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Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional. | Foto: Foto: Colprensa

"La apuesta en lo que resta del Gobierno está en el posconflicto": Director de Planeación

Vamos a garantizar recursos para proyectos en el campo y en vías ruruales, dice el nuevo director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía. Gran expectativa.

4 de junio de 2017 Por: Arcadio González Ardila / Colprensa 

Luis Fernando Mejía Alzate es el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación y dice con firmeza que su eje de trabajo se dividirá en tres frentes, esencialmente: depuración del Sisben, reforma de las regalías y competitividad.

¿Al Sisben lo están depurando hace tiempo, qué vendrá ahora?


Hay dos instrumentos básicos de esa estrategia. Uno es la depuración para detectar los colados, ya hemos depurado 370.000 personas. Antes la depuración la hacían los alcaldes, ahora un Decreto de Presidencia le permite al DNP depurar la base de datos cuando existen inconsistencias.

El otro componente es el rediseño del Sisben, el Sisben 4.0 que es una nueva metodología para que este instrumento esté focalizado a las personas de más bajos ingresos y más vulnerables.

Para hacer el nuevo vamos a hacer un barrido censal en todo el país, son más de 150 municipios que vamos a censar desde julio y esperamos a final de 2019 tener un censo completamente nuevo.
Buena parte de la información que hay en el Sisben es de 2010, pero las personas han cambiado sus condiciones de vida y esa información no se ha visto reflejada.

¿Está en mora la revisión de ese programa?

Pues hay unos tiempos de ley que se han venido cumpliendo, infortunadamente vienen las elecciones y eso nos obliga a parar durante seis meses el proceso de barrido. Pero el censo de algunos departamentos lo iremos cerrando poco a poco, no tenemos que esperar hasta 2019.

¿En 2019, cuando esté toda la información, qué se puede esperar del Sisben?


La ley nos habilita para que la estrategia del Sisben se revise cada tres o cuatro años. Así, lo que se puede esperar es un instrumento realmente focalizado en personas de más bajos ingresos y vulnerables, acorde con las nuevas realidades económicas del país.

¿En relación con el tema pensional, habrá subsidio a las pensiones más altas?

Tenemos un diagnóstico interesante sobre todos los subsidios del Estado que representan alrededor de nueve puntos del PIB, eso no necesariamente es malo.

En el tema de pensiones hemos encontrado que más de 70 % del gasto que hace el Estado le está llegando al 40% más rico de las pensiones más altas.

Por eso el año pasado presentamos un proyecto de Ley Orgánica que busca ordenar los elementos de calidad, focalización y pertinencia que debe tener un programa de subsidios estatales.

¿Eso implicará una nueva reforma pensional?


Lo que se plantea son procedimientos para la creación de nuevas leyes de subsidios. Después vamos a hacer una evaluación sobre las acciones para reforzar algunos de los subsidios que ya existen. En eso seguramente el país va a tener que hacer un debate importante sobre el tema pensional, pero eso no hace parte de esta nueva ley.

¿Qué proyecta en materia de competitividad y otros frentes?

La visión global son temas de productividad, competitividad y cierre de brechas. Eso se implementa a través de estrategias transversales y otras territoriales. Entre las primeras, lanzamos la Misión Logística para revisar los cuellos de botella que hoy les genera a las empresas.

Es un tema transversal que incluye a la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera y el Ministerio de Comercio.

En relación con el tema de regalías le puedo decir que de los diez mil proyectos para 2018 ya tenemos 7600. En el análisis de mejorar el proceso de estructuración y ejecución de proyectos territoriales tenemos los Programas Tipo, que son vías terciarias, colegios, escuelas, infraestructura social.

Otro es el Contrato Paz, que tiene como propósito articular fuentes de financiamiento como Presupuesto General de la Nación, entidades territoriales y recursos de Regalías con énfasis en las líneas estratégicas de cierre de brechas sociales en los territorios. Básicamente es la infraestructura social.

¿Cuáles hacen falta?

El componente más importante es la infraestructura social que incluye transporte, vías terciarias, carreteras, procesos de desarrollo y programas productivos, entre otros.

¿La construcción de vías, especialmente las rurales o terciarias, hacen parte de los planes que se tienen para el tema del posconflicto?


Son varias estrategias, hay un componente de infraestructura, en especial lo que tiene que ver con vías terciarias, acueductos, alcantarillados y viviendas. Pero también hay otros temas importantes, por ejemplo un componente de justicia.

Entre ellos las casas de justicia. Otro componente importante es el de desarrollo productivo. Es que el posconflicto no es solo infraestructura, también es desarrollo productivo, acceso a la justicia, etc.

¿Es necesario reformar el sistema de regalías?

El tema que se está discutiendo.

En regalías se han hecho reformas importantes. Antes teníamos casi 1090 Ocad municipales (órganos colegiados de administración y decisión) que generaban gastos administrativos y multiplicidad de macroproyectos que no tenían impacto regional importante.

Ahora bajamos a menos de 200 subregionales, y esto genera eficiencias administrativas con proyectos más importantes.

Frente a los recursos que vamos a destinar a vías terciarias, estamos hablando de fondos acumulados. La idea es tener más o menos un billón de pesos. Esto es fundamental porque vemos que los municipios con más deficiencias en vías terciarias tienen atrasos en lo económico y social. Las vías terciarias son fundamentales para conectar los centros de producción con los urbanos y, por supuesto, con los puertos de exportaciones.

¿Para qué sirve reducir el número de los Ocad?

Eso nos permite concentrar proyectos estratégicos con una visión más regional.

Otro es el Ocad para la paz que está en un proyecto de acto legislativo en el Congreso. Allí se plantea utilizar recursos por un billón de pesos en vías terciarias en municipios con mayor incidencia del conflicto armado y en municipios con altas brechas económicas y sociales.
Entonces, en estos quince meses que faltan vamos a canalizar estos saldos en inversiones más eficientes.

¿Qué destino van a tener los recursos que se van acumulando vigencia tras vigencia?

Son saldos para que las regiones los gasten, es plata que no se pierde, y en la medida en que hagamos esos ajustes esos saldos van disminuyendo en el tiempo. Este ya es el segundo año de las administraciones locales, generalmente es un año lento porque apenas están perfilando sus Planes de Desarrollo, ya han definido sus hojas de ruta.

¿Qué impacto va a tener el fin del conflicto armado en el crecimiento económico del país?

En los últimos tres años hemos retomado el rol como ‘tanque de pensamiento’. Uno de los primeros estudios que presentamos fue ‘Dividendos Económicos de la Paz’. La experiencia de otros países que tuvieron periodos de posconflicto indica que el crecimiento económico en los siguientes cinco años después de la firma del acuerdo de paz es en promedio de 1,5 % adicional.

En Colombia las potencialidades para ese eventual ‘Dividendo de la Paz’ está en tres sectores importantes: agropecuario, construcción y turístico.

¿En qué quedaron las siete locomotores del desarrollo que había anunciado el Gobierno?

Algunas de esas locomotoras se descarrilaron por motivos ajenos a nuestra voluntad, por ejemplo la locomotora minera, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo.

En temas agropecuarios esperamos que con el ‘Dividendo de la Paz’ se reactive esta locomotora. Tal vez donde todavía tenemos una duda importante es en la locomotora de la Innovación, en donde se dieron recursos a través de la reforma a las regalías, pero todavía no hemos podido ejecutar proyectos de impacto.

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