Gobierno y Farc acuerdan la creación de Comisión de la Verdad

Dicha comisión tendrá la tarea, una vez se firme el acuerdo de paz, de esclarecer la verdad en torno al conflicto y la no repetición del mismo.

Los delegados de los países garantes del proceso de paz en La Habana, Cuba y Noruega, revelaron que el Gobierno y las Farc alcanzaron un acuerdo para la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que entrará a operar una vez se firme el Acuerdo Final de Paz. 

"El Gobierno Nacional y las Farc hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el acuerdo final, una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial", señala una declaración conjunta leída por el diplomático cubano Rodolfo Benítez, en el cierre del ciclo 37 de los diálogos de paz de La Habana.

Las partes "se comprometen a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario", añadió el texto.

Destacó que "sus actividades no tendrán carácter judicial ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella" y que "la información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio".

Según el Gobierno y la guerrilla, la comisión, que tendrá una duración de tres años más un periodo de preparación de seis meses, estará integrada por 11 miembros, que serán escogidos por un comité de siete personas nombradas por las partes. 

Lea aquí el documento que crea la Comisión de la Verdad, acordado por el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana. 

Frente al funcionamiento de ese organismo se pactó que “la Comisión será un mecanismo imparcial e independiente con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus funciones”. 

De la misma forma, se plantea que será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de tal forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera. Se le definió además a la Comisión que pondrá en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada para oír a las diferentes voces y visiones, las víctimas del conflicto tanto individuales como colectivas, y también de quienes participaron de manera directa e indirecta en el mismo. Se decidió igualmente que la Comisión tendrá un mandato nacional con enfoque de trabajo territorial, “con el fin de lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes territorios”. También están obligados a que “consulten las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones particulares de las personas en razón del sexo, género, edad, etnia, o situación de discapacidad, y de las poblaciones o sectores en condiciones de vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto, entre otras. Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres”. 

Operatividad

Frente a su coordinación, se indica que se dará con los mecanismos que se pongan en marcha para la implementación del Acuerdo Final. “La Comisión establecerá previamente procedimientos que aseguren a quienes participan en ella las debidas garantías, y un trato justo, digno y no discriminatorio”. 

Además se señala que los comisionados no estarán obligados a declarar en procesos judiciales, estarán exentos del deber de denuncia, y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas judicialmente. Sobre su seguridad se indica que la Comisión valorará las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades y coordinará, con las autoridades del Estado y la puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias. Se definió también que la Comisión tomará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor objetividad e imparcialidad posible para el desarrollo de sus actividades y “adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa que pudiera haber sido suministrada de mala fe a la Comisión”. Frente al tiempo, Gobierno y Farc indicaron que “para abordar los distintos elementos de su mandato la Comisión tendrá como ámbito temporal el período del conflicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro de éste prioridades de su investigación”. 

Miembros de la Comisión

Las partes decidieron que serán 11 los comisionados, los cuales saldrán de un proceso legitimidad, imparcialidad e independencia y serán postulados por todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de víctimas. 

Serán elegidos por una comisión tripartita conformada por seis integrantes del Gobierno y las Farc, y tres más de que personas u organizaciones que se acuerden en la Mesa. Para ser miembro de la Comisión de la Verdad se tendrá en cuenta la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos. Entre los escogidos podrá haber extranjeros, máximo tres. Quedó definido que el Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión. También se creará un Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final.