Para los que digan la verdad no habrá cárcel: exmagistrado Juan Carlos Henao

El exmagistrado y asesor del Gobierno en justicia en La Habana, Juan Carlos Henao, explica los alcances del acuerdo con las Farc.

El expresidente de la Corte Constitucional y actual rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, quien participó en la construcción del acuerdo ‘Sistema Jurisdiccional para la Paz’ que se  logró entre el Gobierno y las Farc  y que se divulgó el miércoles en La Habana, es tajante al asegurar que el mismo no genera impunidad. Lea también: Procurador pidió publicar texto del acuerdo sobre Justicia Transicional. El exmagistrado vallecaucano es enfático al afirmar que dentro de lo pacto se contempla “que no  habrá cárcel para las personas que dicen la verdad”, pero “para  los que no la dicen sí  habrá”.  Henao, quien confesó que la construcción del acuerdo fue difícil, especialmente en el punto   para que  las Farc  aceptarán someterse a un sistema de jurisdicción del Estado colombiano, está convencido de  que nunca  el país había estado tan cercano a la paz como en este momento. ¿Cómo fue el proceso para construir este acuerdo? Se construyó gracias al trabajo de la mesa de diálogo. El  Gobierno y la guerrilla tuvieron la idea de crear una comisión jurídica, que fue integrada por tres representantes de las Farc y tres del Gobierno, uno de ellos era yo. Este acuerdo se construyó dialogando, negociando, concertando, siendo creativos, porque estábamos en un campo  en el cual realmente no hay mucha experiencia a nivel mundial.  ¿Cuál fue la mayor dificultad de este proceso para finalmente llegar a este sistema de justicia especial? Hubo varios puntos. Pero uno de ellos fue que las Farc aceptarán someterse a un sistema de jurisdicción del Estado colombiano, porque usted sabe que las Farc siempre han desconocido al Estado, porque ellas dicen que  tienen su propia juridicidad, y por tanto someterse a una jurisdicción para la paz, que  era compuesta por jueces colombianos,  era un primer punto difícil.  Pero también hubo otros puntos más precisos, como por ejemplo, las sanciones, ellos al principio no querían para nada que hubiera ningún tipo de sanción restrictiva de la libertad, si no exclusivamente sanciones restauradoras. Nosotros, a través del diálogo  les hicimos  entender que la opinión colombiana no iba a estar dispuesta a aceptar que no tuvieran algún tipo de sanción restrictiva de la libertad. Ese fue el punto, quizás, más difícil, pero  que ellos  terminaron aceptando. ¿La presencia del abogado español que asesoró a  las Farc, que tiene posiciones duras sobre el tema de justicia,  ayudó a agilizar ese entendimiento o  lo dificultó? Fue fundamental. Es un gran abogado, conocedor del derecho internacional,  de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Una persona que representaba correctamente y como lo debía hacer a las Farc, a pesar que más de una ocasión tuvimos discusiones de fondo y profundas, pero creo que era la función de cada una de las partes.  El acuerdo plantea la creación de un tribunal  para juzgar y sancionar a los actores del conflicto, pero hay muchas inquietudes sobre su conformación, funcionamiento, número de integrantes… El tribunal va estar compuesto por 20 magistrados, tendrá como máximo un 20 %  o  25% de magistrados extranjeros,  pero previamente acordados por las partes y va a tener varias secciones.   Ese tribunal va producir sentencias, impondrá sanciones,  va hacer juicios contradictorios. Entonces es un tribunal especial, de justicia transicional, pero que tiene todas las características de un tribunal judicial. Por eso lo acordado se  llama Sistema Jurisdiccional para la Paz, porque hay magistrados, hay sentencias, hay sanciones, revisiones, participación de las víctimas, hay cotejo de la información.  ¿Con qué criterio se van a  escoger los integrantes de ese tribunal? Eso se definió en el documento. Van a ser juristas de altas calidades técnicas y jurídicas,  a los que se les van a aplicar  los mismos requisitos que se requieren para ser alto magistrado de la  Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia.  El tribunal   creará su propio reglamento para respetar precisamente la independencia y la autonomía judicial, como ocurre en todos los campos de la justicia colombiana.  ¿Para incluir juristas extranjeros se tendrá que modificar la Constitución? Sí, habría que hacerle una pequeña   reforma a la Constitución.  Desde diferentes sectores se escuchan críticas sobre  este sistema de justicia especial y una de ellas es que va a generar impunidad...  Yo le puedo decir,  con certeza,  aquí no habrá impunidad, aquí se respetan los estándares internacionales que hay en materia de conflicto armado y de justicia transicional.  Este sistema está ideado para que empiece a funcionar el 23 de marzo del 2016,  que es cuando, por tarde, se firmarán los acuerdos finales. Siempre supimos que este tribunal iba a tener críticas, pero lo claro es que no habrá impunidad porque   todos los que delinquieron van a ser sancionados.   A diferencia de lo que ocurrió en Sudáfrica, Mandela y toda su gente,  que es un icono de todas las negociaciones de paz, jamás tuvieron una sanción por nada,  aquí quedaron sanciones para todos los crímenes de lesa humanidad, para tortura, para desaparición forzada, para violencia sexual,  todo ese tipo de crímenes serán castigables, hayan sido cometidos por la guerrilla o por un soldado. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que este sistema jurisdiccional opera  tanto para guerrilla como para cualquier miembro de las Fuerzas Militares.  ¿Sí hay pleno equilibrio para los militares en el acuerdo?, pues la crítica, especialmente del expresidente  Uribe, es que   los soldados y policías quedan en  riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron… Hay equilibrio,  pero no hay igualdad. Es un horror lo que han dicho, que el tratamiento va a ser igual, no. En el acuerdo que se hizo, precisamente se habla de que habrá un tratamiento equilibrado,  pero diferente con los militares. Es decir los militares van a decidir lo que tengan a bien con respecto al sistema jurisdiccional que se ha creado . Pero ya hay críticas de militares retirados sobre este sistema de justicia… Lo importante es que el presidente Santos y los cuatros mandos de las Fuerzas Militares están de acuerdo con el sistema que creamos.  ¿Actores del conflicto que fueron condenados pueden acudir a ese tribunal?      Sí, los condenados pueden acudir a este tribunal. El eje central de todo el sistema es la verdad. El sistema se divide en dos. Todos tienen que llegar al sistema jurisdiccional y hay  una sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad.  Si  ahí  llega cualquier guerrillero o cualquier militar  a decir ‘yo participé en estas cosas, pido perdón por tales conductas que cometí, yo considero que fue un error’, y  si esa persona da la información correcta, inmediatamente pasa a la sala de sentencia de tribunal, en donde se le impone mínimo 5 años restricción efectiva de la libertad y máximo 8 años, además de sanciones restauradoras. Este primer grupo, el que dice la verdad,  va a tener sanciones entre 5 y 8 años, restricción de libertad y va a tener sanciones restauradoras. Por ejemplo reconstruir la iglesia de Bojayá, hacer algunas obras en algunos sitios. ¿Y cómo se va a establecer el tribunal que una persona está diciendo la verdad? Ese es un punto que quedó claro.  Se va a cotejar la información que dé la persona con todos los informes que van a llegar de la Fiscalía, que va a nutrir como de 25.000 informes a esté tribunal, va a cotejarse con toda la información de las asociaciones de víctimas, con las ONG. ¿Y una víctima puede ir a exigir que le digan la verdad? Cualquier víctima puede participar y  decir: ‘Yo quiero que me digan la verdad’. Si alguien no  está diciendo la verdad, el tribunal va a tener como a cotejar la información.  Y si la persona no dice la verdad ahí si va a un juicio regular y puede llevarla hasta tener 20 años de prisión.  ¿Hay garantías plenas de que habrá verdad para las víctimas? Completamente, porque el eje central del sistema es en favor de la verdad a las víctimas. Otra duda  la ha generado la frase “restricción efectiva de la libertad” que se contempla dentro de las sanciones que impondrá el tribunal. ¿En concreto, cómo puede explicar eso el ciudadano de a pie? Aquí no habrá cárcel.  No habrá cárcel para las personas que dicen la verdad.  Para los que no la dicen sí  habrá cárcel. Para los que dicen la verdad habrá mínimo 5 años de restricción efectiva de la libertad. Eso supone que ellos estarán en un sitio que  aún está por determinarse,  pero que tiene que ser preestablecido por el tribunal, que dirá en qué lugar se quedará durante ese tiempo.   Además  habrá un régimen que será controlado por organismos nacionales o internacionales, precisamente para que se respeten las sanciones restrictivas de la libertad,  las  de tipo restaurativo y   reparador.  ¿Cuando habla de algún lugar se refiere  a un corregimiento, una vereda,  un municipio o  puede ser un edificio, casa,  granja donde estará el condenado?  Eso no está  determinado. Ese es el punto que falta por pulir en la mesa de diálogo. Estamos diciendo un lugar, pero en efecto puede ser una vereda, por decirle, podrá ser una casa. No se trata de colonias agrícolas ni de prisión. El concepto de prisión no existe para el grupo que diga la verdad.     ¿Cómo blindar la conformación del tribuna  de un manejo político? Eso también se tiene que definir por las partes y se hablará en la mesa de diálogos en La Habana. Lo básico es que se  trata de un tribunal que satisfaga la justicia para la sociedad colombiana, no solo para las partes.  La sociedad colombiana debe tener el convencimiento de que se están nombrando juristas idóneos.  Nunca  el país había estado tan cercano a la paz como en este momento.   Aquí lo que están diciendo las Farc es: ‘Nos sometemos a la justicia del Estado colombiano que nos dé garantías, seguridad’, porque la nefasta masacre de los miembros de la UP dejó mucho temor.  Ellos están cambiando la lucha armada por la lucha electoral, ese es un paso válido, porque es mucho mejor tener un actor político,  que un actor que comete actos terroristas.  Otro punto polémico es la amnistía  para algunos delitos… Va a haber una ley de amnistía para algunos delitos. Pero, por  ejemplo, desaparición forzosa, secuestro, reclutamiento de menores, crímenes de guerra y de lesa humanidad no son amnistiables,  esos, de alguna manera, serán sancionados.   Hoy se cuestiona que el narcotráfico quede como un delito conexo. ¿Qué otros delitos conexos habrá? Eso está por determinarse por una ley del Congreso.  José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch,  dijo que no cree que el sistema de justicia especial acordado pase el escrutinio de la Corte Penal Internacional.  ¿Qué piensa de eso? Es erróneo lo que está diciendo Vivanco. La  ONG  de Vivanco es la más fundamentalista que  existe a nivel de derecho internacional. Usted va a ver que en los próximos días habrá ONG de izquierda que van a destacar que este sistema de justicia transicional no crea impunidad. Lo que pasa es que el señor Vivanco y otros políticos nacionales quieren ver a la guerrilla con camisa negra y blanca detrás de unos barrotes. Por sentido común, si los de las Farc tienen que pagar 10 años de cárcel no se entregan,   siguen en el campo, en donde no los cogen o si acaso los matan, de vez en cuando,  pero sobreviven como grupo. Ese es otro elemento importante que hay que tener en cuenta. 

“Un  militar que considere que le irá  mejor en la justicia transicional, que en el fuero penal militar,  bienvenido al sistema jurisdiccional para la paz”.