¿Habrá pacto político en el Congreso para dar vía libre a un nuevo acuerdo de paz?

La Corporación deberá implementar el texto que salga de la renegociación entre el Gobierno y las Farc tras los aportes de los líderes del No y otros sectores.

Es  costumbre que cada año, al hacer el balance del Congreso de la República, se asegure que ha cumplido un periodo legislativo histórico, pero realmente el que se vive en la actualidad marcará momentos definitivos para consolidar el cumplimiento de los acuerdos de la terminación del conflicto armado con la guerrilla de las Farc.

Este escenario se hizo más complejo desde el pasado 2 de octubre, cuando el voto del No se impuso en el plebiscito refrendatario, lo cual llevó a que se renegociara lo pactado entre Gobierno y guerrilla, pero a la vez dejó sin piso la validez del Acto Legislativo de la Paz, el cual le daba al Congreso un mecanismo de trabajo especial —denominado ‘fast track’— para que aprobaran de forma rápida las leyes y las reformas constitucionales que se necesitan para implementar lo negociado.

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También se cayeron las facultades especiales que le había dado la misma Corporación al presidente Juan Manuel Santos, para que completara esa normatividad que diera vigencia a los acuerdos.

Sin embargo, el Mandatario no cerró la puerta y esta semana durante su visita de Estado por el Reino Unido, recordó que mantiene la facultad  de implementar el acuerdo a través del Congreso “y luego podremos comenzar a recoger los beneficios que aporta la paz”.

Agregó que no quiere que un solo punto se quede “sin discutir, sin conversar” o, incluso, que sea considerado rechazado, y planteó diferentes alternativas como presentar un acuerdo ante el Congreso o preguntarles a los  más de 1100  municipios  si quieren o no aprobar el acuerdo.

Y aunque el Jefe de Estado dijo que tomará esa decisión una vez tenga el acuerdo, ya son varias las ideas que rondan a los parlamentarios.

Que haya un acuerdo

El expresidente del Senado, Luis Fernando Velasco Chávez, vislumbra tres escenarios en los cuales el Congreso puede llegar a lograr una pronta reglamentación del nuevo texto que convengan las partes en La Habana.

“Tenemos un escenario, que se logre hacer acuerdos con algunos sectores y no con todos; uno pensaría que en ese espacio queda la opción del Congreso y el plebiscito. La dificultad que veo es que el plebiscito polariza, aunque en el Congreso hay una fuerza política que tramitaría las reformas”, indica el dirigente liberal.

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El peor de los escenarios, según Velasco, es que no haya ningún tipo de acuerdo. “En este vuelven las opciones del Congreso, pero (igual) el plebiscito sería muy grave porque polariza. Nadie puede prever un resultado, máxime si los jefes de debate del No van a hacer lo mismo de la campaña pasada”.

El parlamentario  dice que “el otro espacio, que no me quiero imaginar, es un Congreso tratando de sacar o implementar acuerdos con una oposición fuerte, que a punta de reglamento volverán infinito el debate”.

Frente al fallo posible de la Corte Constitucional, sostiene que depende de lo que se decida para saber si se revive el ‘fast track’.

Velasco, incluso, analiza que se puede dar una vía intermedia, unos acuerdos mínimos entre todos, es decir, que el nuevo texto incorpore unos cambios que se hayan concertado, aunque en otros aspectos no se haga modificación alguna.

El expresidente del Congreso dice que hay temas que desde lo legislativo podrían avanzar, como por ejemplo la amnistía que se requiere para los guerrilleros, pero que asuntos como la justicia transicional, la reforma  para la participación en política y la asignación de curules a los jefes guerrilleros  obligan a enmiendas a la Constitución de 1991.

Sin embargo, semanas atrás y con el resultado del plebiscito en caliente, José Fernando Flórez, especialista en derecho constitucional de la Universidad de Externado de Colombia, dijo que ese trámite tendría que ser integral, puesto que  si se adelantan iniciativas sin proyectos o reformas que complementen el proceso, no funcionaría. 

Un ejemplo de ello es la ley de amnistía que propone el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. “Eso es  inviable. Hay que descartarlo de entrada, porque de lo que se trata aquí es de firmar el acuerdo final y este tiene un componente integral de justicia. Toda la Jurisdicción Especial de Paz”, dice refiriéndose a esa propuesta, que ahora plantea Velasco.

“Uno no puede recurrir a leyes viejas, fragmentarias, eso solamente acabaría de empeorar las cosas. A mí eso me parece descabellado. Una ley de amnistía en los términos ordinarios que hay solo cubriría  a los guerrilleros rasos, pero la élite de las Farc no se vería cubierta porque quienes estén implicados en delitos atroces no pueden recibir amnistía”, precisó en su momento el jurista.

Respecto a la refrendación, el senador Velasco indicó que un escenario adicional, como los cabildos abiertos, no sería el mecanismo idóneo para lograr su refrendación.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Primera del Senado, el palmirano Carlos Fernando Motoa, quien, frente a los escenarios de la implementación,  indica que lo único claro es que las reformas que se requieren toca hacerlas con base a la normatividad actual.

Es decir, según Motoa, las leyes requerirán de las cuatro vueltas y en algunos casos se podrá convocar a una discusión por la vía del mensaje de urgencia, en tanto que las reformas constitucionales obligan a que tengan los ocho debates, es decir un año.

“Es el único paso que existe hoy con la reglamentación que hay. No se puede dar un ‘fast track’, a menos que se lleve a un plebiscito”, plantea el senador.

Sostiene que sí es necesario lograr un pacto entre los partidos para discutir rápidamente las normas que presente el Gobierno, aunque lamentó que no se hayan presentado mucho antes estas propuestas, debido a que se ató el trámite de las mismas al triunfo en el plebiscito.

Una visión más de expectativa frente a lo que debe hacer el Congreso de la República en la reglamentación tiene la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien considera que es “necesario esperar a que se dé el fallo de la Corte Constitucional sobre si está vigente el ‘fast track’”.

Lozano sostiene que sí es necesario llegar a la discusión de esos proyectos con un nivel mínimo de consenso político.

Las demandas en la Corte

El denominado Acto Legislativo para la Paz se encuentra en este momento en su discusión de legalidad en la Corte Constitucionalidad, en donde se tramitan en especial dos demandas.

Una, que relativamente está más avanzada, es la del exconstituyente y abogado Jesús Pérez González, quien en su alegato pide al máximo tribunal tumbar lo referente a ese mecanismo del ‘fast track’. 

Esta demanda ya tiene un concepto de la Procuraduría General de la Nación, que comparte su  planteamiento. No obstante, su estudio por parte de la Sala Plena aún no se  ha programado.

La otra acción, en la cual están centradas las esperanzas de muchos sectores, en especial el Gobierno Nacional, es la que presentó el senador del Centro Democrático Iván Duque, en la cual se reclama como inválido al plebiscito, pero que dejaría en firme esta figura del trámite legislativo especial.

La Corte Constitucional tiene previsto llevar sus sesiones de trabajo hasta el 11 de diciembre próximo y luego se declarará en vacancia judicial hasta la segunda semana de enero de 2017. 

Lo anterior llevaría a que cualquiera de estos dos fallos se emitan antes de salir a vacaciones.

Acuerdo pasa a cónclave: Santos

Tras una reunión de más de tres horas con el equipo negociador con las Farc, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el nuevo acuerdo con esa guerrilla se hará sin levantarse de la mesa, para lo cual anunció una nueva metodología.

“Para abordar los 57 temas de manera rápida y eficaz, con atención y cuidado, he dado instrucciones para que el equipo negociador del Gobierno trabaje en modo cónclave, en grupos temáticos simultáneos, sin levantarse de la mesa hasta alcanzar un acuerdo”, dijo en declaración en la Casa de Nariño.

Indicó que durante el tiempo que dure ese proceso, “mantendremos abiertos los canales de comunicación con los diferentes sectores que participaron en el diálogo nacional. Estoy convencido de que lograremos llegar a un mejor acuerdo, que recoja las aspiraciones de la inmensa mayoría de los ciudadanos”.

Santos anunció que desde el viernes están en La Habana el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, Yesid Reyes y Roy Barreras, para “avanzar con dedicación absoluta hacia ese objetivo, mientras Humberto de la Calle y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo viajan a acelerar el ritmo de trabajo.

“En esta última semana el traba- jo fue más intenso. –hasta más de 10 horas diarias– se trabajó punto por punto para revisar las propuestas, precisarlas y acercar visiones y opciones de modificaciones, ajustes y precisiones a puntos críticos del acuerdo”, añadió sobre las reuniones con los sectores del no.

Resaltó avances significativos sobre la reforma rural integral para fortalecer y reiterar el respeto a la propiedad privada y las garantías para todos. “Se avanzó en el perfeccionamiento de la Jurisdicción Especial para las Paz, a fin de hacer ajustes en la dirección propuesta, y teniendo en cuenta las opiniones de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”, sostuvo.

“Muchos de los temas son menos complejos de resolver. Otros, más difíciles. Todos serán objeto de discusión detallada con las Farc. El equipo negociador del Gobierno Nacional ha mantenido una línea de comunicación permanente con la delegación de las Farc, y se ha avanzado en el trabajo de revisión de los puntos de ajuste y de las precisiones sugeridas. Es necesario ahora concentrar todos los esfuerzos en los puntos más complejos para lograr un nuevo acuerdo con las Farc en el menor tiempo posible”, concluyó. (Colprensa)