Puja por aprobación de la JEP continúa: Cámara dice sí, y Senado sigue aplazando

Un nuevo round en la puja por lograr aprobar la ley que reglamenta la Justicia Especial de Paz se está dando este miércoles en el Congreso de la República, en donde la puja entre los gobiernos actual (Juan Manuel Santos) y entrante (Iván Duque), pretenden mostrar que tienen las mayorías.

La Cámara de Representantes aprobó esta tarde el articulado de dicha ley, la cual estaba en el orden del día como primer punto. Esto después de que se negara la solicitud del Centro Democrático de aplazar la votación hasta el próximo Congreso.

Luego, con la invitación del ministro del Interior, Guillermo Rivera, las mayorías actuales del Gobierno se impusieron para aprobar el articulado, el cual pasó prácticamente en todo su texto.

Mientras tanto, en el Senado de la República, el tema se volvió a poner en la discusión y se centró nuevamente en que ya había sido aplazada en dos sesiones seguidas.

En medio de esa puja, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que se debe crear una subcomisión que lleve a la plenaria unas propuestas que hagan posible aprobar el proyecto.

Informó además que el tema está incluido en las sesiones extras que fueron convocadas por el Gobierno Nacional.

En la mañana, desde Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a los congresistas que no actúen con intereses políticos cuando se esté votando las normas legislativas referentes a la paz.

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En la plenaria del Senado el ambiente se volvió a caldear cuando el senador Ernesto Macías dijo que su partido, el Centro Democrático, está dispuesto a votar la norma, pero no de la forma atropellada con la que, según él, está actuando el ministro Rivera y senadores como Roy Barreras.

Sin embargo, su compañera de bancada, Paloma Valencia, al intervenir, aseguró que el uribismo no está dispuesto a aprobar ese proyecto mientras no se cumplan varias condiciones. Entre ellas que se saque a las fuerzas militares de la JEP, que los miembros de las Farc no lleguen a cargos de elección popular sin haber pasado por la justicia, y que la Corte Constitucional decida la legalidad de la ley estatutaria de la JEP.