“Las zonas de concentración no implican ningún tipo de despeje”: De la Calle

Humberto De la Calle asegura que la dejación de armas de las Farc será real. No descarta que a la guerrilla se les asignen curules en el Congreso de forma transitoria.

[[nid:354880;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2014/10/calle.jpg;full;{El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. Foto: Elpais.com.co | Colprensa}]]

Un día después de haberse sellado  el histórico acuerdo sobre ‘el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas’ entre el Gobierno y las Farc, a Humberto de  la Calle Lombana, el innegable arquitecto de estos acuerdos, se le percibe, a través del teléfono,  optimista frente al futuro, pero   consciente de que aún faltan temas delicados y controversiales por definir. 

El Jefe del equipo negociador del Gobierno da un parte de tranquilidad sobre las zonas de concentración de las Farc, de donde dice  ninguna autoridad se moverá de su sitio  ni habrá despeje.   Asegura que  el proceso de desarme que verificará la ONU “le garantizará a los colombianos que cumplimos lo que prometimos desde el primer día: la dejación de armas será real”.

De la Calle habló desde La Habana con El País.

Se rumora que se está buscando una fecha emblemática, como el 20 de julio o el 7 de agosto para firmar el acuerdo final ¿Es así? ¿Para esas fechas sí estará todo listo?

Son rumores,  todo el mundo especula un poco. Ese es un ejercicio inocuo, ni siquiera es posible predecir con esa actitud si para esas fechas los acuerdos estarán listos. Lo que está claro es que hay un propósito común de acelerar, de terminar rápidamente, el paso del jueves  es trascendental, pero hay que concluir la firma del acuerdo final. En la reunión del presidente Santos y ‘Timochenko’, se estableció el   propósito  de acelerar y trabajar con  métodos  más eficaces, pero la verdad, es que poner desde ahora una fecha es un ejercicio imposible.

Y siguiendo esa línea, en esos puntos del acuerdo que aún están por definir, ¿cuáles son los más álgidos?

 En primer lugar, en el punto seis están incorporados los temas de refrendación e implementación. Refrendación quedó resuelto el jueves por la decisión de ambas partes de aceptar el fallo de la Corte Constitucional, cuando este se emita. En la implementación tenemos un desafío que implica establecer  cuáles son los mecanismos mediante los cuales las Farc van a participar en la ejecución de los programas que se deriven de lo acordado. Ahí seguramente vamos a tener  discusión. Todo el tema de implementación está pendiente. Y lo que se pactó en  2012 incluye también mecanismo de verificación internacional respecto al  cumplimiento de los acuerdos. Ese   punto falta.

Tenemos que resolver lo de los magistrados del Tribunal Especial de Paz. Está pactado que ninguna de las partes nombra los magistrados. Lo acordado es que instituciones impecables propondrán candidatos y establecerán un mecanismo de selección. Ese punto no se ha resuelto aún y  nos parece que es vital, porque creo que lo que le daría mayor tranquilidad a los colombianos en materia de justicia es que cuenten, como así será, con un tribunal absolutamente independiente y de alto prestigio. Faltan  decisiones para el paso de las Farc a la política, ahí tenemos que tomar unas que pueden llegar a ser controversiales,  que  son los mecanismos para fomentar e impulsar a las Farc para organizar rápidamente su movimiento político. 

¿Es posible que a las Farc se les adjudiquen unas curules en el Congreso de forma transitoria?

Este punto no ha sido decidido, está sobre el tapete, las Farc han solicitado participación en corporaciones públicas,  creemos que este tratamiento debe basarse  en la participación electoral de las Farc.  En la experiencia mundial hay distintas fórmulas, en el caso colombiano,  en la Constitución de 1991 se aprobaron los artículos transitorios 12 y 13, que le dieron la facultad al Presidente de la República para nombrar a dedo miembros de  guerrillas en las corporaciones públicas. No estoy diciendo que esa va a ser una solución,  es un tema complejo y hay antecedentes. Lo que sí quiero decir es que el Gobierno favorece la mayor participación de las Farc en política, vamos a dar la discusión a lograr un acuerdo, a oír a los colombianos, yo sé que este es un punto  impopular, pero nunca olvidemos  que un propósito de un acuerdo de paz es que este grupo guerrillero deje las armas e ingrese a la política. Pero es un tema que no está resuelto.

Hablemos de las zonas o veredas de concentración. Hay gente que teme que se conviertan en pequeños ‘Caguancitos’. ¿Quién impartirá la justicia  allí y  ejercerá  autoridad?

 Hay un postulado general expreso en lo acordado esta semana, en virtud del cual no habrá menoscabo de ninguna naturaleza al Estado de Derecho en estas zonas, a la actividad de los particulares, a la economía de esa región. No se trata de despejes, ninguna autoridad se va a mover de su sitio,  y esa es una diferencia enorme con experiencias anteriores. En segundo lugar, las autoridades permanecen donde están y cumplen sus funciones y me estoy refiriendo a jueces, alcaldes, inspectores de Policía, nadie se mueve ni nadie dejará de cumplir con sus funciones.

Tercero, donde haya Policía seguirá actuando. Si en las zonas se llega a presentar la comisión de algún delito, en ese caso la Fuerza Pública puede ingresar en coordinación con el mecanismo de verificación y monitoreo, luego esto contribuye a reiterar de manera clara que no hay despeje. Ahora, en cuanto a las Fuerzas Militares, en las zonas internamente no hay presencia de ellas como tampoco en un cordón de un kilómetro donde habrá la presencia del organismo tripartito de verificación y monitoreo. Por fuera del anillo de un kilómetro, la Fuerza Militar actúa normal.

Usted ha sido enfático en decir en que estas zonas de concentración son temporales, que van a durar 180 días. Pero lo mismo se dijo con el despeje del Caguán, que era por tres meses, después se prorrogó y después se volvió indefinido. ¿Esos 180 días son inamovibles o podrá haber prórrogas?

   Quiero insistir en que no podemos hablar de despeje en estos casos. La  diferencia es enorme, repito, aquí nadie se moverá ni ninguna autoridad tendrá que salir, cada quien permanece en su sitio. Ahora bien, segundo elemento, que es totalmente distinto, entramos en una fase de verificación y monitoreo a cargo de un mecanismo tripartito, presidido por Naciones Unidas. La resolución del Consejo de Seguridad, que es categórica, en que lo que tiene que garantizar es el cumplimiento de lo acordado, establece que las zonas son improrrogables, porque no hay un mandato que permita que Naciones Unidas continúe, estamos bajo un esquema totalmente distinto, que es el de la verificación a través de un organismo transparente. 

¿Se consultó a  gobernadores o a alcaldes donde estarán las zonas?, ¿qué pasa si uno de ellos se opone?

Desde ayer  (jueves) el Presidente y el Ministro del Interior están en comunicación con los gobernadores y los alcaldes de los sitios de las zonas y de los puntos temporales. Lo que tiene que haber aquí es una especie de interacción, que además es muy fructífera porque evidentemente la importancia de las autoridades locales para que esto funcione bien es enorme. Ya se anunció la lista de municipios, pero aclaro, no son todos los municipios los que están cubiertos por las zonas, que  son del tamaño de una determinada vereda y en este momento estamos discutiendo sobre la base de criterios muy claros, el Ministerio de Defensa nos está ayudando mucho sobre  cuáles serán las veredas concretas donde estarán las zonas. El procedimiento que está adoptando el Gobierno es  democrático, se está hablando con los gobernadores, con los alcaldes. 

No olvidemos que  la Constitución dispone que las decisiones sobre el orden público recaen exclusivamente al Presidente de la República; el Gobierno lo que quiere es hacer un procedimiento  razonable, pero las decisiones finales corresponden al Presidente. 

Pasemos a la entrega de las armas. Hay mucha suspicacia y preocupación porque no existe un censo claro. ¿Cómo se hará para que las Farc nos hagan ‘conejo’ y se queden con parte de ellas?

Oí por ahí  decir que van a entregar unos fierros viejos. No es así. Antes de la dejación, en manos de Naciones Unidas, hay un proceso de control de armamento, que implica primero tener un inventario, una por una. Dos, una categorización, es decir si se trata de fusiles o de granadas. Tres, una identificación de cada una, con sus características, de tal manera que la ONU va a tener un radiografía de lo que se le entregue. Si lo que entregan es una escopeta de pisto, pues las Naciones Unidas lo van a decir. Bajo la idea del control, verificación y seguimiento de ese proceso previo, los colombianos tendremos la garantía que efectivamente esas son las armas de las Farc. Lo que se ha establecido  es una cronología, desde el día de la firma del acuerdo final hasta seis meses después cuando desaparecen las armas de manos de las Farc y quedan en poder  de Naciones Unidas. Hasta la última arma tiene que ser entregada en esos 180 días. 

¿Y cómo se van entregando? 

Se dispuso el orden en la que van a ser entregadas. Primero, las  municiones extraviadas, tatucos, armas artesanales, artefactos inestables; segundo, las  pesadas, de acompañamiento tipo ametralladora, etc.; tercero, las  personales, eso incluye la totalidad de las mismas. Tan pronto lleguemos al día 180 o incluso antes, Naciones Unidas extrae los contenedores de las zonas y los ubica en el sitio que la comunidad decida.  Cada contenedor de estos tiene una llave en poder de las Naciones Unidas y va a ser monitoreado día y noche por personal de la ONU, a través de mecanismos como cámaras,  alarmas, presencia física de sus delegados. Nos ha parecido que es un proceso muy seguro y transparente que le garantizará a los colombianos que cumplimos lo que prometimos desde el primer día: la dejación de armas será real.

¿Qué pasa si la Corte Constitucional no avala el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz? 

No me gusta pronunciarme sobre hipótesis, pero dada la delicadeza del tema, le digo: primero,  creemos que el plebiscito saldrá avante en la Corte Constitucional, pero estamos listos a aceptar lo que la Corte diga. Quiero insistir en algo  de gran trascendencia, que el Gobierno anuncie que acepte lo que diga la Corte  no tiene nada de extraño,  pero que una guerrilla en armas, sin haberlas dejado, acepte una decisión judicial eso es algo que los colombianos  tienen que valorar, es realmente importante y es  un signo de la manera como las Farc comienzan a ingresar a la vida civil. En la hipótesis que usted plantea, de no salir el plebiscito, la posición del Gobierno será siempre la refrendación, que los colombianos tendrán la última palabra, cuál es el mecanismo alterno, no lo hemos pensado.

El actual programa de reintegración establece que la  reinserción de un  combatiente dura 6 años y cada mes se le da $500.000. ¿Se va a mantener ese esquema con las Farc o se aplicará uno diferente?  Seguramente habrá que hacer adaptaciones, pero  la Agencia de Reintegración es un modelo mundial, porque  ha hecho un esfuerzo impresionante y ha sido un  modelo exitoso en términos del número de personas que se han desmovilizado.  Esa agencia está lista y disponible para adaptarse a las modalidades de reintegración en el caso de las Farc. El caso de mayor experiencia ha sido en reinserciones de carácter individual. Eso no necesariamente puede ser así con las Farc, puede haber  elementos de un proceso más colectivo, con planes de desarrollo con enfoque territorial, donde las Farc pueden comenzar y llevar a cabo su proceso. Ellos han hablado de cooperativas de producción o algún tipo de asociación, incluso han tenido contacto con empresarios que han venido a La Habana, para que las Farc puedan tener su reinserción allí, en los propios sitios. ¿Ese proceso va a ser financiado solo con dinero del Estado o las Farc van a aportar? Las Farc tienen que aportar para la reparación material de las víctimas, como quedó claro cuando se discutió el punto de víctimas, reparación material que es de carácter patrimonial. Luego, lo que debe ocurrir es que el  dinero de las Farc tienen que ir a reparar a las víctimas. Este tipo de programas a los que nos estamos refiriendo, tendrán un alto componente presupuestario del Estado, pero también se ha desatado una ola de apoyo internacional, hay un enorme interés en materia de cooperación internacional para la financiación de esos programas.   Tras la firma del acuerdo final, sigue  la implementación de los acuerdos, que es lo más difícil. ¿Va a conformarse un  grupo diferente al que usted encabeza para eso? Empiezo por lo segundo. El día de la firma la mesa de negociación desaparece por sustracción de materia, pero si tiene que haber una especie de comisión de seguimiento, eso ha ocurrido en todos los procesos. Allí el Gobierno y las Farc podrán sentarse a discutir las múltiples incidencias que  se van a presentar en la ejecución de lo acordado. Ahora, lo más difícil en mi opinión es, primero, el cumplimiento temprano, porque lo que demuestra la experiencia es que si en el primer año un Estado no es capaz de cumplir efectivamente los propósitos más inmediatos, hay un riesgo de que esto se nos desbarate y nos devuelva, eso ha ocurrido en otros procesos. Las limitaciones del Estado pueden generar una frustración a estas fuerzas y   nos creen un momento de crisis. Por eso el Estado se está preparando para el posconflicto, en el que está el doctor Rafael Pardo, una persona con amplia experiencia en estos temas, nos da mucha confianza que él esté al mando de esta fase de implementación.  Tenemos que organizar el Estado para que sea capaz de cumplir, porque el mayor riesgo es que estos procedimientos estatales tan complejos enreden el proceso. Generar mecanismos institucionales nuevos. Lo que sucedió el jueves fue un hecho histórico. ¿Cómo vio el Gobierno y la mesa de negociación la reacción de Colombia, entendiendo que hay una oposición fuerte al proceso? Nuestra percepción fue muy positiva, lo que pudimos percibir desde aquí es que hubo alivio,  incluso satisfacción entre los colombianos. Con relación a quienes se oponen frente al proceso, primero, me parece  legítima esa posición, yo siempre distingo ante la oposición razonada y las mentiras que han puesto a circular, eso sí es un método reprobable. Sobre lo que pasó, la mayor parte de voces en contra se han ido al tema de justicia, los que están en contra vuelven con el tema de la impunidad, lo que no es cierto, se desplazó la discusión a un punto del pasado, sobre lo que se firmó ayer, que realmente es muy sólido. La forma como las democracias resuelven las divergencias son con las decisiones en las urnas, por lo tanto, ya que gobierno y Farc se pusieron de acuerdo en que la decisión de la Corte Constitucional  va a ser el mecanismo para resolver estos disensos, lo que debe hacer  cada quien es opinar, dar su voto  con toda libertad y comprometerse a respetar el resultado. La invitación es a que pasemos esta página del conflicto, sobre la base del disenso, pero también sobre la base del método obvio como las sociedades resuelven estos problemas, que es concurriendo al plebiscito. Los opositores se enfocaron en el tema de la impunidad y dijeron que “la paz quedó herida”. ¿Cree que ha faltado más pedagogía, ser más  contundentes en un mensaje que deje claro que no va a haber impunidad? Puede haber personas que realmente no tengan suficiente información. También es posible en que hemos fallado en la tarea de comunicar. Pero  el asunto principal es más temperamental que de información, personas en Colombia creen que los señores de las Farc deben irse a la cárcel dos o tres decenas de años, ese es su instinto y no es problema de lo acordado sino de una posición instintiva. Y hay un tercer capítulo, el de quienes simplemente tergiversan para generar la idea de que la justicia transicional es una payasada, una mascarada de justicia, y allí quiero decir que  no es cierto. Cumplimos la promesa de que no habría amnistía general para todos los delitos. No hay antecedentes de que una guerrilla en un conflicto activo convenga que los autores de graves crímenes tengan que ser sometidos a una jurisdicción. Esta es la primera vez que una guerrilla se sienta en una mesa y sin haber dejado las armas dice: los crímenes internacionales tienen que ser sometidos a una jurisdicción judicial, tienen que ser sometidos a una sentencia, a una sanción, respeto a las personas que creen que esa sanción no es suficiente, pero no respeto a quienes mienten y dicen que aquí sencillamente no va a pasar nada. Por último déjeme recordar que este es un régimen para todos, a quienes nos han criticado porque metemos a los agentes del Estado y a terceros cuando esta era una negociación con las Farc. Lo que pretendemos es el fin del conflicto, uno no puede decir que arregla y establece un sistema de justicia con las Farc y deja los cabos sueltos de personas que han contribuido a masacres, que las han financiado o agentes del Estado que se desviaron de las instrucciones oficiales y  cometieron delitos. La gran ventaja es que hay un tratamiento equivalente para los responsables. Tras sortear con éxito este proceso, ya lo ven como próximo candidato presidencial. ¿Se le va a medir? Ninguna de mis neuronas están puestas en esa empresa.