¿Qué hay tras el 'tira y afloje' por juzgamiento de militares en la JEP?

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¿Qué hay tras el 'tira y afloje' por juzgamiento de militares en la JEP?

Julio 01, 2018 - 07:50 a. m. Por:
Jessica Villamil - Periodista de El País
JEP Militares en Colombia

Según reportes de la Justicia Especial de Paz, 2588 casos le han sido presentados por el Ministerio de Defensa para ser estudiados. Ellos vinculan a 2159 personas. La mayoría (2108) corresponden a integrantes del Ejército Nacional; los otros 34, a la Policía, y 16 a la Armada Nacional.

Foto: Archivo de El País

El tire y afloje en el Congreso de la República para darle vida a la reglamentación de la Justicia Especial de Paz (JEP) tuvo una sola razón. Así se evidenció tras la aprobación del texto conciliatorio entre Senado y Cámara de Representantes y que comprende 76 artículos.

Dos de ellos fueron la manzana de la discordia: el 54 —que fija la competencia de la JEP en solicitudes de extradición— y el 75, que permite la creación de una nueva sala donde se juzgará a policías y militares vinculados a casos de delitos cometidos durante el conflicto armado.

Pero, sin duda, lo que más controversia ha generado es la adopción de ese artículo del proyecto de Ley “por medio del cual se adoptan reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz”:

Los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista. Sin embargo, el compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe y en ese caso se utilizarán los procedimientos aprobados por esta ley.

Mientras mantengan los compromisos de sometimiento a la JEP, podrán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigencia de esta ley y podrán igualmente solicitarlos y les serán concedidos de acuerdo con los requisitos vigentes.

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República tendrán dieciocho meses para presentar y aprobar dicho procedimiento.

Básicamente, este artículo anuncia el trámite para que se cree una nueva sala en el Tribunal de Paz. Pero, ¿para qué si ya 2159 integrantes de la Fuerza Pública firmaron una carta de sometimiento a la Justicia Especial aprobada desde 2016 e incluso han recibido beneficios? La razón es clara, dicen expertos de todos los sectores políticos: “La nueva sala tendrá magistrados escogidos bajo los parámetros militares”.

Juan Carlos Henao, rector de la Universidad de Externado y uno de los constructores de la columna vertebral de la JEP, sostiene a manera de sátira que en el Centro Democrático (bancada responsable de la creación del nuevo artículo) dicen que “los magistrados de la JEP son un mundo de izquierdistas que le van a dar duro a los militares; ese es el tipo de rumores que valdría la pena que la opinión pública analice”, por lo que considera que es necesario que se espere a la aplicación de la ley para hablar sobre hechos probados.

Pero para el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore), el tema es muy serio. Explica que la nueva sala va a funcionar “exactamente” como lo ha hecho hasta ahora el Tribunal de Paz. A renglón seguido precisa que “la única diferencia es que los magistrados que la van a componer no serán escogidos como los otros, que son extranjeros con vínculos con organizaciones terroristas en su respectivo país, que su posición antimilitarista no ha generado confianza y los hechos lo demostraron”.

A su juicio, de los 34 juristas elegidos, el 50 % tiene conflicto de intereses o porque forman parte de colectivos de abogados que “atacaron constantemente dentro de la guerra jurídica a miembros del Estado” o porque eran funcionarios de la rama judicial que manejó procesos penales en contra de la Fuerza Pública. “Ese impedimento quedó definido por el Congreso, pero se hizo caso omiso”.

En efecto, Carlos Abraham Jiménez, representante a la Cámara por el Valle y uno de los ponentes de la iniciativa, confirma que la única diferencia entre la sala actual de juzgamiento y la que se creará, es que hay magistrados que no entienden lo que sucede en el campo de batalla: “No es el funcionamiento de la JEP, sino quiénes componen ese tribunal y su sesgo ideológico”.

Además, coincide con el general Ruiz en que el presidente Juan Manuel Santos posesionó magistrados en contravía de lo que había definido el Congreso al pedir que no fueran seleccionados, por ejemplo, quienes hubieran participado en demandas contra el Estado. Por eso advierte que “estas han sido reacciones de lo hecho por el Gobierno en contra de lo que definió el Congreso”.

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Ahora bien, el quid del asunto es: ¿qué va a pasar con los integrantes de la Fuerza Pública mientras se estudia, se aprueba y se reglamenta la creación de la nueva sala? Ni siquiera entre quienes están a favor de esa iniciativa lo tienen claro.

El general Ruiz asegura que los más de dos mil hombres que ya se sometieron a la JEP siguen su proceso igual. “Allí no hay modificación alguna y eso es una realidad. Los que no están porque no han sido notificados de que hay investigación, tendrán que esperar a lo que dispone la nueva sala”.

Mientras, José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, dice que lo que hay hasta ahora es una “idea” de lo que será la nueva sala, pero que el proyecto de reforma será presentado el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso de la República.

Sostiene que los militares y policías que ya firmaron su participación en la JEP y quienes no lo hacen aún tendrán discrecionalidad de decidir si continúan sus procesos en el actual sistema judicial o esperan a que se conforme la nueva sala.

Pero el ponente del proyecto, el congresista Jiménez, aclara que de ninguna manera eso puede pasar: “No puede ser que los investigados escojan sus jueces, además, no tendría sentido la creación de la nueva sala”.

Rodrigo Uprimny, experto constitucionalista e investigador de De Justicia, considera que la situación de policías y militares que ya habían decidido acudir la Justicia Especial, es compleja.

Diez años de vida tendría la Justicia Especial de Paz (JEP) para esclarecer los hechos y responsables de los delitos cometidos en ocasión del conflicto armado en Colombia.

“La reforma aprobada que es un poco confusa, si uno trata de analizarla, lo que dice es que ellos mantendrán sus beneficios de libertad provisional mientras sigan cumpliendo las condiciones acordadas, pero ¿cómo lo hacen si no hay vigilancia efectiva de la JEP? para ello tendrían que aceptar su competencia. Así, la reforma que buscan hacer pierde sentido”, explica el jurista.

A ello agrega que el hecho de crear una sala especial lo que hace es destruir la lógica de funcionamiento de la JEP, por lo cual, en su opinión, es una reforma inconstitucional e inconveniente, que le abre la puerta a la Corte Penal Internacional (CPI), ya que se preguntará el por qué del trato distinto entre militares y policías al de exguerrilleros.

Pero el senador Gaviria insiste en que se trata de una sala que “por lo menos tenga los mismos conocimientos de la Justicia Penal Militar, con el acervo y la sabiduría de quien conoce la operación militar y no con el prejuicio de quien odia a los militares porque confrontaron a sus amigos políticos de las Farc, que es el caso de la actual JEP”.

El congresista vallecaucano Carlos Abraham Jiménez cree que no tiene por qué haber intervención de la justicia internacional porque la creación de la sala tiene un trámite legal que dura cerca de dos años, además, “la JEP va a funcionar y los militares se pueden ir acogiendo a esa justicia mientras se crea la sala. Que venga la CPI es un temor que le están infundiendo a la tropa”.

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Los casos sonados

Un total de 2159 integrantes de la Fuerza Pública colombiana han firmado hasta la fecha cartas que certifican su sometimiento a la Justicia Especial de Paz (JEP), creada para investigar y juzgar casos de delitos cometidos en ocasión del conflicto armado.

De ellos, son varios militares y policías que han logrado su libertad después de estar condenados y encarcelados por decisiones judiciales anteriores.

Incluso, el pasado 1 de mayo, cinco integrantes de las Fuerzas Militares quedaron en libertad, tras permanecer más de cinco años en diferentes cárceles.

1. Sargento viceprimero Gustavo Montaña: exmiembro del Gaula del Ejército en el Casanare, vinculado en 2009 al asesinato de dos jóvenes reportados dentro de los ‘falsos positivos’.

Se trató de los hermanos Luis Guillermo Robayo Mora y Rubén Darío Avendaño Mora, señalados como supuestos extorsionistas. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación estableció que las víctimas no eran delincuentes y que pertenecían a una familia de agricultores.

2. Soldados Jorge Enrique Dorado Triviño, José Rafael Campo, William Enrique Tejada Ferrer y Daimer Centeno Cárdenas: hicieron parte del Batallón La Popa, de Valledupar. También se les relacionó con ejecuciones extrajudiciales.

El hecho ocurrió el 21 de octubre de 2003 en el municipio de Codazzi (Cesar). Llegaron hasta la vivienda de Wilfredo Chatiris Quiroz, lo sacaron a la fuerza y, posteriormente, el hombre apareció como subversivo muerto en combate.

3. General Jaime Humberto Uscátegui: condenado a 37 años de cárcel por participar en la masacre de Mapiripán (Meta) ocurrida en 1997 y que cobró la vida de 49 personas. Carlos Castaño, dirigente de las Autodefensas, también fue condenado ausente por este hecho.

4. General Jesús Armando Cabrales: condenado a 35 años de prisión por su participación en la desaparición de cinco personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia; hecho iniciado por la extinta guerrilla del M-19 en 1985.

En los casos de los generales Cabrales y Uscátegui, ellos expusieron sus razones para participar en la JEP y “demostrar su inocencia o, en caso contrario, conseguir una rebaja de pena contando toda la verdad”.

5. Coronel del Ejército Gabriel de Jesús Rincón Amado: jefe de operaciones de la Brigada XV del Batallón de Ocaña, condenado a 46 años de cárcel por los falsos positivos.

Según la sentencia ya emitida, él y 20 militares más: “reclutaron a los jóvenes de manera engañosa, los entregaron a un falso retén militar y luego fueron trasladados hacia una vereda donde fueron ultimados por los uniformados quienes además les colocaron armas en sus manos para aludir un enfrentamiento que nunca existió”.

Tenga en cuenta

Al menos 141 organizaciones de víctimas y de derechos humanos llevarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) los casos relacionados con la responsabilidad de terceros y funcionarios que no entrarán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según lo aprobado en el Congreso.

Este sábado una delegación visitó a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en La Haya (Países Bajos), para llevarle pruebas de distintos casos.

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