Las luces y sombras del proceso de paz con las Farc

El ‘romance’ que muchos opositores advertían entre las Farc y el Gobierno tras la firma de la Paz, parece estar en crisis por cuenta de los tropiezos en la implementación de los acuerdos.

“El panorama hoy es crítico, los retrasos en la construcción de las zonas son mayúsculos, las amnistías no entran en funcionamiento, el panorama de reincorporación no es claro, los proyectos productivos no encuentran financiación”, dice a manera de balance ‘Pablo Catatumbo’, uno de los jefes de las Farc, sobre lo desarrollado en materia de paz desde enero pasado.

Y agrega: “A lo que asistimos es a una encrucijada en donde la ciudadanía movilizada tiene la palabra. Si no logramos cambiar el curso que el Gobierno pretende implementar, el desenlace será trágico”.

No tan negativo, pero sí coincidente, Jorge Restrepo, director del Cerac, plantea que “el principal problema ha sido la dificultad que ha habido en la secuencia. Si bien se han tramitado ante el Congreso reformas de mucha importancia, las demoras en la dejación de armas tienen que ver mucho con la dificultad en la secuencia. Saber qué va primero, si la amnistía o el desarme, y eso ha significado una pérdida de confianza importante en la población”.

A su vez, Rafael Guarín, exviceministro de Defensa, dice que la desmovilización ha sido parcial, ya que, según conteo de esa cartera, en septiembre pasado las Farc, entre milicias y guerilleros, sumaban 14.000 miembros. “Sin embargo, solo 6800, para abril, estaban en las zonas veredales”, por lo que “hacen falta 7000 hombres, que coindicen con las 7000 armas, que según el Presidente y Naiones Unidas, no han llegado a esas zonas”.

Entre lo positivo del proceso, Guarín destaca, irónicamente, “la aplanadora y la mermelada del Gobierno en el Congreso para la expedición de leyes y decretos necesarios para la implementación”, en tanto que a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, le preocupa que “el Estado no fue capaz de llegar de forma aceptable a los sectores donde la salida de las Farc provocó un vacío de poder que ha llevado a que el ELN, bandas criminales o delincuencia común hayan disparado algunos índices de violencia”.

“La realidad aquí en el Suroccidente es que las construcciones están tremendamente retrasadas y que se diseñaron en discordancia con las condiciones del terreno y de la población que las debe habitar”, dice ‘Pablo Catatumbo’, jefe de las Farc, sobre el avance en las zonas veredales, y agrega: “Un gobierno que no es capaz de construir edificios provisionales para la vivienda de solo centenares de personas, es un gobierno que, además de no estar realmente comprometido con sus banderas públicas, es tremendamente incompetente”.

En efecto, en el cónclave de Cartagena, el Gobierno se comprometió a tener listas las áreas comunes de las 26 zonas y puntos transitorios y a entregar todo el material para la construcción de los dormitorios, lo cual no ocurrió, pese a que el gerente de las Zonas Veredales, Carlos Córdoba, le dijo a El País que “para el 30 de abril solo faltarán por terminarse 3”.

Sin embargo, en la segunda fase de la implementación las zonas veredales, adonde llegaron los guerrilleros en caravanas que fueron aplaudidas por el país, seguirán en la polémica pero por otra razón: “La vigencia de las zonas va a ser ampliada dos o tres meses más, y luego los guerrilleros se podrán quedar viviendo allí, pero será como un pueblito normal, va a estar la Policía”, explica Ariel Ávila en relación con el proceso de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados.

Pero otra cosa opina el exviceministro Guarín: “Se habló de que las zonas eran por 180 días, pero en la práctica lo que se observa es que desde el principio se tenía claro por parte del Gobierno y las Farc que su duración iba a ser por un periodo superior”.

Según Jorge Restrepo, la aplicación de la Ley de Amnistía es uno de los grandes desafíos para q ue continúe bien la implementación de la paz, porq ue supone la coordinación de la guerrilla, el Gobierno, la Rama Judicial, incluyendo la Fiscalía y reconoce que “es un trámite demorado y complicado”. No obstante, agrega que las Farc “deben entender que no pueden condicionar la dejación de armas completa a que se culmine el proceso de concesión de amnistías para todos los miembros que las han solicitado”.

No obstante, ‘Catatumbo’ es enfático al decir que de las cárceles “no ha salido ni el 20 %” de los indultados. “Es un resultado lamentable, que afecta la credibilidad de los combatientes en el proceso y que perpetúa a nuestros camaradas en las condiciones inhumanas del sistema carcelario colombiano”.

Según él, “con la excusa absurda de la independencia del Poder Judicial, se está tirando por la borda uno de los consensos más complejos de alcanzar en la Mesa de Conversaciones”. Y el subdirector de Paz y Reconciliación, en coincidencia, añade: “La Ley de Amnistía está marchando muy mal y el problema no es del Gobierno, sino de los jueces y la parálisis judicial; de cerca de 2 mil personas que tenían que salir, han salido cien y algo y estamos a 30 días de acabar las zonas veredales, así que es complicado”.

Por su parte, Guarín espera que, en la sentencia de control de constitucionalidad, la Corte “haga precisiones y ajustes en el tema de aministía y en la JEP, por ejemplo en el alcance de las medidas de restricción de la libertad, que no constituyen, conforme al Acuerdo, penas sino medidas accesorias para sanciones de carácter restaurativo”.

Que en los 281 municipios afectados por la violencia los homicidios hayan disminuido en más de 450 casos durante el último año, muestra que cese el fuego bilateral definitivo es el mayor logro de la implementación de los acuerdos de paz hasta ahora.

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Las cifras las da Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, quien agrega que mientras el año pasado se registraron 500 víctimas, entre militares y guerrilleros, este año solo van 6.
De igual forma, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, da cuenta que hasta ahora se han registrado solo 4 casos de violación del cese bilateral, que Ávila describe como “muy pequeños”, por lo que no duda en calificar el cumplimiento de este acuerdo como “un rotundo éxito”.

De hecho, Jorge Restrepo, director del Cerac, asegura: “Es muy importante ver cómo el cumplimiento completo del cese el fuego bilateral y de hostilidades ha significado la reducción total de la violencia del conflicto, las confrontaciones armadas, las operaciones militares contra las Farc y el hecho de que no se haya desarrollado un problema en términos de operaciones contra la población civil”.

Sin embargo, el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Militares en Retiro, Acore, indica que al respecto no hay claridad suficiente sobre “quiénes son los que se están desmovilizando, cuántos son los grupos que no lo están haciendo, los disidentes siguen en su actividad criminal y muchos sencillamente se pusieron el brazalete del ELN y están actuando con esa guerrilla”.

“El presidente Santos señaló el 17 de marzo que el inventario de armas de la guerrilla era de 14.000 armas y ese mismo día el Ministerio de Defensa precisó que, de ellas, 11.000 correspondían a fusiles. A comienzos de abril, la ONU informó que el registro de armas que habían llegado a las zonas veredales con los miembros de las Farc llegaban a siete mil. Hay siete mil armas entonces, que no se sabe si las Farc las tienen guardadas, como pareciera por las caletas que han sido encontradas, si han pasado a manos del ELN, si fueron vendidas a manos criminales, si están en Venezuela o si tomaron como destino aparatos criminales en Centroamérica”, dice Rafael Guarín, exviceministro de Defensa, sobre un tema que, al igual que el plazo, ha sido debatido.

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El pasado jueves, tras la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, la embajadora de Colombia ante el ente, María Emma Mejía, dijo: “Se les pidió el cumplimiento de los 180 días para lo que son las armas personales y hasta septiembre, cuando se cumple el año de la Misión, podría ser el tiempo que se utilice para la entrega de las caletas, pero en términos generales lo que se quiere es implementar y cumplir con este acuerdo”. Pero el Director del Cerac, Jorge Restrepo, dice que esa ampliación no alcanzará, pues son más de 900 caletas. Por lo pronto, Carlos Lozada, vocero de la guerrilla, dijo el viernes que el cálculo es de tres meses más, para poder desarrollar toda la logística que implica la operación,

Según Jorge Restrepo, la aprobación por parte del Legislativo de las leyes y decretos que se requieren para la construcción de la paz “ha operado bien”. Sin embargo, llama la atención sobre el detalle de que la Corte Constitucional aún no ha examinado gran parte de esas medidas, ya que ese alto tribunal tiene la misión de “garantizar que el Gobierno no se esté excediendo en sus facultades” y que las reglas de ese trámite parlamentario se estén cumpliendo. “Creo que ha operado muy bien y a tiempo, con las demoras que son usuales en términos de construir esos nuevos proyectos de ley, teniendo en cuenta que es un mecanismo que nunca se había probado en Colombia”, agrega.

Lo cierto es que a menos de un mes de que se termine la vigencia de este mecanismo legislativo especial, en el Congreso avanzan con lentitud cuatro iniciativas. Una de ellas es la que le otorga derechos políticos a las Farc para que se constituyan en partido político. Ya fue aprobada por ambas cámaras, pero aún falta la conciliación.

Más demorados están el que busca modificar las regalías del país para destinar cerca de un billón de pesos a la construcción de carreteras de tercera categoría, que apenas va por la Comisión Primera de la Cámara, y los que apuntan al mejoramiento de la calidad y el acceso a los productos del campo, y de la vivienda rural, que no despegan de las comisiones quintas de Senado y Cámara. Al igual que la reforma política, tendrán que ser discutidos y aprobados en la segunda etapa del ‘fast track’ que pedirá el Gobierno.

Aunque se había advertido, la implementación de los acuerdos ha estado ensombrecida también por la muerte de líderes sociales. Solo en marzo ocurrieron 14 casos, siendo, para Ávila, “el lunar más negro; que maten en Colombia un líder cada cuatro días, así no se hace democracia”.

A su vez, ‘Catatumbo’ dice: “Ya van dos camaradas y siete familiares inmolados en menos de un mes...”.

Y Guarín llama la atención sobre el hecho de que las muertes han ocurrido en zonas donde “hay minería criminal y cultivos ilícitos”.