¿Cómo funcionarán las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz?

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¿Cómo funcionarán las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz?

Marzo 15, 2018 - 11:30 p. m. Por:
Colprensa y Redacción de El País 
Patricia Linares

Patricia Linares, presidenta de la JEP, y Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo, explicaron la forma en que operará el nuevo sistema de justicia especial acordado entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

EFE

“Es un día histórico para el país, para la sociedad colombiana y en especial para las víctimas. Porque a partir de hoy se pone en funcionamiento esta Jurisdicción que, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, administrará de manera oportuna este modelo de justicia restaurativa”.

Con estas palabras, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Patricia Linares, abrió formalmente al público el sistema de justicia convenido en el Acuerdo de Paz con el objetivo de investigar y juzgar graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas en el marco del conflicto con las Farc.

“Es el punto de partida para empezar a sanar heridas, a partir de administrar justicia para que no haya impunidad, pero también con vocación de reconciliación. Es el momento a partir del cual las víctimas tendrán un lugar central que las dignifique, las visibilice y les permita, incluso, participar en el diseño de las sanciones que se impongan a aquellos que comparezcan a la jurisdicción”, explicó.


La JEP inició sus labores con la entrega, por parte de su secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, de un informe que señala que 6475 personas han manifestado su intención de someterse a ella, que otras 3062 han quedado libres y que se han identificado más de 11.809 víctimas.

También indicó que se han firmado 7916 actas, 6094 de ellas suscritas por excombatientes, de los cuales 3666 han salido en libertad condicionada de acuerdo con la Ley de Amnistía y 2428 por “reincorporación política, social y económica”.

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Otros entes participantes

“Es el informe más completo sobre delitos cometidos con ocasión del conflicto armado”, dijo Correa al explicar que se recopilaron datos de la Fiscalía y de otras fuentes. Sin embargo, la Procuraduría, la Justicia Penal Militar, la Contraloría y las organizaciones de víctimas también enviarán documentación al respecto.

Ayer igualmente se informó que ya se aprobó el reglamento interno de la JEP, que estará conformada por 38 magistrados y que en las manos del presidente Juan Manuel Santos está el proyecto de ley de procedimiento penal que deberá tramitarse en el Congreso.

“Uno de los principales compromisos es que la JEP vaya a las regiones, que podamos tener una aproximación pronta con las víctimas y sus organizaciones y lo vamos a hacer. Estamos haciendo los preparativos. Por ejemplo, la Sala de Reconocimiento de Verdad próximamente saldrá a terreno a conocer de manera directa los informes de las organizaciones”, señaló Linares.


También indicó que la Jurisdicción no tendrá una estructura descentralizada, sino que habrá doce enlaces en diferentes partes del país, “pero todavía es una estructura precaria”.

A su vez, Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, precisó que “los términos que tienen las instituciones para presentar los informes que nosotros requerimos empezaron a correr el 15 de enero, pero no podemos establecer el cronograma porque depende de lo que nos entreguen”.

Dijo además que habrá instancias para la participación de las víctimas en las audiencias públicas relacionadas con los casos que sean seleccionados como los más graves y representativos y con mayores responsables.

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Cómo funcionarán las salas

Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad:

Será liderada por Julieta Lemaitre. Recibirá informes de conductas cometidas durante el conflicto y decidirá si los hechos atribuidos a los involucrados son competencia de la JEP por haberse cometido en el contexto y en razón del enfrentamiento armado.

Luego, contratará la documentación de los informes e individualizará responsabilidades. Recibirá informes de lo hecho hasta ahora por la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura.

Cada persona podrá aceptar responsabilidad o manifestar su desacuerdo con la individualización hecha aquí. Si no hay reconocimiento, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Análisis para que lo investigue.

Sala de Amnistía e Indulto:

Será liderada por Xiomara Balanta. Otorgará herramientas en casos de personas condenadas o investigadas por delitos políticos y conexos cometidos en el marco del conflicto, que hayan integrado las Farc y que se hayan acogido a la JEP.

Su misión es garantizarles la amnistía más amplia posible, pero resguardando los límites en relación con las conductas no amnistiables, las cuales serán remitidas a la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Sala de definición de situaciones jurídicas:

Será liderada por José Milller Hormiga. Resolverá el futuro de quienes no sean objeto de amnistía o indulto ni hayan sido incluidos en la resolución de conclusiones de la Sala de Reconocimiento.

Recibirá los casos de los delitos poco graves y haya menos participación, con el propósito de resolver esas situaciones, a través de formas de terminación anticipada de los procesos, renunciando a la persecución penal.

Esta Sala hará el trato diferenciado a miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y a terceros que se sometan de manera voluntaria a la JEP por delitos no graves.

Allí estarán los exguerrilleros que cometieron delitos no amnistiables o indultables siendo menores de edad y los miembros de la
s Farc que no eran combatientes y no participaron en delitos graves.
Si algún civil llega a ser mencionado en alguno de estos procesos, será informado para que decida si se somete a la JEP o no. Y, de llegar existir mérito, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación.

Unidad de Investigación y Acusación:

Será liderada por Giovanni Álvarez.

Investigará los casos en los que no haya habido reconocimiento individual ni colectivo frente a las víctimas.

De existir mérito, acusará a los implicados ante el Tribunal de Paz y también remitirá casos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la de Amnistía e Indulto, cuando considere que no es necesario acusar.

A su vez, recibirá investigaciones de las salas de Reconocimiento de Verdad y de Amnistía, y de Definición de Situaciones, asó como a la Sección de Revisión del Tribunal de Paz.​

Lo que esperan las víctimas

Ángela Giraldo, hermana de Francisco Giraldo, uno de los diputados asesinados por las Farc, “aplaudió” la puesta en funcionamiento de la JEP y dijo que espera que “investigue, juzgue y sancione los crímenes internacionales más graves cometidos en el marco del conflicto”.

Agregó que confía que las sanciones “se ajusten a los estándares internacionales, es decir que conlleven restricciones de movilidad y de derechos, y se cree un sistema riguroso de verificación del cumplimiento de las penas”.

Igualmente, expresó que espera que “las actividades que realicen los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, que no forman parte de la sanción, como la participación en política, no frustren el objeto y fin de la pena”.

De igual forma, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le envió ayer una carta a la presidenta de la JEP en la que expresa su esperanza de que esa instancia se convierta en “una oportunidad para que los agentes estatales responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amparados por el manto de la impunidad durante décadas” esclarezcan la verdad plena.

También esperan que esos agentes “reconozcan responsabilidad, ofrezcan perdón público, reparen integralmente a las víctimas y se establezcan garantías de no repetición para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera”.

Por su parte, el politólogo y profesor de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, indicó que la JEP será el mecanismo fundamental para el cierre del Acuerdo del conflicto armado, “porque es a través de su funcionamiento que se espera que se conozca la verdad de lo que pasó en el conflicto y las responsabilidades de todos los posibles victimarios y que además se establezcan los sistemas de sanciones”.

“Algunos interesados han tratado de decir que quienes han sido defensores de Derechos Humanos supuestamente están inhabilitados, lo que es completamente absurdo, porque casi que ese debería ser un requisito para haber ingresado”, dijo.

Sin embargo, reconoció que hay que esperar el fallo de la Corte Constitucional, “pero todo indica que la Corte no va a aceptar ese tipo de inhabilidades puestas a posteriori que aprobó el Congreso”.

Más de la JEP

La JEP se diferencia de la justicia ordinaria en que esta se encarga de investigar y juzgar a las personas que cometan delitos comunes, mientras que la primera es un mecanismo transitorio, creado exclusivamente para conocer graves violaciones a los Derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridos antes del 1 de diciembre del 2016, en el marco y con ocasión del conflicto armado. Funcionará por 15 años, que podrán extenderse 5 más.

1792 actas han sido suscritas por integrantes de la Fuerza Pública; 6 por personas relacionadas con actos de protesta social y 34 por agentes del Estado diferentes a la Fuerza Pública.

Hay 8883 víctimas relacionadas con hechos que comprometen a 4653 excombatientes y 2926 de hechos cometidos por la Fuerza Pública.

Ernesto Samper dijo que irá a la JEP: “Los expresidentes están cobijados con este fuero. Sin embargo, cualquier persona que no sea excombatiente puede constituirse en un tercero que voluntariamente, cuando lo considere, puede ponerse a disposición de la jurisdicción”.

Linares afirmó que “varias de las personas que fueron de las Farc y que llegarían al Congreso ya suscribieron estas actas y las actas que dan vía a su participación en política. El cumplimiento de la función se atendrá con todo rigor al marco normativo, garantizando el debido proceso”.

Xiomara Balanta, líder de la Sala de Amnistía e Indulto, explicó que “la normatividad ha sido clara sobre el narcotráfico como delito conexo”, pero que se definirá caso por caso.

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