“Está claro que las Farc no escogerán a dedo a sus jueces”: Minjusticia

El ministro de justicia, Yesid Reyes, dice que lo más valioso de este acuerdo es que la guerrilla reconoció su responsabilidad.

[[nid:400751;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/270x/2015/03/ministro_de_justicia_yesid_reyes.jpg;left;{El ministro de Justicia, Yesid Reyes. Foto: Elpais.com.co | Colprensa}]]El mayor giro que marca el  acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc es que la guerrilla, aquella que decía que también era víctima, reconoce su rol de victimaria y acepta reparar en esa condición a quienes afectaron. Lea también: Estos son los puntos claves del acuerdo sobre víctimas

El acuerdo anunciado el martes en La Habana hace precisiones sobre la Jurisdicción Especial de Paz, aunque su esencia es la misma de la conocida en septiembre pasado.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó el acuerdo y reconoció que cree que el 23 de marzo de 2016, fecha límite fijada por el presidente de la República Juan Manuel Santos, se firmará el acuerdo para la terminación del conflicto armado.

 ¿Cuál es la importancia del Acuerdo de Víctimas alcanzado?

Primero, queda absolutamente claro que las Farc aceptan someterse a una jurisdicción del Estado colombiano; aceptan que están expuestas a ser declaradas responsables por la comisión de delitos y aceptan que cumplirán las sanciones que les impongan. Segundo,  es importante que hayan aceptado participar en la reparación integral de las víctimas, que incluye un componente de reparación material.

 Se reconocen como victimarias... 

Se reconocen como victimarias y aceptan su obligación de reparar, en esa condición,  a las víctimas. 

 No es un proceso de paz que termina solo en amnistías... 

Muchos procesos de paz en el mundo han sido criticados por terminar con leyes de punto final, amnistías o indultos generales. En este caso, las Farc aceptaron su comparecencia ante un Tribunal. 

 ¿Cómo será la reparación? 

Hay siete puntos. En concreto las Farc van a participar no solamente en actos generales y colectivos de reconocimiento, como el que ocurrió hace poco en Bojayá (Chocó), sino que van a contribuir con trabajos de desminado, de recuperación de daños ambientales, de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, con reparaciones de infraestructura y una reparación material. 

 ¿Es decir, que entregarán  dinero y bienes?

 A todo lo que no sea reparación de naturaleza simbólica. Los detalles de cómo va a ser esa reparación material de las Farc y de cómo se hará, serán parte del Acuerdo Final que se suscriba el año entrante.

 En caso de que las Farc no tengan recursos para hacer la reparación material, ¿la hará el Estado? 

Está previsto en el Acuerdo ese principio general, que ya opera en otros ámbitos, en el sentido de que si una persona individualmente condenada no tiene cómo hacer la reparación económica, el Estado puede asumirla de manera subsidiaria. 

 La Jurisdicción Especial de Paz tendrá varias salas. ¿Cuáles serán? 

Hay cinco salas: de aceptación de responsabilidades; de amnistías e indultos;  de definición de situación jurídica;  de investigación y acusación y, finalmente, el Tribunal para la Paz, que será el encargado de los juzgamientos, en aquellos casos en los que no haya aceptación temprana de responsabilidad. 

 Se pactó una sala para impedir que lo decidido en esta jurisdicción sea rebatido hasta 30 años después... 

Habrá una sala que se dedicará a las apelaciones, otra para revisar las sentencias ya dictadas y, finalmente, otra que va a procurar la estabilidad y la seguridad del sistema, para asegurarse de que las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz no sean revisadas a futuro. 

 ¿El Tribunal cobija acciones desde cuándo? 

Ese tema no está definido todavía. Lo que está claro es que cobija hechos hasta el momento en que se firme el Acuerdo. 

 Ni el Gobierno ni las Farc escogerán a los magistrados. ¿Cómo será su selección?

Ese mecanismo todavía se  negocia. Lo que está claro es que no será una selección a dedo por parte de las Farc, sino que habrá un acuerdo entre los equipos negociadores sobre el mecanismo que se va a utilizar para seleccionar a estas personas.  

 ¿Habrá participación internacional?

Hay posibilidades. Lo único que está excluido es que haya designación directa por parte de las Farc. 

 Queda claro que no habrá cárcel...

Hay tres formas de sanción. Una que incluye cárcel para las personas que no acepten responsabilidad y que sean consideradas penalmente responsables de los delitos. Para ellos no sólo habrá cárcel, sino también un régimen ordinario con una duración de la pena entre 15 y 20 años. Hay un segundo grupo de personas, las que reconocen tardíamente su responsabilidad, que  va a tener una sanción privativa de la libertad, de entre cinco y ocho años. Finalmente, para las personas que acepten tempranamente su responsabilidad, habrá una restricción de la libertad, no  equiparable al sistema carcelario. 

 ¿Se definieron las características de los lugares en que serán recluidos quienes acepten su responsabilidad tempranamente?

En materia de restricción de libertad la precisión que se hizo es que las condiciones las va a imponer la Jurisdicción Especial para la Paz y va a tener un mecanismo estricto de supervisión y monitoreo, para que el Estado pueda estar absolutamente seguro de que se cumplen con las condiciones impuestas. 

¿ Qué va a pasar con las víctimas que están siendo amenazadas y que no tienen quién los defienda?

El Acuerdo  incluye una serie de principios rectores del tratamiento a las víctimas, entre ellos uno prioritario, que es el reconocimiento de su condición; otro que tiene que ver con la necesidad de contar la verdad; aceptar responsabilidades; la reparación a las víctimas;  la protección y, por supuesto, las garantías de no repetición. 

 ¿Cómo materializarán eso?

Ese es el compromiso que se adquirió. El Estado colombiano va a seguir mejorando y trabajando en la protección a las víctimas y seguramente va a tener desarrollos normativos y legislativos para que la protección sea efectiva. 

 ¿Qué va a pasar con las solicitudes de extradición?

Las personas que queden cobijadas por el Acuerdo de Paz no serán extraditadas por hechos cometidos antes de la suscripción del mismo. Por ahora se seguirán tramitando las solicitudes, al menos hasta la firma. Una vez que a las personas se les niegue la extradición, quedan sometidas a la jurisdicción colombiana y no podrían ser llevadas a otro país. Si cambiara la legislación, siempre habrá la posibilidad de aprobar principios de favorabilidad. 

 ¿Ya se está trabajando en la Ley de Amnistía?

Eso es parte del trabajo que hará en su momento el Congreso para desarrollar los acuerdos. 

 ¿El narcotráfico será considerado delito conexo al político?

En materia de conexidad está claro en el Acuerdo qué delitos no serán considerado conexos: delitos de lesa humanidad, de genocidio, la toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad, por citar unos ejemplos. Pero en lo demás será el Congreso el que  determine qué delitos serán conexos con el político y cuáles no. 

En materia de secuestro, ¿habrá amnistía, indulto o conexidad? 

La toma de rehenes no es conexa con el delito político, ni las graves privaciones de la libertad. 

 ¿Qué otro elemento tiene este Sistema Integral para destacar? 

La importancia de las víctimas como centro del  proceso de Paz. Queda muy claro que se cumple todo lo que dijo el Gobierno desde el comienzo, que su centro iba a ser las víctimas.  

 Se hicieron finalmente varias precisiones al Acuerdo de Justicia anunciado en septiembre… 

Sí, pero precisiones siempre. Los diez puntos de septiembre no tienen ninguna modificación, son la columna vertebral del acuerdo. El desarrollo de estos puntos es lo que acaba de producirse en La Habana y son 29 páginas. Hubo más discusión en la conformación del Tribunal, qué salas podría haber, sanciones, la no extradición, por ejemplo.