El enredado camino que todavía le falta recorrer al acuerdo de Paz

La incertidumbre es ahora por la implementación de lo acordado con las Farc. ¿En qué está el proceso?

La paz en Colombia sigue siendo esquiva. Cada vez que el Gobierno Nacional y las Farc se acercan a la terminación del conflicto la meta se ve un poco más lejana y el camino se torna pedregoso.

Primero, los seis eternos años entre acercamiento y negociación. Después, el  plebiscito que dejó al descubierto que no todos los colombianos estaban de acuerdo con lo pactado. Siguió la angustia de lograr un consenso con la oposición. La agitada renegociación, la nueva firma y la refrendación en el Senado y Cámara de Representantes. Ahora que hay un nuevo acuerdo, la incertidumbre corre por cuenta de cómo y cuánto tiempo tomará la implementación.

Y es que las 310 páginas en las que quedó condensado el acuerdo de paz tendrán que ser convertidas por el Congreso de la República  en paquetes de leyes. El balón, por ahora, está en manos de la Corte Constitucional.

 *

Mientras los negociadores de las Farc y el Gobierno discutían en Cuba la reforma del campo, la salida al problema  de cultivos ilícitos, la participación en política, la reparación a las víctimas y la terminación del conflicto, el Congreso aprobó el Acto Legislativo para la Paz.

Este articulado además de darle facultades especiales al Presidente de la República para expedir decretos durante 180 días para la ejecución de lo pactado, permitía inversiones dirigidas y, sobre todo, que los trámites en el legislativo fueran  en “vía rápida”. 

Es decir, que los proyectos que habitualmente se tardan un año o dos en discusión, pudieran salir en poco menos de un año  a través de un ‘fast-track’ (dos vueltas en Senado y dos en Cámara).

Sin embargo, el último artículo (5) de este acto legislativo amarra la rápida implementación a la refrendación popular. Pero, ocurrieron dos cosas: Una, que el acuerdo perdió el respaldo en las urnas el pasado 2 de octubre. Y dos, el acto legislativo fue demandado.

Así las cosas, la dinámica del juego se terminó de enredar. Mientras algunos analistas consideran que el Congreso tiene la potestad de refrendar porque es el representante natural del pueblo, voceros del uribismo alegan que lo que ocurrió esta semana “fue un golpe de Estado” porque no se tuvo en cuenta el mandato popular que mayoritariamente votó No  el plebiscito.

El Gobierno salió al paso de las críticas diciendo que lo firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón sí es un nuevo acuerdo porque incluye 56 de los 57 bloques de propuestas que hicieron los del No.

**

Durante tres días en Sala Plena la Corte Constitucional discutió la pertinencia de mantener el ‘fast-track’ con la  refrendación legislativa, pero pese a la urgencia que tiene el Gobierno y las Farc, no se llegó a un consenso.

El viernes entrada la noche  se anunció que el estudio a  la demanda quedó suspendido hasta que la ponencia sea “reestructurada” y recoja las diferentes posiciones de todos los magistrados, pues cuatro de ellos insistieron en que no es necesaria la votación popular.

Pero, ¿qué tan peligroso es que el acuerdo de paz no se implemente vía rápida o ‘fast-track’ como lo reclaman Gobierno y guerrilla?

Además de la vulnerabilidad del cese el fuego bilateral que ya dejó dos guerrilleros muertos por hechos confusos en el  Sur de Bolívar, existen otros problemas.

Camilo González Posso, presidente  del Fundación Ideas para la Paz, Idepaz, dice que dicha situación podría dejar la implementación “a mitad de camino”, porque muchas reformas y leyes requieren dos  legislaturas y no se podrían tramitar porque este Congreso prácticamente va de salida. 

“Si el Congreso se aplica,   puede hacer mucho, pero siempre van a quedar temas pendientes y un amplio campo de incertidumbre, más cuando la ley de amnistía y la Jurisdicción Especial para la Paz van de la mano”, explica el también exministro.

Para el analista Fernando Giraldo  hay tres factores de riesgo: uno, el tiempo que lleva un trámite por vía ordinaria; dos,  que a partir de esa situación tocaría “tranzar” con los congresistas la  aprobación de esas leyes; y tres, que termine el Gobierno por ser quien inclumpla lo pactado.

Pero el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, considera que el ‘fast-track’ “desnaturaliza” el Congreso porque con este mecanismo se “tramitarán proyectos a las carreras y sin poderlos debatir”.

Precisamente, eso es lo que Giraldo prefiere que no pase, porque con unas elecciones legislativas y presidenciales tan cerca podría usarse nuevamente la paz como bandera de campaña, hecho que le daría vida a todo aquel que estuvo en contra de la negociación con las Farc. “Sin ‘fast-track’  se le dan las condiciones a los  opositores para que a través del trámite legislativo busquen ganar lo que no pudieron hasta el momento”.

Otra cosa que a Giraldo no le parece pertinente del trámite ordinario es que  cada parlamentario hará valer su voto. Y la paz terminará por convertirse en el Congreso en una “negociación de plaza de mercado” donde se cambiarán favores políticos por  beneficios personales que resultarían costosos para todos los colombianos porque se puede comprometer el presupuesto del Estado.

“Es preferible el costo de aprobar lo que algunos rechazan ahora y no llegar a un terreno de incertidumbre que es negociar con cada congresista en vía ordinaria  contratos e intereses particulares”, afirma Giraldo.

Pero el senador Macías rechaza de tajo esa posición, pues dice que  el papel de senadores y representantes pasaría a ser el de “notarios de Santos y Timochenko (jefe máximo de las Farc)”.

Por ahora las discusiones van y vienen, pero el tiquete que traerá la paz a Colombia lo tiene la Corte Constitucional —que a través del  fallo del Acto Legislativo— permitirá que esta llegue  en el  avión del ‘fast-track’ o en el bus escalera que debe recorrer primero un largo y pedregoso  camino en el Congreso de la República.

Las leyes que se requieren 

1.  Amnistía e   incorporación  la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Constitución Política.

2.  Creación de la Unidad para la Investigación y Desmantela- miento de las Organizaciones Criminales.

3.  Normas procesales que regirán los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

4.  Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de la Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

5.  Tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito para casos de campesinos que no pertenezcan a organizacio- nes criminales y para mujeres en situación de pobreza.

6. Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc o personas acusadas de serlo o de colaborar con ellos.

7. Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc.

8. Implementa- ción y verifica- ción de los acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación.

9. Plan Cuatrienal de Implementación, con su corres- pondiente Plan Plurianual de Inversiones sea incorporados al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia.

 ¿Cómo funciona  el Congreso?

El Congreso de la República  está divido en dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado.

A su vez, estos están divididos en comisiones que se encargan de debatir temas específicos que luego son llevados a las plenarias para ser debatidos y eventualmente aprobados o rechazados. Finalmente, si son aprobados deben ir a la sanción presidencial, es decir, a ser firmados por el presidente de la República.

¿Cómo se aprueba una ley o un acto legislativo?

Las leyes ordinarias llegan por una de las comisiones, ya sea de Cámara o de Senado. 

Si ingresa por Cámara, una de las comisiones en las cuales está dividida debe debatir y decidir si aprueba o no la ley. 

En caso de que lo haga esta pasa a la plenaria (reunión de todos los representantes a la Cámara) y en caso de ser aprobada pasa al Senado en una de sus comisiones y luego  debe llegar a la Plenaria. 

El promedio de tiempo de este trámite es de un año.

En caso del acto legislativo es el mismo proceso pero este debe realizarse en dos vueltas, es decir, debe pasar dos veces por la Cámara y dos veces por el Senado antes de ser aprobado, es decir, se cumplen ocho debates para hacer un cambio constitucional o una ley que reglamente un artículo de la constitución. Este proceso se lleva, en promedio, dos años.