Gobierno y Farc anuncian mecanismo para blindar lo pactado en La Habana

Las partes llegaron a un acuerdo este jueves, con el cual buscan elevar los acuerdos a nivel de un tratado internacional para blindarlos y poner fin a la guerra.

El Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc anunciaron un mecanismo para blindar jurídicamente los acuerdos de paz que se negocian en La Habana, Cuba.

Según explicó el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, las partes firman en La Habana un acuerdo político pero para darle solidez y estabilidad en el tiempo se requiere de medidas adicionales. Para ello, como primera medida, se elevará a la categoría de Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra. 

De esa forma, se busca garantizar el respeto de los derechos humanos y "poner fin a la guerra". 

Lo anterior implica que lo pactado por Gobierno y Farc sea considerado como parte de los convenios de Ginebra, es decir que se ajusta al cumplimiento del respeto del Derecho Internacional Humanitario.

Sin embargo, esa categoría no es un tratado internacional ni tiene carácter jurídico, por lo cual se aplica la segunda medida: se requiere de una ley del Congreso de la República que apruebe el acuerdo final como Acuerdo Especial.

En tercera lugar, explicó De La Calle, el acuerdo final de los diálogos de paz ocupará un lugar privilegiado en el marco constitucional. "Ingresará al llamado Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto y con carácter transitorio".

"Es decir, servirá como parámetro de constitucionalidad para el desarrollo y la interpretación de las normas de implementación de los acuerdos", dijo.

De esta forma, añadió, "el Gobierno garantiza que cumple con la palabra empeñada. Y cumple, utilizando el más alto nivel jurídico, esto es, dándole al acuerdo final la relevancia extraordinaria que implica la terminación de la guerra, la apertura de una etapa de consolidación de la paz, y proponiendo formalmente al Congreso, que desde su legitimidad dictamine mediante el Acto Legislativo que se está discutiendo en estos momentos, que se apruebe este acuerdo".

En el mismo sentido, las Farc reconocen y aceptan que es el Congreso de la República donde se aprobarán las normas necesarias para la incorporación jurídica de los acuerdos. 

En cuarto lugar, "el procedimiento legislativo especial que está siendo discutido en el Congreso se aplicará para incorporar al ordenamiento constitucional, expresamente el acuerdo final y en particular el punto de Víctimas, acordado el pasado 15 de diciembre de 2015", precisó De la Calle. 

Por ser este un acuerdo especial y por la importancia en que las normas entren en vigencia lo más rápido posible, se plantea que la discusión del proyecto entre una y otra cámara será de 8 días; las votaciones serán únicamente para aprobar o desaprobar todo el texto, por mayoría calificada. Luego pasaría a sanción presidencial y publicación en diario oficial.

El Gobierno se compromete a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el acuerdo final para la terminación del conflicto cuando entre en vigor el presente acto legislativo.

De otro lado, la reforma constitucional llevaría a que la Corte Constitucional, en el control que debe hacer a esta reforma, sea único y automático, con lo cual se garantiza que se haga de forma inmediata y con prelación a otras sentencias.

Como quinta y última medida, las dos partes convinieron que el acuerdo final se entregará, inmediatamente tras su firma, al Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

"Habrá también una declaración presidencial ante el Secretario General de Naciones Unidas citando la resolución del Consejo de Seguridad del 25 de enero de 2016, para que ese organismo de la bienvenida a lo acordado y anexe a dicha Resolución del Acuerdo Final", dijo De la Calle.

Entre las medidas adicionales para darle validez a los acuerdos de La Habana, las partes pactaron llevar estos compromisos a una refrendación popular, mecanismo que aún no ha sido pactado.

Sin embargo, el Gobierno reiteró la voluntad de someter los acuerdos a una consulta popular y la Corte Constitucional está estudiando la ley que puso en marcha un Plebiscito para la Paz. Además, en días pasados, las Farc admitieron estar dispuestos a "consultarle al pueblo" los resultados de las negociaciones. 

"En todo caso, lo reafirmamos, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado. Esa decisión será la que desencadenará los desarrollos jurídicos antes mencionados", dijo el jefe negociador del Gobierno. 

También se anunció que avanzan los trabajos intensos en las fórmulas para convenir el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas, las zonas de ubicación transitoria de la guerrilla y el sistema de garantías para todo el pueblo colombiano.