"Nos quitamos un piano de encima": Corte Constitucional tras fallo sobre JEP

"Nos quitamos un piano de encima": Corte Constitucional tras fallo sobre JEP

Agosto 20, 2018 - 11:45 p.m. Por:
Miguel Garrido y César Hernández / Colprensa
Alejandro Linares

Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional.

Colprensa

Tras nueve meses de debate, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, finalmente tiene cimiento jurídico, luego de que la Corte Constitucional le diera el aval a su Ley Estatutaria el pasado jueves, en el que otorga carta blanca para juzgar los crímenes ocurridos durante el conflicto armado.

Ahora los magistrados tendrán más claros los alcances de sus procedimientos y sus impedimentos, así como las sanciones que podrán dictarles a los desmovilizados de las Farc ante delitos graves como los que involucran a menores de edad, dijo el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares.

Nueve meses tardó el debate que terminó con el aval a la Ley Estatutaria de la JEP. ¿Cómo se vivió este proceso en la Corte?

Fue una ponencia de Antonio José Lizarazo de 822 páginas que requirió muchas horas de lectura, pero más de reflexión y de discusión. Me siento satisfecho porque logramos que en los temas más complejos hubiera consenso. Obviamente, respetamos la diversidad de opinión y hubo temas en los que algunos magistrados salvaron su voto.

¿Con esta decisión queda blindado el Acuerdo de Paz?

Creo que la decisión que tomamos el 11 de octubre de 2017 en torno a la validez jurídica del Acuerdo Final lo dejó blindado en temas que ya se cumplieron o tienen que ver con el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición.

Hay otros temas que tienen que ver con la construcción de paz, políticas de Estado, donde hemos dado mayor flexibilidad a los próximos tres gobiernos para que implementen los Acuerdos de Paz. Un ejemplo de ello es el Capítulo 1, relacionado con las inversiones en el campo, la presencia del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto y los planes de desarrollo.

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¿En qué consiste esa flexibilidad?

La mayor flexibilidad depende de la menor regulación del tema en el Acuerdo Final. Por ejemplo, el Capítulo 5 está muy detallado, pero en el Capítulo 1 hay unos objetivos muy importantes, pero hay que ver cómo el Gobierno y el Congreso pueden mejorar la ejecución de esos temas.

En la campaña electoral se dijo que se iban a volver trizas los acuerdos de Paz, ¿podrá alguien hacerlo?

Yo diría que el Congreso en su soberanía lo podría hacer, lo que pasa es que hay unos límites que estableció la Corte Constitucional, como también hay temas internacionales y compromisos con Naciones Unidas los cuales hay que cumplir.

En la sentencia del jueves se dice que el Congreso no podrá pronunciarse en algunos temas, pero en otros sí. ¿Cómo es eso?

Por ejemplo, declaramos inconstitucional la norma que señalaba que en casos de delitos sexuales siempre se aplicarían las sanciones del Código Penal porque el Acuerdo y el Acto Legislativo 01 de 2017 ya establecían las sanciones que podía aplicar la JEP: las propias, las alternativas y las ordinarias.

El Congreso introdujo otro tipo de sanciones, que son las del Código Penal y consideramos que no tenía competencia para modificarlas porque están reguladas, en detalle.

"Tras dos años de tener la Corte dedicada al proceso de paz, debemos dedicarnos a defender y promover los derechos de los colombianos. Queremos cerrar esta página y mirar hacia el futuro",
Alejandro Linares,
presidente de la Corte Constitucional.

Ese punto desató polémica. ¿El fallo protege bien a los menores?

Los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes hoy están en la justicia ordinaria y en el Código Penal si no están relacionadas con el conflicto armado. En otras palabras, todos aquellos delitos sexuales que no tengan conexidad con el conflicto armado están bajo la investigación de la Fiscalía General.

¿Cómo entender la diferencia en cuanto a las penas por la vulneración sexual de un menor en medio del conflicto y otro por fuera?

La vinculación con el conflicto armado es un tema de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros lo que señalamos es que el Congreso no tenía competencia dentro del proceso. Recordemos que la Ley Estatuaria se expide en desarrollo del ‘fast track’ y ese Acto Legislativo dice que los límites competenciales del Congreso son para asegurar el cumplimiento del proceso de paz. En esa medida, nuestra decisión se refiere únicamente a la competencia del Congreso para introducir sanciones adicionales a las establecidas en el Acuerdo Final.

¿Cómo quedó en el fallo el tema de la extradición y su relación con el caso ‘Santrich’?

La extradición fue un debate bastante duro. Lo que decidió la Corte es mantenerse dentro de lo pactado en el Acuerdo Final. En esencia es que hay previsión de extradición respecto de los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, pero para delitos nuevos subsiste la posibilidad de la extradición.

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¿Si la JEP comprueba que ‘Santrich’ delinquió después del 1 de diciembre de 2016 cabría su extradición y el caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia?

Sí, la JEP también puede verificar si son conductas posteriores pero que tienen que ver con el proceso de dejación de armas, en ese caso se puede decir que no hay extradición. Si el delito se comete después del 1 de diciembre de 2016, la JEP evalúa la conducta y verifica y esa persona podría ser extraditada y pasa a la Corte Suprema de Justicia y después al Presidente de la República.

Ahora, la Corte puede tener elementos adicionales cuando tenga que dar conceptos sobre la extradición. Entonces deberá pronunciarse sobre las extradiciones, no solo de ‘Santrich’, sino de cualquier persona que haya sido solicitada en extradición por cualquier Estado.

¿Entonces la JEP será la que determine puntualmente cómo se pronuncia sobre ‘Santrich’?

Nosotros nos habíamos pronunciado ya en una definición de conflicto de jurisdicciones entre la JEP y la justicia ordinaria. Ahora lo que dijimos es hacia el futuro, qué requisitos debe tener la extradición y así no modificamos lo que ya existe en el Acto Legislativo 01 de 2017.

En extradición se ha señalado a la Corte como notaria. ¿Cambia el proceso de verificación en el caso de la JEP en cuanto a la posibilidad de pedir pruebas?

Sobre el tema de pruebas no quisiera pronunciarme en la medida de que hay una demanda contra la Ley de Procedimiento. Sin embargo, hemos dicho que hay la posibilidad de verificar la fecha de ocurrencia de los hechos por parte de la JEP, entonces en esa verificación obviamente hay que revisar pruebas que pueden ser las que están adjuntas a la solicitud de extradición y en esa medida será la JEP la que las evalúe y eventualmente podría pedir otras para verificar los hechos.

¿Qué pronunciamiento hicieron frente a terceros financiadores de los grupos armados?

Esa fue otra decisión importante. Ratificamos que los terceros no están sometidos obligatoriamente a la JEP, pero avalamos una fórmula del legislador que dice que los terceros tienen tres meses para someterse voluntariamente a la JEP, con el objetivo de que los terceros evalúen si deben o no ir a la JEP y se establece una obligación en cabeza de la Fiscalía para que se priorice la investigación de los crímenes más graves cometidos por terceros o por agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública.

¿Esos tres meses cuentan a partir de cuándo?

En principio, a partir de la fecha de la promulgación de la Ley. Sin embargo, había otra norma que señala que pueden ser tres meses desde la fecha en que se vincule penalmente a la persona si no sabía que había una vinculación formal.

Las críticas no faltarán. ¿Están tranquilos sobre su proceder?

Parte de asumir estos cargos es el aceptar las críticas y entre más fundamentadas y razonadas uno las toma, mejor. Las críticas fanáticas son muy fuertes para la Corte. Lo importante de nuestras decisiones es que fueron tomadas sobre bases racionales y objetivas.

¿Recibieron algún tipo de presión en estos meses de estudio?

No. Hemos escuchado muchos puntos de vista. Hemos tratado de ser muy abiertos a los consensos. A pesar de que acá hay temas muy sensibles para los militares, debo decir que han sido muy respetuosos de la Corte, lo mismo que las víctimas o el sector privado. No hemos tenido interferencias indebidas.

¿El país puede estar tranquilo en cuanto a eventuales cuestionamientos que se hagan en tribunales internacionales?

Todo el sistema integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición está sometido a estándares internacionales. Los crímenes internacionales deben ser juzgados en Colombia para que no intervenga la Corte Penal Internacional (CPI) y todo el trabajo lo hemos hecho pensando en las obligaciones internacionales del país.

¿Cómo entender la falta de fundamento constitucional cuando se refieren a pedir en extradición a quienes estén fuera del país? No en vano hoy se habla de hipótesis de que Iván Márquez y alias ‘El Paisa’ estarían en Venezuela...

La ley traía una prohibición a la extradición activa, es decir, la que se pide desde Colombia a otros países. Lo que dijo la Corte es que debe dejarse la flexibilidad de que el país solicite en extradición personas que estén en otros países. Es decir, estamos quitando la prohibición que pesaba sobre la extradición activa.

El presidente Santos muchas veces se refirió al proceso de paz como único en el mundo. ¿Las sentencias de la Corte también lo son?

Esta es una transición a la colombiana. Nosotros le metemos derecho a un tema que es político. Los colombianos somos muy santanderistas.
Haberle dado la revisión de todos los acuerdos a una Corte es muy colombiano. Pusieron a esta Corte en la mitad de un proceso electoral y por eso nos tocó tomar ese rol de ser un actor que busca equilibrios muy delicados. Hacer política a través de las armas es un tema político y quizás la misma inseguridad jurídica fue la que llevó a las Farc a someterse a la revisión de los Acuerdos. Fue una gran responsabilidad, con el fallo del jueves nos quitamos un piano de encima.

¿Las víctimas y los opositores de los Acuerdos pueden estar tranquilas con el proceder de la Corte?

La gente pude estar tranquila porque fallamos en derecho y de manera balanceada, y la prueba de que hicimos bien la tarea es que nadie está contento. Esto quiere decir que no estuvimos parcializados y muestra que aplicamos la Constitución.

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