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El ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, aseguró el viernes que antes del 1 de agosto estará resuelta la situación de todos los presos de las Farc. | Foto: Especial para El País

FARC

¿Por qué están frenados los indultos y la amnistía a los hombres de las Farc?

Gobierno y Farc se culpan de los percances para aplicar la ley aprobada hace seis meses, mientras los presos siguen en huelga de hambre.

9 de julio de 2017 Por: Jessica Villamil Muñoz - Reportera de El País

Gracias al Congreso que, con votación histórica, aprobó Ley de Amnistía, primer paso para la consolidación de la paz”. La frase la escribió en Twitter el presidente Juan Manuel Santos el 28 de diciembre de 2016 luego de que la plenaria del Senado incorporara por primera vez a la legislación colombiana uno de los puntos del acuerdo de paz.

Pero ya han pasado 193 días desde entonces y solo el 30 % de los 3400 guerrilleros de las Farc que estaban en diferentes cárceles del país han recibido el beneficio de la amnistía.
Por lo que Jesús Santrich, miembro del Secretariado de las Farc y uno de los negociadores de la paz en Cuba, sostiene que “no hay excusa” para argumentar los retrasos de la implementación porque “el acuerdo de paz más detallado que hay en el mundo en amnistía es el de La Habana”.

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Para alzar su voz de protesta decidió hacer parte de la huelga de hambre que iniciaron desde el pasado 26 de junio 1787 hombres y mujeres de las Farc en 28 cárceles colombianas. Un día después se hizo el acto oficial en Mesetas (Meta) en el que se dio por terminada la fase de dejación de armas de los guerrilleros y que fue constatada por Naciones Unidas.

Amnistía: se le otorga a quienes están sindicados. Mientras que el indulto se concede a quienes están condenados y se les conmuta la pena.

‘Mauricio Jaramillo’, integrante del Secretariado de las Farc, dice que para ellos “la palabra empeñada es definitiva y ese día el Presidente dijo: ‘voy a cumplir hasta la última coma’, pero estoy esperando a que eso pase”.

Asegura que no entiende por qué todavía hay tantos puntos en los que el Gobierno no ha cumplido y precisa que hasta ahora 176 personas han recibido el indulto, 321 están bajo libertad condicionada y 286 llegaron a la zona veredal transitoria de Mesetas mientras esperan que su proceso pase por la Justicia Transicional.

Lo que sí entiende es que en Colombia hay una separación de poderes, pero sostiene que por encima de eso hay un acuerdo de paz que es supremo y que el Estado debe cumplir.

Y eso es lo que está haciendo el Gobierno “todo el tiempo” responde Sergio Jaramillo, alto Comisionado de Paz. Incluso, revela que hace unas semanas se hizo una reunión con el Ministerio de Justicia, con el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para “impulsar la cosa”.

Sin embargo —agrega el Comisionado— el de la amnistía e indultos para las Farc no es el único problema de los jueces. También llegan solicitudes de gente que está acusada de pertenecer a esa guerrilla y aseguran que es falso.

Para él, la “traba” en este proceso es la “velocidad” con la que actúa la justicia colombiana y que los abogados de las Farc no hayan presentado las solicitudes de amnistía ante los jueces: “Nosotros demostramos que de 2400 casos que nos faltaban por procesar era porque los abogados no habían presentado solicitudes, cosa que les molestó. Esa era la verdad hace dos semanas, creo que a hoy (jueves) la situación ha cambiado”.

Pero alias Santiago (cabecilla del frente urbano Manuel Cepeda Vargas que planeó el secuestro de los doce exdiputados del Valle del Cauca) y que está recluido en la cárcel de Chiquinquirá, sostiene que no es tan cierto lo que afirma el Comisionado de Paz.

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Explica que hay cuatro pasos previos que se deben suplir antes de hacer la solicitud de amnistía y que uno de ellos es recibir un documento de la Oficina del Alto Comisionado de Paz que certifique que la persona pertenece a las Farc y que esa es una de las demoras.
Pero el Comisionado insiste en que el 95 % del listado que entregó el Secretariado de las Farc ya está acreditado con su firma y el resto de los nombres, están en revisión.

“Según el acuerdo de tránsito a la legalidad, el Gobierno recibe el listado y lo pasa a un comité interinstitucional creado por Decreto Presidencial donde están todas las áreas de inteligencia, la Fiscalía General y la Dijín”, precisa.

Es que —cuenta— tienen el antecedente de alguien que trató de “meternos un gol” diciendo que era de las Farc, cuando en realidad era de la organización de alias Don Diego. “Yo no puedo permitir que en este proceso se vayan a colar narcos”, sentencia.

Entre tanto, Wilson Ruiz, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, dice que los jueces están desempeñando su función de resolver los asuntos que les compete conforme a la Constitución y la Ley.

“La justicia no puede ser convidada de piedra, los jueces no cumplen funciones de notarios; luego no puede calificarse como una burla el hecho de que los funcionarios judiciales estén desempeñando su trabajo con la autonomía propia de su cargo. Según manifestaron los jueces, no hay claridad frente a todo el marco de aplicación de la norma, teniendo en cuenta que la Jurisdicción Especial para la Paz y los órganos encargados de aplicarla en su totalidad, aún no está funcionando”.

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Además explica que todos los asuntos son diferentes y en derecho —aunque un proceso tenga características similares por los hechos, mismos delitos y demás— no pueden ser calificados de manera igual porque siempre existen particularidades que los hacen únicos.

Pero Jairo Estrada, vocero en el Senado de las Farc a través de Voces de Paz y Reconciliación, sostiene que hay problemas en los trámites estrictamente administrativos, por lo que considera que, en algunos casos, todavía no se comprende la dimensión del acuerdo de paz; en otros, se mantiene una mentalidad propia del derecho penal del enemigo: “La justicia ha estado pensada para castigar y encarcelar; no para proveer la libertad de hombres y mujeres en rebeldía”.

¿No hay riesgo?

La lentitud en la aplicación de indultos y amnistías para los hombres y mujeres de las Farc presos no pone en riesgo la participación en política de los exguerrilleros. En eso coinciden varias fuentes consultadas que precisan que esta situación no tiene relevancia desde el punto de vista electoral.

Henry Acosta, asesor jurídico de las Farc durante los diálogos de paz, dice que quienes quieran participar en política pueden hacerlo, así estén judicializados: “Uno no deja de ser ciudadano porque lo estén acusando en una Fiscalía. Lo importante es que no esté condenado, porque ahí sí pierde todos los derechos”.

En el mismo sentido se pronuncia Héctor Riveros, exviceministro del Interior y analista político, quien sostiene que esta situación “no es relevante” desde el punto de vista proselitista y agrega que lograr la libertad para más de dos mil guerrilleros no es un proceso fácil por muchas situaciones, pero adicional a eso, está que los jueces están siendo rigurosos en el cumplimiento de las condiciones.

“Sería peor noticia que los jueces estuvieran entregando beneficios sin que las personas cumplieran las condiciones. Me parece que no hay que encender alarmas, sí hay que estar atentos y reconocer que el poder judicial podría ir más rápido, pero al final de julio ya este problema estará solucionado”, advierte Riveros.

Pero alias Santiago sí tiene afán. Relata que lleva muchos años preparándose para incursionar en la política del Valle del Cauca, si la organización se lo permite, y desde marzo todos los documentos están completos, pero el proceso “está quieto en el despacho judicial. Los jueces tienen una visión del proceso de paz desde la justicia ordinaria”.
Considera paradójico que “nosotros que estuvimos tantos años en la ilegalidad, ahora lo único que queramos es que nos apliquen la ley”.

Los presos

Hasta el pasado jueves, el reporte que tenían las Farc de presos en desobediencia civil era de 1787. De ellos, 50 son mujeres y 1518 hombres están en huelga de hambre. Trece tienen la boca cocida.

Régimen de libertades

El comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, dice que son varios pasos los que debe dar cada uno de los guerrilleros que solicite el indulto o la amnistía:

Las Farc debe entregar un listado con cada uno de los nombres y identidades de quienes hicieron o hacen parte de la organización.

El Gobierno revisa a través de una comisión si hay solicitudes judiciales a estas personas. Deben firmar un certificado en el que indican que no volverán a levantar las armas contra el Estado y se compromete a cumplir los acuerdos de paz. Con esos requisitos cumplidos, el abogado debe dirigirse a un juzgado para tramitar la amnistía o indulto.

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