"Hay una politización y polarización del proceso de paz": Érika Guevara

Tras cumplirse un año de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc son muchos los problemas que se han presentado para la implementación del mismo.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, señaló que el país está viviendo una encrucijada con la implementación del Acuerdo, en parte, por la falta de presencia estatal en las zonas que fueron dejadas por las Farc tras su desmovilización y por la reorganización de grupos paramilitares y presencia del ELN, que están llegando a estas áreas para hacer un control territorial.

¿Cómo ve la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc ?

Para Amnistía Internacional el proceso de paz con las Farc y el Gobierno ha sido un momento histórico y esperanzador, en donde teníamos la expectativa de que la primera fase de implementación se enfocara en la protección de las comunidades que han estado afectadas por la guerra.
Lamentablemente, hemos visto un reacomodo de otros actores armados como la expansión territorial del ELN, pero sobre todo una reorganización de los grupos paramilitares que están operando y tomando el control territorial, que tuvo que ser recuperado por el Estado cuando las Farc se desmovilizaron.

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Seguimos viendo que hay regiones en un contexto de conflicto armado activo, desplazamiento de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos, sobre todo en el Chocó.

La violencia sexual que sigue y el confinamiento que se da en estas comunidades por minas antipersonal, que terminan atrapándolos en ciertos espacios y cuyos derechos básicos siguen siendo vulnerados porque el Estado no ha aparecido.

¿Qué opinión tiene frente a la JEP?

El tema de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puede ser una importante oportunidad para que el Estado garantice los derechos de justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado de más de 50 años. Lamentablemente esta se ha convertido en el gran obstáculo, porque se ha politizado y polarizado.

Hemos escuchado de las comunidades la gran expectativa de que esta justicia pueda reparar el tema histórico de impunidad que ha existido y que ha ensombrecido el derecho a las víctimas y sobre todo a que estos actos, que han violentado los derechos humanos, no se repitan.

Es importante que los derechos de las víctimas se antepongan a cualquier interés político y económico que puede haber detrás de la implementación del proceso, esperamos que la JEP pueda ser esa oportunidad, pero vemos que se ve secuestrada por realidades que van más allá de las que están viviendo las comunidades.

¿Esta justicia traerá impunidad?

La justicia va a traer impunidad en la medida en que la impunidad siga siendo la regla en el país. Independientemente de la JEP, existe una justicia ordinaria y una tradicional dentro de los pueblos indígenas y afrocolombianos que se han visto afectados por el conflicto y el abandono del Estado. Así que cualquier mecanismo que se establezca para garantizar esa verdad y justicia tiene que tomar en cuenta las voces de las víctimas en términos de la implementación.

¿Qué hacer frente a los cuestionamientos de la Corte Penal Internacional a la JEP?

Han sido cuestionamientos importantes, cualquier justicia en un proceso de consolidación de una paz tiene que tomar los derechos de las víctimas y, sobre todo, garantizar un mecanismo que esté acorde a los compromisos internacionales en derechos humanos que tiene Colombia y con las experiencias que existen de otros países respecto a la justicia transicional. Consideramos que la JEP tiene que ser un espacio para garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas, esperamos que el proceso no sea un obstáculo sino que se convierta en el camino para garantizar la justicia.

Tras la firma del Acuerdo de Paz se ha notado una disminución en el número de muertos que se presentaban en el conflicto armado...

Ese sin duda es un logro importante de la desmovilización de las Farc, pero lamentablemente eso no ha dado fin a un conflicto que ha desangrado a comunidades enteras. Hoy vemos reorganización de otros grupos armados que están tomando el control de territorios dejados por esta guerrilla, entonces hay una disputa territorial en donde han aparecido grupos paramilitares como en el Chocó y en otras regiones, que han sido utilizadas estratégicamente para el tráfico de drogas.

En la medida en que el Estado no ocupe el vacío que dejó la desmovilización de las Farc se están poniendo en vulnerabilidad y riesgo a las comunidades. Es cierto que hay una disminución en las muertes de civiles, pero por otro lado se está incrementando la vulnerabilidad para que en situaciones de disputa nuevamente las poblaciones se vean atrapadas entre actores del conflicto.

El Estado se ha casado con la idea de que estos grupos se desmovilizaron y desaparecieron y ahora existen grupos de crimen organizado, cuando la realidad es que estas estructuras se han fortalecido, como en los grupos gaitanistas que operan en varios departamentos y que están ocupando un importante espacio de influencia política y control territorial.

¿Qué efectos ha dejado el primer año del Acuerdo de Paz?

Sin duda la propia firma del Acuerdo abrió la esperanza para muchas comunidades azotadas por el conflicto y para estas personas es necesario que el acuerdo sea una realidad para cambiar sus vidas. Sin embargo, todavía falta trabajar en los derechos a la educación, salud y trabajo, y en la medida en que no se atiendan de forma integral las necesidades de estas comunidades, estas se ven obligadas a participar en actos ilícitos y por eso es muy difícil que sientan que son parte del proceso.

¿Está fallando el Gobierno Nacional en la implementación del Acuerdo?

Le ha fallado a estas comunidades y ha centrado sus esfuerzos en generar instituciones y leyes que hoy en día no han traído un cambio significativo en la vida de las personas. Hemos recogido testimonios en el Chocó en donde las personas siguen sufriendo violaciones a los derechos humanos, porque el Estado no está fortaleciendo su presencia, que por cierto ha sido nula y no ha generado procesos de confianza con la gente.

¿Qué piensa de la oposición que se ha hecho al proceso de paz?

Lo que vemos es una alta politización y polarización del proceso de paz en su conjunto, en donde ciertas fuerzas políticas y económicas están utilizándolo para sus fines personales y esto es preocupante. Esto se refleja en una desconfianza de la sociedad, no solo de los sectores más establecidos sino en los populares, y precisamente se da por la desinformación y la manipulación que se genera en un proceso de esta naturaleza. Esa ha sido una falencia del Gobierno de no poder generar campañas de información de lo que significa el acuerdo con todos sus capítulos.

Hablemos de los ataques contra defensores de derechos humanos...

Vemos con gran preocupación que en la implementación del Acuerdo de Paz la violencia está siendo dirigida a los defensores, en donde el Estado no está haciendo un reconocimiento público de la importante labor que desempeñan y se niega que exista una tendencia sistemática no solo de los asesinatos, sino también de cientos de amenazas y ataques que provienen de los grupos armados y de algunas fuerzas estatales.

¿Por qué atacan a estos líderes?

Tenemos que entender que las causas estructurales que han alimentado un conflicto armado de más de 50 años están muy vinculadas a la protección del interés económico de una minoría, ya sea a través de economías ilícitas como el trafico de drogas, la minería ilegal, pero también la legal, como las empresas nacionales y multinacionales que se han beneficiado del conflicto, ocupando territorios de pueblos indígenas, campesinos y de afrodescendientes, generando desplazamientos forzados masivos que todavía continúan en muchos departamentos.

Pareciera que el Estado está priorizando el interés económico de una minoría en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías y en la medida en que no se atiendan de forma estructural las causas que han generado tanta muerte y sufrimiento en las comunidad a lo largo de este conflicto, va ser muy difícil que esta paz pueda ser sostenible y duradera.

¿Cómo está el país en materia de derechos humanos?

La situación está muy vinculada al conflicto armado, pero no es exclusiva de este contexto, si bien es cierto que durante las negociaciones de paz se ha venido presentando un aumento en los ataques a defensores de derechos humanos en una violencia dirigida y sistemática. Hay una situación de conflicto, pero a la par hay una gran desigualdad y discriminación que han ido aislando a las poblaciones del ejercicio de derechos básicos, como La Guajira, donde comunidades indígenas no han sido atendidas por el Estado.