Las víctimas del conflicto que hoy le apuestan al emprendimiento en Cali

Huyendo de masacres, secuestros, desapariciones, entre otros delitos de lesa humanidad que se vivieron en zonas rurales de los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca a causa del conflicto armado, Jeremías Manso y Shirly Franky abandonaron sus tierras natales hace más de diez años para encontrar una nueva vida en Cali.

Hoy, cuando las heridas han sanado y sus vidas tomaron forma de esperanza, relatan sus historias afirmando que el camino que tuvieron que recorrer para poder “contar el cuento” no fue nada fácil.

Actualmente los dos son microempresarios de pequeños negocios en Cali, que surgieron de la necesidad de sacar adelante a sus familias.

Ambos, al narrar sus historias, hacen alusión a la realidad que todavía viven cerca de 205.000 desplazados de la violencia que radican en Cali en busca de una nueva oportunidad de vida. De acuerdo con la Centro Regional de Atención a Víctimas, Crav, cerca de 40 víctimas de desplazamiento solicitan a diario ayudas humanitarias en la capital del Valle.

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Según el secretario de Bienestar Social de Cali, Esaúd Urrutia, durante el primer trimestre de 2018 se reportaron poco más de dos mil personas en condición de víctimas que llegaron a la ciudad, susceptibles de ayuda humanitaria inmediata, hogar de paso, reparación, entre otros servicios.

Cali es la principal ciudad receptora de víctimas del conflicto del suroccidente colombiano y la tercera a nivel nacional después de Medellín y Bogotá. Aquí, 164.955 víctimas son sujeto de atención y/o reparación.

Al menos tres días a la semana, Jeremías Manso se levanta desde temprano a cocinar el maíz y a preparar la masa de las arepas que vende en su motocicleta por toda Cali.

Empezó en 2008 vendiendo puerta a puerta, a pie, diez paquetes de cinco arepas. Hoy hace una producción de más de 4000 mensuales.

Junto a su esposa y a sus dos hijos, llegó a la capital del Valle en mayo de 2004. Según cuenta este hombre de 49 años, tez canela y de ojos achinados, tuvieron que emprender la huida desde su pueblo natal, Quinchía (Risaralda), a causa del hostigamiento por parte de los grupos armados que se asentaban en el territorio montañoso del centro oeste del país.

“Como nosotros vivíamos en una zona minera que se llama Miraflores, era muy común que llegaran personas de otras partes a extraer el oro de la tierra. La cosa cambió cuando nos convertimos en un punto de concentración para el Ejército y los grupos guerrilleros y paramilitares”, relata Jeremías.

Trabajaba como agricultor en una finca de doce hectáreas donde sembraba café, plátano, yuca y maíz para la venta. Tenía una casa grande llena de animales. En medio de la guerra dice que era imposible prosperar.

“En cualquier momento llegaban sin pedir permiso, entraban a tu cocina, mataban los pollos que quisieran, se comían todo y se iban. Uno tenía que quedarse callado, quieto en un rincón. Prácticamente trabajábamos para ellos y sufríamos necesidades”, dice.

Cuenta que las cosas se salieron de control cuando los grupos alzados en armas empezaron a pedir a los finqueros, como él, el cobro de una cuota económica que oscilaba entre los $200.000 y $300.000 mensuales. Inicialmente fue un grupo, luego fueron dos y después tres.

“Ya teníamos miedo, porque si le pagabas a uno para que te dejara tranquilo, llegaba el otro a amenazarte por ser colaborador del enemigo. Así mataron a muchos amigos y vecinos. La situación era muy complicada”, recuerda el hombre.

Con lágrimas en los ojos cuenta que para poder conservar su vida y la de su familia, dejó atrás su finca, su casa y todo lo que había construido por más de 35 años.

Con la ayuda de unos familiares, pudo llegar a Cali a principios de 2005. Afirma que fue un cambio muy abrupto y que le costó mucho adaptarse a la vida en la ciudad.

“Al principio me perdía con solo caminar unas cuadras porque todo me parecía igual. Nunca podía salir sin la dirección anotada en un papel. Uno en el campo tan acostumbrado a la libertad de la montaña y llegar aquí es muy difícil”, expresa Jeremías.

Durante cuatro años trabajó como reciclador, vigilante, carpintero y pintor. Acostumbrado en el campo a trabajar por su propia cuenta, renunció a ser empleado y emprendió su negocio de alimentos.

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“Empecé a vender arepas a pie, a veces con los zapatos rotos de tanto caminar, pero con el corazón tranquilo de saber que mi familia no iba a pasar hambre”, expresa Jeremías al resaltar que en un principio tenía que insistirle mucho a las personas para que creyeran en él y compraran su producto.

Con el tiempo su oferta creció, al negocio llegó la venta de empanadas, dedos de queso, hojaldras y yogurt. Compró un moto, en la que ahora hace su jornada de entrega por toda la ciudad.

“Recibí ayudas y orientación de diferentes entidades gubernamentales, entre ellas la Alcaldía de Cali. Hoy ya son diez años en los que emprendí esta lucha, mis hijos terminaron sus estudios y por fin tenemos una casita. Solo quiero decirle a las personas que están pasando una situación similar a la mía que no desfallezcan. Sí es posible rehacer una vida después de la guerra”, narra Jeremías.

La mayoría de las víctimas del conflicto armado que se registran en Cali provienen de la Costa Pacífica y
de los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Risaralda, Antioquia y Caquetá.

Shirly Franky salió de Dagua, Valle, en el 2002 cuando tenía 24 años y estaba embarazada de su segundo hijo, Mateo. Allí vivía con sus padres, sus dos hermanos y su pequeña hija que para entonces tenía solo dos años de edad.

Su desplazamiento fue causado por grupos armados guerrilleros y paramilitares que efectuaban sus enfrentamientos en el casco urbano del municipio e involucraban como punto estratégico para su accionar delictivo la gran casa que ella y su familia tenían en el centro de Dagua.

“Como era una casa que iba de esquina a esquina, ellos fácilmente la utilizaban para guardar sus cosas. Se metían horas antes de empezar a combatir y nosotros teníamos que escondernos y no salir hasta que ellos lo autorizaran”, relata Shirly.

Shirly cuenta que una vez el grupo armado terminaba sus enfrentamientos, obligaban a su padre a tener que transportarlos a las afueras del municipio en el camión que su familia utilizaba para comercializar cultivos de piña.

“Cuando el otro grupo identificó que quien lo transportaba era mi papá, empezaron a tacharnos de colaboradores y así llegaron las amenazas de que teníamos que irnos o nos mataban”, dice la mujer.

Y así pasó, Shirly y su familia partieron hacia tierras desconocidas para empezar una nueva vida lejos de Dagua. Inicialmente llegaron a Bogotá en busca de oportunidades de trabajo. Sin embargo, las cosas “no salieron como esperaban” y sus padres se instalaron finalmente en Cali.
Subsistieron con las pocas pertenencias que pudieron vender. “Yo tenía pavor de regresar a Cali, porque creía que vendrían a buscarnos y por eso insistí y me quedé en Bogotá”, afirma Shirly al resaltar que por esos tiempos tuvo que vivir una de las situaciones más difíciles de su vida como víctima del conflicto: el nacimiento de su hijo. Mateo llegó al mundo con una enfermedad congénita llamada síndrome de Silver Russell, que se caracteriza por generar el retraso de crecimiento y ocasionar asimetría de las extremidades.

“El doctor me dijo que le daba doce horas de vida a mi bebé. Fue entonces que mi dirigí a la Presidencia de la República y mi caso fue atendido personalmente por Sara Moreno de Uribe, esposa del expresidente Álvaro Uribe, quien me redactó dos cartas para que mi hijo fuera atendido en la Clínica Farallones de Cali y para que Tecnoquímicas me suministrara los medicamentos que él necesitaba”, recuerda Shirly.

Actualmente Mateo tiene 15 años. Su tratamiento requiere de la atención de 14 especialistas. Ha pasado por tres cirugías, entre ellas una de corazón. Fue entonces para el año 2003 que Shirly se radicó definitivamente en Cali. Gracias a los centros médicos donde fue atendida desde el embarazo de su hijo pudo activar las rutas de atención como víctima del conflicto que le permitieron recibir ayudas humanitarias.

“Para poder sobrevivir, ayudé a una profesora de transición a cuidar niños, trabaje en una cocina escolar haciendo desayunos, como cajera en un centro comercial. Mejor dicho, ¿Qué no hice para que a mis hijos no les faltara el techo y la comida?”, expresa Shirly.

Cuenta que para el 2010 ingresó a hacer un curso de zapatería en el Sena: “Recuerdo que cuando estaba haciendo la fila, la chica que iba adelante de mí tomó el último cupo del curso. Yo me sentí tan mal porque lo quería y ella fue tan linda que me lo cedió ”, dice.
Fue así como por la necesidad de salir adelante, Shirly se dedicó a capacitarse cada vez más en su quehacer.

“Gracias a una de las primeras ayudas humanitarias pude destinar $150.000 para comprar materiales. Empecé haciendo sandalias sencillas, de esas que son planitas. Como no tenía hormas pedía prestado los pies de mis primas y secaba el pegado en el patio con el viento”, cuenta la mujer.

Por medio de un programa del Gobierno pudo adquirir una máquina y sus primeras hormas y con los zapatos que hacía conquistó a sus primeras clientes: sus vecinas.

Empezó vendiendo uno o dos pares semanales y hoy en día puede llegar a hacer hasta 30 pares de calzado.

Trabaja en un local compartido en el centro de la ciudad y desde ahí vende zapatos hechos a la medida y por pedido por medio de redes sociales.

Espera poder seguir ampliando el negocio, pues asegura que cada pieza de calzado que realiza es hecha con el amor que siente por la vida.

Las víctimas del conflicto armado que se encuentran en Cali pueden activar la ruta de atención en el Centro Regional de Atención a Víctimas, Crav, en el barrio Guayaquil, Carrera 16 No. 15-76.

En la comunas 1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, las personas pueden acercarse a los Centros de Administración Local Integrada, Cali. Puede consultar las direcciones en la página web: www.cali.gov.co.

Cali es la única ciudad en el país dónde la ayuda humanitaria se entrega de manera inmediata a personas desplazadas que llegan al municipio sin dinero y en una situación de vulnerabilidad extrema. Dicha ayuda se manifiesta en entrega de bonos de alimentación, aseo, dotación, hogar de paso y asistencia funeraria.