Jóvenes ayudan a construir el posconflicto en las montañas del Valle

Guadalajara de Buga es conocida en toda Colombia por su hermosa Basílica del Señor de Los Milagros, pero muchos ciudadanos no saben que su zona rural ha sido golpeada por el conflicto armado, al igual que otros municipios del Valle del Cauca.

Hace 16 años, en la vereda Alaska (corregimiento de La Habana) hicieron presencia hombres del frente Víctor Saavedra de las Farc y al poco tiempo llegaron los paramilitares del Bloque Calima en busca de ‘colaboradores’ de la guerrilla.

Fue así como el 10 de octubre de 2001, unos 60 hombres camuflados, con armamento largo y logos de las AUC mataron a 24 personas, entre ellos a dos menores de edad.

La historia la cuenta entre lágrimas Anyi Pineda Carvajal, una bogotana de 24 años próxima a graduarse como socióloga de la Universidad de Nariño, en Pasto, que vino al Valle a hacer parte del programa Manos a la Paz, que la Alta Consejería para el Posconflicto y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, realizan desde el 2015.

Aunque la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por la masacre de Alaska, aceptar el perdón no es algo fácil para la gente de la comunidad y Anyi ha sido testigo de ese renacimiento que se vive en las lejanías de la capital vallecaucana.

A principios de febrero, ella y otros 53 jóvenes de diferentes universidades y lugares de Colombia llegaron a 24 municipios de la región para aportar desde su profesión a la construcción del posconflicto en esta parte del país.

Cuando Anyi conoció la zona rural de Buga, supo que el perdón es una virtud de las víctimas y que para otros es una carga eterna de resentimiento que deja heridas abiertas.

“Hace solo cuatro años no se podía ni siquiera subir al corregimiento por la presencia de la guerrilla. Cuando llegué, lo primero que sentí fue un ambiente tenso con símbolos de muerte, pero las personas lo llenaban de sentido y poco a poco se acercaban a nosotros para contar sus historias”, cuenta al recordar también a doña Mary, como le dice ella, una de las madres que perdió a su hijo en la masacre y con quien compartió durante cuatro meses.

“Ella tenía sus dos hijos pequeñitos cuando sucedió la masacre. Uno de ellos murió y el otro quedó vivo y no baja nunca de la vereda porque al ver al batallón se inunda de resentimiento. Él siente que quienes mataron a su hermano siguen ahí. Se ven las dos caras: la de una madre que perdona y la de un hermano que no olvida”, relata Anyi.

Doña Mary es la imagen que le quedó a la joven pasante impregnada en el alma tras su trabajo en las montañas de la Ciudad Señora. “Ella terminó enseñándome más a mí que yo a ella, esa mujer todos los días trabaja por la paz, con la esperanza de que las cosas mejoren a pesar de haber pasado por tantas tragedias”.

Tras ser declarada como zona roja por la presencia de los grupos armados, Alaska empezó a vivir las consecuencias: la producción agrícola se perdió, no había inversión para los campesinos, la escuela se convirtió en símbolo de desesperanza y cualquier persona que vivía en ella era tildada de guerrillera o de paramilitar.

Durante esos cuatro meses Anyi puso en funcionamiento el Plan Integral de Reparación Colectivo, Pirc, que hace parte de las medidas que plantea la Ley 1448 de 2011, expedida por la Unidad de Víctimas.
“Nosotros somos hijos de la guerra, no queremos repetir historias, y los jóvenes somos la generación que debe impulsar al país”, dice la joven, que volverá a Pasto a recibir su diploma y a trabajar en cine como medio de transformación social de la realidad colombiana.

Al igual que Anyi, Camila Alexandra Contreras, de 20 años, también bogotana, llegó al Valle del Cauca para ayudar en la construcción del modelo de paz y territorial, pero su destino fue el Norte.

“Estuve en Ansermanuevo, y el norte del Valle es diferente por su influencia paisa y cafetera; es zona receptora del conflicto, donde hay personas desplazadas y mujeres que fueron abusadas por paramilitares que viven un proceso de resiliencia admirable”, cuenta la futura socióloga de la Universidad Santo Tomás.

Luis Fernando Jáuregui, en cambio, estuvo en la zona montañosa de Pradera. “Soy un convencido de que hay que transformar la realidad en la que vivimos, la que heredamos, que ha sido una herencia conflictiva”, dice a sus 26 años y próximo a graduarse de Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Norte de Santander.

Al relatar su experiencia como pasante, dice que en ese municipio hay muchos desplazados del Litoral Pacífico a quienes les enseñó la ruta de atención a las víctimas. También cuenta que aunque muchos no se atreven a declarar ante las autoridades los atropellos que han sufrido, pues apenas están saliendo del miedo, lo más preocupante es que pocos campesinos se sienten orgullosos de serlo y se están trasladando a las ciudades.

“La zona rural de Pradera se está quedando sola, mi trabajo fue sembrar la semilla de la importancia del campesinado, y qué mejor manera de hacerlo que con los niños de una de las escuelas del corregimiento El Retiro”, narra quien ahora cree aún más en la paz: “Indudablemente, haber estado en Pradera hizo que reafirmara que la paz es el camino; no hay que retroceder, yo tengo una hermanita de 5 años y solo sueño que ella tenga un país en paz”.

3948 estudiantes de todo el país se postularon al programa Manos por la Paz.

Solo 2396 fueron certificados como pasantes por sus universidades.
1711 estudiantes presentaron las pruebas psicotécnicas requeridas.

En Cali se postularon 171 universitarios para el nuevo periodo, que va de agosto a noviembre de este año.

El 23 de junio se escogerán los 300 admitidos.

Los jóvenes del Valle del Cauca trabajarán en Cauca, Nariño, Guajira, Chocó y César.

En el primer semestre del 2016, al Valle solo vinieron cinco pasantes.
En el segundo semestre de ese año ya fueron 24.

Entre febrero y mayo del 2017, 54 jóvenes trabajaron en las zonas del Valle más afectadas por el conflicto armado.

Los jóvenes impulsaron proyectos de desarrollo sostenible en medio ambiente en municipios como Dagua y Buenaventura.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, en convenio con la Gobernación del Valle del Cauca, creó un modelo de gestión territorial para la visibilización y construcción de iniciativas y estrategias de paz aplicable al departamento.