Estos son los más y los menos del acuerdo de paz hasta hoy

Con un llamado de atención sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz, en especial la reincorporación y seguridad jurídica de los desmovilizados, la Fundación Paz y Reconciliación hizo un nuevo corte de cuentas al proceso de paz, donde destacó cómo el cese el fuego entre Gobierno y Farc ha contribuido a disminuir la violencia en el país.

De acuerdo con el documento ‘Así va la paz’, la ONG al evaluar la vigencia del cese el fuego bilateral sostuvo que el resultado es “ sumamente positivo”, ya que desde mediados del 2016, cuando se pactó, en Colombia se han salvado de morir o de quedar heridas más de tres mil personas en acciones relacionadas con el conflicto armado.

En el informe se señala que los indicadores de violencia en el 2016 tendieron a la baja. Es así como en “los 281 municipios priorizados para el posconflicto se pasó de 3507 homicidios a 3157”. Los secuestros también descendieron hasta llegar a cero y los niveles de extorsión bajaron.

León Valencia, director de la Fundación, aunque resaltó que los niveles de violencia siguen cayendo, advirtió que preocupa la falta de la presencia del Estado en muchas regiones donde estuvieron las Farc, lo que está permitiendo que otros grupos armados ilegales lleguen a ellos.

En efecto, de acuerdo con el estudio, pese a que hasta 2016 se presentó el descenso en varios indicadores de violencia, “lo cierto es que las zonas donde antes operaban las Farc han comenzado a ser copadas por organizaciones criminales, la guerrilla del ELN o sencillamente se presenta una situación de anarquía criminal”.

Esa situación, dice el documento, ha elevado la violencia homicida en algunos municipios, entre ellos Tumaco, en el departamento de Nariño.
“Las estructuras de las Farc operaron en 242 municipios, se esperaba que estos espacios fueran ocupados por la institucionalidad estatal, sin embargo, hacia estos territorios se han estado desplazando otras estructuras ilegales”, señala la ONG.

La expansión de los grupos armados organizados se ha dado especialmente en zonas donde hay actividades de economías ilegales: minería criminal y cultivos ilícitos.

Se destaca que el Clan del Golfo controla pequeñas estructuras bajo la modalidad de franquicias, lo que, según la investigación, “permite que la expansión de las estructuras criminales en las regiones no se produzca con altos niveles de violencia, no hay confrontaciones y se hace uso de la violencia de manera selectiva, de allí los altos niveles de victimización contra líderes sociales”.

“La situación de vulnerabilidad de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica. Los hechos de violencia contra esta población presentan un comportamiento con grados altos de sistematicidad. Las motivaciones de estas acciones estarían encaminadas en limitar la participación de líderes sociales en política, entorpecer procesos de construcción de verdad, restitución de tierras y defensa del medio ambiente”, sostiene el informe.

De acuerdo al monitoreo, desde el 24 de noviembre de 2016 al 11 de julio de este año se han registrado 181 hechos victimizantes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. De estos 55 son homicidios.

La ONG también constató en su investigación que solo hay una disidencia de las Farc propiamente dicha, la cual se está agrupando en el sur del país, en los de departamentos de Guainía, Vaupés, Guaviare, Meta y Caquetá y hoy contaría con 310 hombres.

Asimismo se detectó que otras expresiones son grupos de desertores que quieren “apoderarse de las rentas ilegales aprovechando el vacío de poder dejado por las Farc”.

En el estudio se reconoce que ya se empiezan a ver avances institucionales en seguridad, pues las Fuerzas Militares y la Policía han venido implementando una estrategia de despliegue en las zonas postFarc.

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“Este despliegue se realiza por parte del Ejército Nacional a través de 1080 puestos de mando y bases militares donde mantiene una presencia estable en todo el territorio nacional con cerca de 300.000 efectivos de las tres fuerzas; Militares, Armada, Aérea. De estos, 68.000 están desplegados en los 160 municipios priorizados de las zonas postfarc”.

En el documento se resalta que es preocupante el nivel de inseguridad para excombatientes y sus familias, y mencionan los cinco homicidios de hombres que pertenecieron a las Farc.

Igualmente se llama la atención sobre la grave la situación de presos de las Farc, que están a la espera de las amnistías, la falta del diseño de una estrategia del servicio de justicia para las zonas post-Farc.

El subdirector de la Fundación, Ariel Ávila, sostuvo que son mínimos los avances en la construcción de un nuevo modelo de reintegración de combatientes con asiento en el campo, de manera colectiva y liderado conjuntamente por el Estado y las Farc convertidas en partido político.

En el informe se destaca la finalización del proceso de dejación de armas de los integrantes de las Farc, donde la ONU certificó la dejación de 7132 armas que entregaron 6800 guerrilleros, “es decir, que hubo más armas que guerrilleros, un hecho sin precedentes en todos los procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo”.

Paz y Reconciliación asegura que de ahí que la dejación de armas de las Farc sea un hito porque la relación entre guerrillero y arma es de uno a uno, “cifra que seguramente va a aumentar una vez termine el proceso de recuperación de las armas ubicadas en las caletas”.