Extradición e investigaciones penales, los reparos del fiscal sobre la JEP

Extradición e investigaciones penales, los reparos del fiscal sobre la JEP

Agosto 24, 2018 - 12:51 p.m. Por:
Colprensa 
Néstor Humberto Martínez

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación.

Agencia EFE

El fiscal General de la Nación, por medio de una misiva de cinco puntos, dirigida al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, expresó su preocupación sobre las decisiones que se tomaron alrededor del proyecto de ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

El primero de los reparos del fiscal, coincide con las investigaciones que se realizan contra miembros del Estado y personas reinsertadas a la vida social, pues para Martínez, aunque el alto tribunal reconoce que la Fiscalía puede continuar con las investigaciones, habría una “lectura desprevenida” al anunciar que no se podrán realizar llamados judiciales a las personas que el ente acusador considere que incurrieron en una conducta ilícita. 

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“Podría dar lugar a que algunos operadores judiciales concluyan que por tal razón no sería posible citar a los reinsertados y agentes del Estado a entrevistas, interrogatorios, indagatorias y audiencias de formulación de imputación”, dijo en la carta el fiscal. 

Otro de los puntos que el fiscal consideró importante es la renuncia de las investigaciones penales a delitos graves cometidos en el marco del conflicto armado. Para el fiscal si bien es cierto que el Congreso de la República dispuso en el proyecto que, “en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos amnistiables”, el alto tribunal habría condicionado dicha decisión. 

En ese caso preciso, el jefe del ente acusador expresó algunos cuestionamientos, “¿es posible renunciar a la acción penal cuando se trate de crímenes de guerra que no sean cometidos de manera sistemática? (…) ¿podría interpretarse que con el mero juzgamiento de los máximos responsables queda liberados de responsabilidad penal los demás agentes del conflicto que no ostentan dicha condición?”. 

Por otro lado, en relación a la garantía de no repetición pactada en los acuerdos de paz, desde el ente acusador se tenía registro que si había alguna reincidencia en el mundo del crimen posterior a la firma de paz, sería la justicia ordinaria la que juzgaría, sin embargo, para el fiscal, el comunicado de la Corte, “parecería concluirse que la expresión “todos” (par 1 Art 20), desconoce los principios de gradualidad y proporcionalidad del régimen de condicionalidad”. 

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Martínez aseveró al respecto que “es necesario dilucidar si de conformidad con lo anterior, un beneficiario del sistema que comete nuevos delitos puede seguir recibiendo los derechos y beneficios de la JEP”. 

Sobre la extradición el jefe del ente acusador reveló que su preocupación es que en el territorio colombiano se eviten las órdenes de captura emitidas por la Interpol, por lo que dicha acción, al parecer, le impida al Estado investigar a las personas solicitadas por autoridades internacionales. 

“Que se sustraiga a Colombia de la imposibilidad de materializar circulares rojas de Interpol, en el marco global de la lucha contra el crimen (…) se asuma que la extradición le impide al Estado colombiano investigar y juzgar a los reinsertados extraditables, no obstante, la existencia de la profusa experiencia ha demostrado que el juzgamiento en el exterior no es compatible con el juzgamiento en el país”, dijo el fiscal.

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