Zona Diamante
Ante el enredo en el que continúa la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el Senado de la República, la magistrada Patricia Linares, presidenta de este tribunal, se ha mostrado preocupada y ha señalado que no hay ningún mandamiento jurídico que supedite el trámite y expedición de esta norma a la aprobación de la ley estatutaria.
Linares aseguró que el Congreso ya ha expedido antes normas de procedimiento sin que haya que esperar la aprobación de una ley estatutaria, por lo que este no sería un argumento válido.
¿Es jurídicamente válido que para que sea aprobado el proyecto de ley de procedimiento de la JEP en el Senado, primero deba ser avalada la ley estatutaria en la Corte Constitucional?
No hay ninguna norma jurídica que establezca que tramitar una ley ordinaria, como lo sería y lo es el proyecto que tiene a consideración el Congreso de la República, comprendido en las normas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz deba estar condicionada o supeditada a que se concluya el trámite de una ley estatutaria, eso es un primer punto.
El otro punto es que si usted revisa la legislación producida por el Congreso a lo largo de las últimas décadas, podrá verificar que este, en cumplimiento de sus obligaciones ha expedido normas de procedimiento en distintas materias, precediendo el trámite de una norma marco, como es una ley estatutaria.
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¿Qué consecuencias podría tener esta decisión del Senado para la implementación del Acuerdo de Paz?
El proceso de implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz y en general del sistema integral de Verdad, Justicia y Reparación viene avanzando, es un tema complejo, difícil, pero viene avanzando. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz está avanzando como lo ordena el Acto Legislativo 01 del 2017. No obstante, es muy importante que ese trámite que ha venido adelantando el Congreso a partir del proyecto presentado por nosotros, con el apoyo del Gobierno Nacional, culmine porque de ese proyecto depende que podamos seguir avanzando en materias tan importantes como la convocatoria a comparecer de las personas que se han postulado ante la JEP.
¿Cuál es la importancia que tiene la norma de procedimiento?
Si bien venimos funcionando y seguiremos funcionando, esas normas de procedimiento son muy importantes para seguir avanzando en otras latitudes, en otros procesos propios de la jurisdicción.
¿Bajo qué marco jurídico están operando?
Nosotros estamos operando a partir del acto legislativo que es una norma constitucional que dice en varios de sus artículos y, concretamente, en el quinto, que la JEP debe funcionar, incluso, sin que medie norma especial alguna, y así venimos funcionando porque podemos aplicar la Constitución, podemos aplicar el Derecho Penal Colombiano, porque podemos y debemos aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional, y con esas herramientas hemos venido funcionando y vamos a seguir funcionando.
¿Qué pasa si esta norma no es aprobada en el Senado?
El proceso de implementación del Acuerdo Final ha venido surtiendo una serie de etapas o fases que se verían obstruidas o retrasadas si el Congreso no expide inmediatamente la norma de procedimiento para la JEP. Esto necesariamente afectaría la realización de los derechos de las víctimas y el clamor social que existe respecto de que la Jurisdicción empiece a tomar decisiones.
Algunos analistas consideran que fue apresurado poner en funcionamiento esta jurisdicción sin estar reglamentada, ¿qué opina usted?
Vuelvo a la anterior, opino sobre hechos concretos: hay un acto legislativo, hay unos acuerdos, hay un proceso de implementación, hay decisiones de la Corte Constitucional que han avalado tanto el Acuerdo como parámetro de interpretación, como las normas jurídicas del más alto rango, normas constitucionales que pusieron a funcionar esto en pro de los derechos de las víctimas y de la reconciliación del país.
¿Cree que este trámite se está volviendo un asunto político?
Todo este proceso de implementación ha estado en la coyuntura, que significa un debate electoral supremamente complejo.
