Los pendientes del tribunal de la jurisdicción especial para la paz

En el comunicado de 10 puntos, que se dio a conocer en Cuba el pasado 23 de septiembre, se sientan las bases de un acuerdo en desarrollo, al que le falta precisar algunos elementos en materia de justicia.

En medio de la expectativa por el contenido completo del acuerdo en materia de justicia transicional, varios son los debates que desde ya involucran el alcance del Tribunal para la paz en un escenario de postconflicto. 

El primer cruce de opiniones fue entre el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y el Centro Democrático, luego de que el funcionario sugiriera que el jefe natural de este partido, Álvaro Uribe Vélez, podría ser investigado en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Lea también: Exmagistrado analiza acuerdo de justicia transicional firmado con las Farc

Si bien en este aspecto el propio presidente Juan Manuel Santos ha aclarado que se respetará el fuero presidencial, otros sectores políticos insisten en que debe divulgarse el texto para conocer las funciones concretas del tribunal. 

Al respecto, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, calificó dicho fuero como un elemento esencial para la estabilidad institucional. 

“El Gobierno estima que la existencia de un sistema especial de juzgamiento para los jefes del Estado es un elemento esencial de la estabilidad institucional, es una institución que tiene una larga tradición y no es un privilegio para ellos.

Por lo tanto, la creación de la jurisdicción especial de paz no modifica las normas constitucionales sobre esta materia”, dijo De la Calle. 

En el comunicado de 10 puntos, que se dio a conocer en Cuba el pasado 23 de septiembre, se sientan las bases de un acuerdo en desarrollo, al que le falta precisar algunos elementos en materia de justicia. 

No obstante, está claro que el tribunal será el encargado de juzgar e imponer sanciones a los responsables de los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, particularmente los más graves y representativos como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros. 

Lea también: "No me voy a dejar presionar para publicar acuerdo de justicia": Santos

En este punto, a quienes reconozcan su responsabilidad, el tribunal proferirá sentencias fundadas en las conductas reconocidas, una vez contrastadas con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y las sentencias judiciales existentes, además de la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. 

Por el contrario, a quienes no reconozcan la verdad, se les llevará a cabo un juicio contradictorio y se proferirán las sentencias correspondientes. También son funciones del tribunal fijar y verificar las condiciones y modalidades de ejecución de la sanción y supervisar y certificar el cumplimiento de la sentencia A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, se otorgará la amnistía o indulto posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. 

¿Quiénes lo componen?

El sistema que propone la jurisdicción especial para la paz tendrá tres salas de justicia y un tribunal de cierre. Allí se deberán someter aquellos combatientes de la guerra, sean de las Farc o agentes del Estado. 

El expresidente de la Corte Constitucional y asesor jurídico del Gobierno en el proceso de paz, Manuel José Cepeda, explicó que la primera instancia tendrá una primera sala de reconocimiento de la verdad, una segunda de enjuiciamiento y una tercera de apelación. 

Lea también: Abecé para entender el crucial acuerdo entre las Farc y el Gobierno Nacional

Precisamente, la segunda instancia será en el tribunal de paz, que es el que tendrá la última palabra e imparte las penas. Aunque aún no está establecido, toda la jurisdicción especial estaría conformada por 20 magistrados, colombianos y extranjeros. Los últimos harían parte del proceso, dependiendo del caso que se vaya a juzgar. 

¿Qué falta por definir? 

Tanto el método de selección de los togados, que en su mayoría serán nacionales, como el alcance de los que podrán ir a esta forma de justicia transicional, y la tipificación de los delitos conexos con los delitos políticos, se deberán definir mediante una ley, a través del Congreso de la República. 

Precisamente, el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dio garantías sobre la selección de los magistrados que integrarán el Tribunal de la Jurisdicción especial para la Paz. “En ningún caso será el Gobierno y las Farc decidiendo quienes son esos magistrados, sino apelando a un tercero que reúna unas condiciones de confiabilidad para el Gobierno, pero sobre todo, para el pueblo colombiano”, aseguró. 

Ante las críticas también explicó que el trabajo del Tribunal se va a basar en las investigaciones de la Fiscalía y las sentencias de las Cortes y que éstas serán la base para contrastar si las personas que acuden allí dicen la verdad. 

“Las Farc están aceptando que ese tribunal va a trabajar sobre la base de lo que la justicia colombiana ya ha hecho. Todo lo que con tanto esfuerzo han hecho nuestros fiscales y nuestros jueces no se va a tirar por la ventana”. Incluso advirtió que el Tribunal no se convertirá en una cacería de brujas. 

“Lo último que pretende el Gobierno y que no va a ocurrir, es que este tribunal se convierta en un escenario para una especie de cacería de brujas, para ir detrás de todo el mundo que pudo haberse visto asociado de una manera u otra con delitos cometidos en el conflicto, ese no es el propósito del tribunal”, enfatizó.