Estos son los cambios que plantean los promotores del No

Las propuestas de cuatro de los opositores al acuerdo de paz tienen coincidencias, pero también discrepancias.

Contrario al consenso que se logró entre los líderes del Sí en el plebiscito, los del No se unieron solo para ganar, pero no para hacer sus propuestas de renegociación. Cada uno de los sectores presentó su propio documento y ahora el Gobierno Nacional tendrá que establecer una matriz con las similitudes y diferencias de cada sector, para poder dialogar con las Farc. El martes, el jefe negociador Humberto De la Calle, viajará a La Habana, con la que sería la primera matriz. Colprensa analiza las propuestas del Centro Democrático, del expresidente Andrés Pastrana, de la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez, en los cinco  temas que más preocupan a quienes rechazaron los primeros acuerdos, con el fin de identificar similitudes y divergencias. Lea aquí los planteamientos del uribismo para destrabar el acuerdo de paz con las Farc. El modelo de justicia En el acuerdo firmado se creó la Jurisdicción Especial para la Paz.  Hay dos vías: uno para quienes cometieron delitos amnistiables y otro para los de lesa humanidad.  Quienes se sometan al tribunal y digan la verdad recibirán sanciones de restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años; quienes no lo hagan en un principio, pero luego confiesen, podrán recibir penas privativas en cárceles  entre 5 y 8 años; y quienes  no lo hagan recibirían penas de  15 a 20 años.  El modelo de justicia transicional  tiene una serie de salas y mecanismos, como  la Unidad de Investigación y Acusación y el Tribunal Especial de Paz,  máximo órgano integrado por magistrados colombianos y  extranjeros. Eliminarla Para el Centro Democrático  se deben constituir en la jurisdicción ordinaria las Cortes para la Paz, que tendrán varias salas. Y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sería el superior jerárquico, así como la segunda y última instancia de las mismas.  También pide la creación de una Fiscalía para la Paz para  luchar contra grupos criminales  y que tendría la función de investigación, postulación y acusación ante las salas de las Cortes de Paz.  Marta Lucía Ramírez pide crear la Sala Especial de Paz en la Corte Suprema de Justicia, con jueces nacionales e internacionales.Para el equipo del expresidente Andrés Pastrana, la Jurisdicción Especial de Paz es buena, pero deben agregarle tres mecanismos para que se articule con la justicia ordinaria:  1.“La última instancia y  recursos extraordinarios deben ser resueltos por una sala especial de la Corte Suprema. 2. Las  tutelas serán revisadas por la Corte Constitucional en última instancia, y 3. la administración de justicia debe estar a cargo de la Rama Judicial del Estado”. Pone un límite de dos años para que se abran procesos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz .  El exprocurador Alejandro Ordóñez   plantea que la justicia transicional tenga controles de  la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.  Y pide que solo la verdad y la entrega de toda la riqueza de   las Farc permitirían a los que se desmovilicen  acceder a la justicia transicional.  Sanciones El Centro Democrático plantea  un mínimo de 5 años y un máximo de 20 años de privación de la libertad. Si reconocen la responsabilidad, las sanciones irían de 5 a 8 años, por ejemplo, en granjas agrícolas. Y si no reconocen su autoría las sanciones irían de 15 a 20 años de privación  de la libertad. Las sentencias proferidas por  salas de juzgamiento podrán ser apeladas y la Cosa Juzgada no se debe tocar. Plantean también, que solo los particulares y miembros de la Fuerza Pública sean objeto de la competencia de las Cortes si se acercan de manera voluntaria; que los agentes del Estado tendrán un trato diferencial y que no se tendrá en cuenta para las Farc la responsabilidad según el orden jerárquico como se hace con las Fuerzas Armadas.   Marta Lucía Ramírez dice   que los responsables de delitos de lesa humanidad deberán tener penas de reclusión en “colonias penales agrícolas”, con  penas de 6 a 10 años “de los cuales serán efectivos entre 3 y 5, siempre y cuando confiesen la totalidad de las conductas y satisfagan  derechos de la víctimas. Y si los miembros de las Farc no confiesan su responsabilidad serán juzgados por la justicia ordinaria.Andrés Pastrana está de acuerdo con el tiempo de las penas pero con reclusión y    pide crear zonas rurales de transición. Las penas excepcionalmente podrían ser cumplidas en el exterior. Alejandro Ordóñez pide  sanciones sean adecuadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos. Elección de magistrados Según el CD, los  magistrados y jueces deben ser colombianos.Marta L. Ramírez propone   magistrados nacionales y extranjeros, ojalá provenientes de la CPI o con experiencia en derecho penal internacional. Andrés Pastrana pide jueces y fiscales colombianos, pero que se incluya la figura de Amicus Curiae, que permite la participación de terceros, incluso extranjeros, quienes tendrán participación en los juicios, pero no votarían. NarcotráficoLos acuerdos resaltan el cambio de enfoque para el tratamiento de los consumidores de drogas, pues  se ve como un problema de salud pública y se plantea intensificar la lucha contra organizaciones  del  narcotráfico.  Se da una mirada diferente a los campesinos  involucrados en la cadena  del negocio ilícito, por lo que se harán Planes Integrales de Sustitución de Cultivos, que liderará la Presidencia y que se  integrarán  a la Reforma Rural Integral. Esa sustitución será voluntaria, pero si no hay consenso con campesinos, habrá trato penal especial, y la erradicación, que  será manual –sin que eso implique la no aspersión, según Humberto De la Calle-.  Para todos los líderes del No debe haber una mención explícita o cerrar cualquier posibilidad de que el narcotráfico sea  delito conexo.El Centro Democrático dice que las Farc deben entregar toda la información del negocio ilícito, al igual que  Andrés Pastrana, pero él da  seis meses para eso tras firmar los acuerdos. Según Marta Lucía Ramírez, el acuerdo debe expresar que la actividad política de las Farc no se podrá hacer  con  dinero del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal. El Centro Democrático dice además que debe mantenerse el enfoque que ha tenido la lucha contra las drogas, pues se pueden buscar alternativas que vayan con la salud pública, derechos humanos, y demás. Piden incluir la aspersión aérea y no abrir la posibilidad de que se renuncie a la acción penal contra los cultivadores. Participación en política En el punto de participación política, en el acuerdo firmado se establece la creación del Estatuto de Oposición, para dar garantías a todos los partidos políticos. Se crea el Sistema Integral de Ejercicio de la Política para fomentar el respeto a la diferencia y prevenir la violencia, además de otros mecanismos de protección. Se establecen garantías para la movilización de las protestas. Se plantea el impulso de  medios comunitarios y acceso en general a los medios de comunicación, así como una reforma al sistema electoral. Y se crean 16 circunscripciones especiales para zonas del conflicto que no podrían ser ocupadas por candidatos de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. En el punto del Fin del Conflicto, se habla de  ayudas económicas para el partido de las Farc: por 10 años recibirían anualmente el 10 % de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de  partidos y movimientos políticos. Se les asignaría el 5 % anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de  partidos y ayudas en las campañas electorales.  Se les garantizan   cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Y se establece que  habría tres delegados de las Farc en Senado y tres para la Cámara, con voz pero sin voto y  tendrían un delegado en el Consejo Nacional Electoral. Protesta social El Centro Democrático plantea  que  las garantías son para la protesta social y política pacífica con fines de expresión ciudadana.Marta Lucía Ramírez dice que se debe agregar: “Los disturbios se tratarán con civilidad, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado”. Que participen en política pero... El Centro Democrático propone   la participación política de las Farc, pero el partido político  debe contar con los mismos recursos y herramientas de los demás partidos. Y no debe tener asiento en el CNE porque  muchas colectividades no lo tienen.  Sobre las vocerías transitorias de  las Farc, piden que no sean personas relacionadas con delitos de lesa humanidad. Tampoco quienes ocupen  curules  en el Congreso.  Marta Lucía Ramírez avala el tema si el partido de las Farc recibe los mismos beneficios que los otros partidos y plantea que quienes cometieron delitos de lesa humanidad no puedan ser ni congresistas, ni presidentes. Alejandro Ordóñez expresó en su documento: “Participación política sometida al cumplimiento de la pena y a la satisfacción de los derechos de las víctimas”. Circunscripciones especiales El CD  propone que en  las 16 circunscripciones de paz  participen todos los partidos y se  exija que los candidatos sean víctimas de la violencia en esas zonas. Alejandro Ordóñez pediría lo mismo  al decir: “Libertad política y pluralismo en las circunscripciones transitorias especiales de paz”.  Otros aspectos  Sobre el Estatuto de la Oposición, el CD dice que debe cambiarse la redacción para que se vea como prioridad nacional y no, como un documento que gradúa a las Farc de legítimo opositor del Gobierno y creen que  deben mantener los umbrales mínimos en elecciones. De la reforma al Sistema electoral dicen que tiene que recaer en el Congreso. Y el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política debe diseñarse dentro de la institucionalidad vigente; así como todas las actividades de evaluación y seguimiento. Tierras En la Reforma Rural Integral se plantea la creación de un Fondo de Tierras de  tres millones de hectáreas que le dará predios a  campesinos que no  tienen. Promueve la producción, habla de la protección a la semilla nativa y el  desarrollo de infraestructura y servicios públicos para mejorar la vida rural. Plantea un catastro rural multipropósito, que permita regularizar con transparencia la propiedad de la tierra, incrementar el recaudo del impuesto predial en los municipios y propiciar su uso adecuado, productivo y sostenible. Fondo de tierras  Para los uribistas los beneficiarios del Fondo de Tierras y subsidios no pueden ser elegidos por las Farc. Las tierras baldías ocupadas de buena fe, no podrán ingresar al Fondo y debe decirse, de manera explícita, que las tierras de las Farc serán para las víctimas. Dicen también que se debe revisar la restitución de tierras y la figura de “compradores de buena fe no exentos de culpa”. Marta Lucía Ramírez: plantea que se deben buscar nuevas formas para fomentar la producción, como experiencias internacionales en las que la propiedad de algunas tierras rurales y urbanas se mantiene en cabeza del Estado, “y se asigna mediante contratos de comodato a agricultores que con cooperativas u otras formas asociativas, sean los propietarios de la producción que se desarrollará con financiación, apoyo de asistencia técnica e insumos por parte del Gobierno”.  Andrés Pastrana acepta el Fondo de Tierras, pero pide que se añada, “de conformidad con la Constitución” en las formas de adquirir las hectáreas para el mismo. Sobre la formalización, dice que se debe comprometer a  propietarios a que no se usarán para cultivos ilícitos.Alejandro Ordóñez plantea  plenas garantías para la propiedad privada. Y que la selección de los beneficiarios de tierra gratuita, y otros beneficios, debe obedecer a criterios objetivos definidos en la ley. “En ningún caso las Farc, utilizando organizaciones en territorios de su influencia, debe decidir quiénes son  beneficiarios”. Uso de la  tierra Para el Centro Democrático,  el uso de la tierra debe ser definido por el libre mercado.  Marta Lucía Ramírez pide definir  con exactitud el alcance de “incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad", que permitiría la expropiación.  Avalúo catastral Andrés Pastrana y el CD no están de acuerdo. Creen que el impuesto se lo pondrían las comunidades a sí mismas, y no las autoridades.  Consultas a comunidades Los cuatro líderes del No consideran que deben haber límites en las consultas a las comunidades, pues para ellos, se les preguntaría sobre temas que hacen parte de las decisiones de  alcaldes y gobernadores.