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Jesús Santrich a la salida de la audiencia | Foto: Colprensa

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Entre regaños y recusaciones se desarrolló la audiencia de Jesús Santrich

La defensa de Santrich recusó a la juez dado que a su juicio no tiene competencia para conocer del proceso judicial de su defendido, porque, supuestamente, el excombatiente de las Farc tiene fuero.

20 de mayo de 2019 Por: Colprensa

Faltando cinco minutos para las 4:00 de la tarde de este lunes empezó la audiencia de imputación de cargos en contra de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, quien se convirtió en el primer excombatiente de alto nivel de las Farc que es presentado ante los estrados judiciales por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

La juez 16 con función de Control de Garantías le solicitó al excombatiente presentarse ante los estrados judiciales al iniciar la audiencia, pero Santrich aprovechó el momento para decir: “no hay mejor forma de alcanzar la libertad que luchar por ella: Simón Bolívar. Espero que esta audiencia sirva para dar un paso a la paz y no a la orientación de la República bananera que tiene nuestro país”.

Tras esto, la juez mostró su descontento y le pidió al excombatiente que se limitara a responder únicamente lo que se le pedía y en el momento que se hacía. Este fue el primer llamado de atención de la delegada de la Rama Judicial, pero no el último, porque minutos más tarde solicitó a los custodios de la sala desalojar la misma dado que se registró desorden al interior de la misma.

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“No puedo permitir que se presente desorden en esta audiencia. El reconocimiento del juez debe empezar por las mismas personas que acuden a la audiencia. No es posible que hagamos más difícil la situación. Ya habíamos dado unas pautas para funcionar y como esto no se puede hacer en una audiencia, entonces le pido al señor comisario que desalojen la sala”, dijo la juez.

Una vez continúo, la defensa de Santrich recusó a la juez dado que a su juicio no tiene competencia para conocer del proceso judicial de su defendido, porque, supuestamente, el excombatiente de las Farc tiene fuero, esto tras la decisión que tomó el Consejo de Estado durante el pasado marzo.

“En decisión del Consejo de Estado que se deniega la perdida de investidura demandada por la Secretaria de la Cámara de Representantes, eso está en contravía al habersele reconocido la condición de Representante ante la Cámara de Representantes, por lo que nosotros consideramos que existe una incompetencia funcional de la Fiscalía y los jueces ordinarios, se establece que los congresistas tienen un fuero constitucional que impide que cualquier otro funcionario tome cualquier decisión respecto al aforado”, argumentó Eduardo Matías, abogado de Santrich.

Al escuchar el argumento, la delegada de la rama judicial no se declaró impedida, por lo que en la audiencia fue recusada por la defensa, añadiendo que durante la diligencia de legalización de captura, la juez de alguna manera sentó precedente sobre la medida de aseguramiento del excombatiente. Así las cosas, lo que expresó el abogado es que definitivamente la juez estaba predispuesta sin siquiera haber escuchado la solicitud de la medida.

Tras esto, la diligencia se suspendió por más de dos horas y al cierre de esta edición apenas se retomaba de nuevo, a la espera espera que la juez determine si definitivamente se mantiene en declararse impedida o si finalmente acepta la recusación interpuesta por la defensa.

Así las cosas, en ambas situaciones la audiencia debe suspenderse: Si se declara impedida, un juez debe conocer del caso; y si acepta la recusación, un juez de mayor nivel jerárquico deberá definir si la juez es competente para llevar el proceso.  

La novela

El proceso contra Jesús Santrich empezó el 9 de abril de 2018, cuando fue solicitado en extradición por los Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con grupos narcotraficantes y el envío de cocaína a ese país, posterior a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc.

Ese día, miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía llegaron a las 4:00 de la tarde hasta la residencia del exmiembro de las Farc, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, donde se realizó el operativo de captura y allanamiento tras la solicitud hecha por las autoridades de Estados Unidos.

La detención fue un gran golpe para el proceso de paz que se firmó entre el Gobierno Nacional, en cabeza en ese momento del presidente Juan Manuel Santos, con una de las guerrillas más antiguas del continente, dado el papel protagónico que tenía Santrich en el partido político conformado tras la desmovilización y su posición como uno de los cinco representantes a la Cámara por el movimiento.

Santrich, quien fue enviado a la cárcel La Picota, inició una huelga de hambre que duró al menos un mes. A los 17 días de estar recluido en el centro penitenciario fue trasladado al hospital El Tunal, en el sur de Bogotá, donde se destinó todo un piso para su hospitalización bajo las más estrictas medidas de seguridad.

Una vez estuvo recuperado, el 10 de mayo fue trasladado a la Fundación Caminos de Libertad, espacio ofrecido por la Conferencia Episcopal por razones humanitarias y, posteriormente, el primero de junio regresó a la cárcel, luego de que el día anterior el Instituto Nacional de Medicina Legal dictaminara que estaba en condiciones de seguir recluido en la penitenciaria.

Así las cosas, entre rejas, médicos y audiencias pasó el excombatiente de las Farc, hoy declarado en libertad por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dado que, según las investigaciones, no se pudo constatar que su presunto actuar delictivo fue cometido posterior a la firma del acuerdo final.

Si bien Santrich es juzgado por la justicia transicional, durante un año, un mes y seis días que estuvo retenido existieron rifirrafes entre la Fiscalía, la JEP, la Corte Suprema de Justicia y el propio Ministerio de Justicia, ya que no había claridad en quién tenía las competencias para entrar a definir la situación del exmiembro de las Farc, quien tampoco se pudo posesionar en la curul como representante a la Cámara el 20 de julio del año pasado.

Según se explicó en su momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió formalmente la solicitud de extradición a comienzos de junio de 2018, la cual fue remitida al Ministerio de Justicia, a la Secretaría Jurídica de la JEP y a la Fiscalía General, con el fin de avanzar en el caso de extradición, la cual se demoraría entre cuatro y seis meses.

El 8 de junio el Ministerio de Justicia concluyó el estudio de la documentación, en solo uno de los cinco días que tenía para hacerlo, y se le envió al tribunal de la JEP, quien tenía 120 días desde ese momento para emitir un concepto sobre la fecha en la que habría sido cometida la conducta por la que fue acusado Santrich, es decir, que definiera si fue antes o después de la firma del proceso de paz.

Para ese momento la Corte Constitucional estaba definiendo el conflicto de competencias que había alrededor del caso, por lo que la JEP pidió que se suspendiera la extradición. Sin embargo, la respuesta del alto tribunal fue que la justicia transicional no podía suspender las extradiciones de los exmiembros de las Farc y ratificó que la Fiscalía era competente para mantener la custodia de los exguerrilleros.

Una vez definidas las competencias por parte de la Corte, el proceso de Santrich volvía a tomar forma y nuevamente la JEP entraba a estudiar el caso. Fue en septiembre cuando el tribunal decidió solicitar a la Fiscalía los audios y videos de las pruebas que pesaban sobre Santrich y, posteriormente, las pruebas fueron solicitadas directamente a la justicia de Estados Unidos.

En medio de este proceso, se surtió un hecho de no creer. En enero se conoció que la carta que definía el futuro de Jesús Santrich, a través de la cual se le pedía a Estados Unidos las evidencias con las que contaban para pedir la extradición, nunca llegó a manos de la justicia norteamericana, por lo cual tuvo que salir a dar explicaciones el Ministerio de Justicia y hasta 4-72, la compañía de correos colombiana.

Este problema llevó un retraso de 40 días en el andar del proceso de extradición de Santrich. Tras superado el tema, el 4 de febrero la JEP volvió a dar otro plazo de 20 días para recibir la asistencia judicial de Estados Unidos, la cual fue recibida a finales del mes, con lo cual el proceso entró en su recta final con la presentación de conclusiones por parte de la Procuraduría y de la propia JEP.

El 8 de marzo de 2019 la Procuraduría hizo entrega de su concepto, en el que advirtió que no procede la garantía de no extradición, por cuanto el requerimiento formulado por Estados Unidos se refería a hechos posteriores a la firma del Acuerdo final de paz, el primero de diciembre de 2016.

Sobre Santrich no solamente recayeron procesos judiciales. En enero, magistrados del Consejo de Estado lo visitaron en el centro penitenciario para promover la audiencia de pérdida de investidura en su contra por cuenta de una demanda que llegó al Alto Tribunal de parte de la Sala Directiva de la Cámara de Representantes en diciembre. En la misiva solicitaban que se decretara su muerte política, debido a que no se posesionó en su curul el 20 de julio.

En la diligencia, el excombatiente argumentó que si bien no era el espacio para hacer mención de su inocencia, este dejó ver entre líneas que era víctima de las arbitrariedades que a su juicio ha cometido el fiscal general. Por lo que en medio de la diligencia no escatimó en asegurar que no ha pensado en mover “ni un solo gramo de cocaína ni participar en ningún acto legal o ilegal”. Así como también declaró que “no soy un traqueto, soy un revolucionario y gestor de paz”.

Posterior a ello, en marzo el nombre Santrich volvió a sonar y no precisamente por su actuar individual. La Fiscalía capturó al fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo Casas, quien según investigaciones, recibió dinero a cambio de favorecer al excombatiente en su proceso de extradición.

Esa no fue la única noticia que hubo de Santrich durante ese mes. Pues el Consejo de Estado le dio vía libre su vida política, pues si bien no se posesionó en el Congreso de la República, el alto tribunal consideró que no lo hizo por una causa de fuerza mayor. Se encontraba recluido en la cárcel.

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