz, la declaración del Presidente deja en claro que lo sucedido en Conejo -donde la guerrilla  realizó una  jornada pedagógica con presencia de armas y población civil- “demostró que sacar  el proceso de Cuba y ponerlo en práctica en Colombia va a ser muy difícil”. “Pero lo que está de fondo es que definitivamente las Farc tienen mucho temor a dejar las armas del todo y empezar a hacer política, por las condiciones del territorio donde ellos harían política y por las garantías de seguridad no solo de ellos sino de sus familias y las comunidades como tal, en un eventual escenario de reacomodamiento de grupos armados o contratación de seguridad privada para quienes puedan amenazar las estructuras locales de poder”, explicó. Por su parte, el senador por el Centro Democrático Alfredo Rangel destacó como un “avance, aunque tardío” que el Presidente haya hablado en su discurso de desarme y no de dejación de armas, “lo cual genera una ambieguedad enorme”. Frente a las zonas de concentración,  sostuvo que lo importante es que el Gobierno cumpla lo dispuesto en la Ley de Orden Público y las recomendaciones hechas por su partido “para que no queden ubicadas en áreas cercanas a cultivos ilícitos o de minería ilegal,  y que sean pocas zonas  y no muy extensas”. Sobre las fechas para el desarme, Álvarez Vanegas señaló que desde hace meses ya se veían serios desacuerdos con respecto a ese proceso “que normalmente es visto como algo muy técnico y operativo, y resulta que es muy sensible y ahí se han caído procesos o se han estancado, como parece ser el caso de Colombia”. También explicó que mientras la guerrilla apunta más a un proceso similar al de Irlanda del Norte -que duró siete años-, el Gobierno ha dicho que tiene que ser un proceso “secuencial, expedito y que si bien no va ser público, para que no se vea como una rendición, sí tiene que tener mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad muy serios”. De otro lado, el procurador General, Alejandro Ordóñez, le pedirá  al Gobierno que no se establezcan zonas de concentración de la guerrilla ni zonas de  reserva campesina o de interés de desarrollo rural, económico y social (zidres) en  los territorios históricos de  la comunidad indígena Nabusímake, luego de que esta pidiera su intermediación al respecto. 

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