Gobierno pide a la Corte aval para la JEP

El Gobierno Nacional defendió este miércoles ante la Corte Constitucional, la pertinencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) con la que se busca aclarar los delitos cometidos en ocasión del conflicto armado.

En audiencia pública, los Ministros de Interior y Justicia y el alto Comisionado para la Paz expresaron la necesidad de que se le dé vía libre al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que fue aprobada a través de un acto legislativo en el Congreso de la República.

Sergio Jaramillo, comisionado de Paz, señaló que teniendo en cuenta que las Farc ya cumplieron con la dejación de armas, al Gobierno le corresponde cumplir con su parte.

El funcionario dijo que se necesita enfrentar el pasado, en unas bases de confianza, que permitan construir la paz, en un sistema que está dirigido no solo a las Farc sino a todos los que tuvieron responsabilidad en el conflicto, “entiéndase Fuerza Pública y paramilitares”, precisó.

Agregó que incluir a todos los actores permitió que las Farc aceptaran llegar a un acuerdo en el tema de víctimas y resaltó que para ello es la transición a través de la justicia y de la existencia de mecanismos de la Comisión de la Verdad: “No estamos ante un juego. No se trata de que lo que se gane en paz, se pierda en justicia, porque el objetivo de la justicia en una transición va más allá: es responderles a las víctimas en todos sus derechos, dar seguridad jurídica y contribuir a sentar el Estado de Derecho en todo el territorio”.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, le pidió a la Corte que avale la norma al estimar que contiene herramientas para poner fin al conflicto armado, y que necesitan entrar en marcha de manera efectiva lo más pronto posible.

Rivera sostuvo que asegurar un escenario que rompa los círculos de violencia del país es la mejor garantía de los derechos fundamentales y que en situaciones de conflicto es necesario a acudir a herramientas jurídicas nuevas como la JEP.

Mientras que Enrique Gil, ministro de Justicia, señaló que los instrumentos que se crean para implementar el proceso de paz son necesarios para el país y no sustituyen la Constitución Política como se ha dicho desde diferentes sectores: “Pone en su centro la satisfacción de los derechos de las víctimas e implementa la fórmula de justicia transicional acordada entre el Gobierno Nacional y las Farc. Por esta razón, la revisión debe dirigirse a que se cumplan los estándares de protección”.

Gil enfatizó que dichos derechos no solo se salvaguardarán con la verdad judicial, sino con la Comisión de la Verdad, en favor de las víctimas y conocer qué fue lo que pasó por lo que alabó las facultades de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

Y aunque el fiscal General, Néstor Humberto Martínez también dijo que con la justicia transicional se hace “tránsito a una paz sin impunidad”, sostuvo que es necesario aclarar qué va a pasar con las investigaciones en marcha que se originaron luego de que los magistrados de Justicia y Paz compulsaron copias en contra de agentes de la Fuerza Pública y civiles que financiaron a los ‘paras’.

El Fiscal se refiere a que el Acuerdo Final de Paz establece, por un lado, que estas compulsas deberán pasar a la Jurisdicción Especial de Paz y, por otro lado, crea una Unidad al interior de la Fiscalía para que investigue el crimen organizado para proteger a los defensores de derechos humanos, incluyendo a los residuos de los grupos paramilitares.

El viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés, le solicitó a la Corte Constitucional que apruebe el Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz.

“La Justicia Especial para la Paz es un mecanismo necesario para avanzar en la implementación de los acuerdos y en la construcción de una paz estable y duradera”, dijo.

Para Cortés, el análisis que haga la Corte debe tener en cuenta las particularidades del proceso de paz y las condiciones del tránsito necesario hacia la Paz.

De la misma manera, el funcionario señaló: “se ha solicitado que se eliminen los condicionamientos que existen para la participación del Ministerio Público en la defensa de las víctimas dentro del proceso de paz”, señaló.

La audiencia que continúa hoy en la Corte Constitucional con la participación de la Corporación Excelencia en la Justicia, la Comisión Colombiana de Juristas, la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Movimiento de Víctimas de Agentes del Estado, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Dejusticia y la Alianza Cinco Claves.