Los obstáculos que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz

Los obstáculos que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz

Septiembre 23, 2018 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País 
Magistrados de la JEP

Catalina Díaz y Óscar Parra, magistrados de la JEP.

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El anuncio de que ‘La Gata’ Enilse López pedirá cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hizo eco de tantos obstáculos que le han surgido al mecanismo de justicia transicional, esencial del Acuerdo de Paz entre Gobierno y Farc.

También, la declaración del general (r) Mario Montoya, quien se presentó a esta jurisdicción reiterando que es inocente, el paradero desconocido de varios líderes de las Farc y las capturas de funcionarios de la JEP por presunta corrupción, dejan una estela de dudas sobre si esta Jurisdicción será un escampadero o una utopía.

El abogado penalista Yesid Echeverry, coordinador del área de Derecho Penal de la Universidad Icesi, señala que el primer obstáculo de la JEP fue el proceso legislativo para desarrollar la institución, como se había acordado en los diálogos.

El académico de Icesi menciona, por ejemplo, la campaña política que se hizo en el Congreso y la desinformación en medios masivos de comunicación, que impidieron que la gente tuviera un conocimiento profundo de qué era la JEP.

David Murillo, abogado y docente investigador en derecho público de la Universidad Libre, reconoce que esta jurisdicción ha tenido diversos obstáculos, como la carencia de recursos de financiación y la falta de regulación temprana.

Por ejemplo, la demora sustancial en el Congreso para aprobar la Ley de Procedimiento ante la JEP y la Ley Estatutaria, que regula a los magistrados y les permite actuar a tiempo, fue un gran obstáculo. Parte de ello fue la inclusión de inhabilidades para impedir que los magistrados que no venían de la rama judicial y no tenían apoyo de grupos políticos, no pudiesen posesionarse. Al final, la Corte Constitucional dio vía libre a su posesión.

Otra dificultad, en opinión de Echeverry, fue que un sector radical de ultraderecha se oponía a reconocer el carácter beligerante y estatus político de las Farc, y quería tratarlos como un grupo de delincuencia común. “Hay una ideología guerrerista muy fuerte que no permitía reconocer en el otro un interlocutor válido como sujeto distinto que piensa distinto”.

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En ese contexto, muchos candidatos se valieron para hacer campaña en las elecciones pasadas, unos en favor de la paz, otros en contra, y se quiso poner en tela de juicio la elección de los magistrados de la JEP. “Eso conllevó a fuertes debates en el Congreso, se quería una JEP para militares, otra para las Farc, en fin, hubo muchas contradicciones”, dice Echeverry.

“Unos decían que la JEP no debía otorgar ciertos beneficios que daban impunidad, pero una cantidad de políticos condenados por parapolítica, querían ser parte de ella”, indica.

“En el caso de los militares, un sector se oponía a la JEP, pero los que estaban siendo investigados o condenados por falsos positivos o por ejecuciones extrajudiciales, acudían en masa a la JEP. “Esas contradicciones fueron utilizadas para hacer campaña política o torpedear el proceso”, denuncia Echeverry.

Sobre si la JEP va a ser un ‘escampadero’, como se le tilda, Echeverry explica que en los procesos de justicia transicional es necesario definir cuál es la prioridad: verdad, justicia o reparación. “En la JEP, el componente importante es que se sepa la verdad y quienes se acogen a ella tienen el compromiso de decir todo lo que ocurrió y lo que saben”, sostiene.

Para David Murillo, esa falta de comprensión de ciertos aspectos podría poner nuevos escollos a la JEP. Por ejemplo, que en el acto legislativo 021 de 2017, está previsto que todo el que quiera acudir a la JEP, debe haber sido actor del conflicto armado y acudir diciendo la verdad.

“La JEP puede ir depurando este elemento, pero uno de los principales obstáculos es que la gente no conozca ese requisito o quiera burlarse del mismo y obstaculizar el debido funcionamiento de la JEP”, explica Murillo.

El académico de UniLibre advierte que mientras se va decantando la administración de justicia por parte de la JEP, van a llegar personas queriendo aprovecharse de los beneficios del mecanismo, tal como ocurrió con los criminales de Justicia y Paz y las autodefensas, “o sea que ya tenemos una experiencia al respecto”.

“La JEP irá sentando jurisprudencia e ir fijando reglas al respecto, pero parece que quisieran burlarse del mecanismo, cuando llega un general y quiere recibir los beneficios, mas no revelando la verdad, que es el requisito diletante que hizo la JEP”, denuncia Murillo.

“Así irá dejando claro que se debe acudir seriamente diciendo la verdad y no utilizándola para ocultar crímenes no relacionados con el conflicto armado, como lo está intentando ‘La gata’ Enilse López, sabemos que sus crímenes se relacionan con delitos comunes y de corrupción y no con el conflicto armado”, añade Murillo.

Los procesos decidirán

Yesid Echeverry señala que la verdad es fundamental, pero está mediada por investigaciones de la Fiscalía o la inteligencia del Estado, cuyos expedientes grandísimos serán trasladados a la JEP. “No basta que alguien diga ‘quiero ir a la JEP, pero soy inocente’, dice, sino que justamente la JEP puede desvirtuar o confirmar esa presunción de inocencia, con los procesos de la Fiscalía, que son las que van a decidir”, advierte.

En ese sentido, enfatiza que la JEP tiene investigadores en trabajo de campo, recogiendo testimonios, escuchando a los militares, a las víctimas, a los guerrilleros que se acogieron al proceso, a los campesinos, a las organizaciones de derechos humanos que llevaron investigaciones, a académicos y a los periodistas.

“El periodismo en Colombia frente al conflicto jugó un papel bastante fuerte en términos investigativos, hay gran acervo probatorio de hechos, como las tomas a los municipios, sobre los que el periodismo colombiano logró filmar, acceder a fuentes importantes, que sino hubiesen sido periodistas, jamás les hubiesen dado testimonio”, reconoce Echeverry.

La JEP confronta esos elementos con la versión de quienes se sometan a ella. “Entonces no es ningún escampadero, como lo han hecho creer. Alguien puede decir ‘soy inocente’, pero si las evidencias muestran otra cosa, lo más seguro es que lo van a condenar. Y quien no diga la verdad, automáticamente es retirado de la JEP y mandado con todas las pruebas a la justicia ordinaria”, añade el académico.

Sobre los ausentes, Murillo dice que los ex Farc que salieron de zonas de verificación con destino desconocido, sí generan un obstáculo, pero no para la JEP sino para la credibilidad del Acuerdo de Paz y de quienes en él participaron. “Si no se presentan, la JEP hace el juicio, les da la garantía de la defensa técnica, pero al no encontrarse, no van a decir la verdad, y al no cumplir este requisito van a salir de la JEP, recayendo en la justicia ordinaria”, dice Murillo.

Echeverry añade que, según las pruebas, se mirará si se les adelanta el proceso como a un delincuente común. “Si están fuera del país, se emitirán circulares rojas de Interpol para que sean capturados, y de ser así, se harán los trámites de extradición, sin ninguna garantía”, insiste.

Caso ‘Santrich’

Si alguna crítica se le hace a la JEP, es que trata de evitar la extradición de ‘Jesús Santrich’. Pero Murillo lo desvirtúa: “La JEP no está obstaculizando su juzgamiento. Todo lo contrario, debería estudiar el caso y determinar si ‘Santrich’ seguía delinquiendo o no, ese es el conducto regular con él y con los casos que se le presenten”.

“La JEP pidió las pruebas contra Santrich a la Fiscalía, porque es a partir del análisis probatorio que debe determinar ese punto cero, si cuando entra el vigencia el acuerdo (diciembre de 2016) él seguía en actividades del narcotráfico. Ese punto es el que determinará si Santrich se encuentra o no por fuera de la JEP y si es extraditable o no”, puntualiza Murillo.

Ambos analistas coinciden en que la captura de funcionarios de la JEP por supuestos hechos de corrupción, el llamado a interrogatorio a la directora administrativa, Martha Lucía Zamora, o la salida del exsecretario ejecutivo de la Fundación para la Paz, Néstor Correa, por presuntos malos manejos de recursos para reinserción, son “hechos aislados” que afectan un poco la credibilidad de la JEP, pero no su legitimidad.

“Los capturados eran contratistas de la JEP y no funcionarios”, dice Murillo y admite que “si no se hace un filtro exhaustivo a contratistas y a funcionarios, puede poner en tela de juicio la JEP, pero es prematuro decir que está envuelta en escándalos por unos contratistas que apenas están siendo investigados”.

Y aunque admite que “Correa y Zamora sí eran funcionarios que necesitan que se les preste atención, tampoco son como para satanizar la JEP”.

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