¿Y qué futuro tiene la paz con el Gobierno de Duque?

¿Y qué futuro tiene la paz con el Gobierno de Duque?

Junio 24, 2018 - 07:50 a.m. Por:
Olga Lucía Criollo / Reportera de El País 
Iván Duque

Iván Duque, presidente electo de la República.

Agencia EFE

Diecinueve meses después de haberse firmado, el contenido del Acuerdo de Paz del Teatro Colón vuelve al debate.

Tras el triunfo presidencial de Iván Duque, quien durante su campaña insistió en la necesidad de hacerle “ajustes” a lo pactado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, algunos dan por sentado que se le harán importantes cambios, mientras otros plantean que debe respetarse el pacta sunt servanda, (lo pactado obliga).

Lo primero que surge entonces es la discusión sobre qué tan impenetrable es el ‘blindaje’ jurídico de los Acuerdos, que básicamente se ampara en el Acto Legislativo 02 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional en octubre pasado.

Para Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, el mayor soporte legal está dado por la estabilidad que brinda “la idea” de que durante los tres próximos gobiernos lo pactado no podrá ser reformado, que fue la que ‘convenció’ a los guerrilleros de entregar las armas.

Pero en opinión del jurista es claro que, dado que Duque fue elegido “con amplias mayorías que quieren modificar normas constitucionales, la capacidad de resistencia del derecho es limitada”, pues ya no se trata de un asunto jurídico sino también político.

De igual forma precisa que los Acuerdos no fueron incluidos en el ‘bloque de constitucionalidad’, por lo que requieren normas que los regulen, y que lo dispuesto en el Acto Legislativo es que “las autoridades deben cumplirlos de buena fe, y la Corte Constitucional dijo que de buena fe es realmente esmerarse por cumplirlo”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Dávila coincide en que es “casi imposible” hablar de un blindaje absoluto de lo pactado en La Habana, “pero realmente no veo que sea tan fácil modificarlo de fondo”.

En su opinión, tras los resultados electorales del 17 de junio se inició “una fase transicional muy fuerte”, que permitiría convocar a una constituyente, un referendo o una consulta popular en pro de reformar algunos aspectos de los Acuerdos, “pero todos esos son escenarios que podrían tener un costo muy alto para el uribismo, que ya perdió un referendo en el 2003”.

“Después de ver que va a ser casi imposible conseguir los doce millones de votos de la Consulta Anticorrupción, a nadie le van a quedar muchas ganas de impulsar un proceso de esos”, señala el experto.

Sin embargo, para el senador del CD Everth Bustamante es claro que sí hay herramientas a las que pueden acudir: “Si hay que convocar un referendo, hay que hacerlo, para que el constituyente primario se manifieste de manera soberana, por ejemplo, sobre la lucha contra los sembrados de coca, tema que afecta a la sociedad en cuanto a la seguridad nacional y económica, además de que es un factor de violencia”.

Así, con el respaldo que le ha dado la comunidad internacional como telón de fondo, ya empezó la puja por el futuro de la Paz.

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Justicia transicional, manzana de la discordia

“Una de las cosas que más va a tratar de tocar el gobierno Duque es la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, pero aunque va lenta, ha tenido problemas y hay desacuerdos, la necesidad de un sistema de justicia transicional es tan grande tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, que un intento de eliminarla tendría unos costos políticos demasiado altos”, plantea Kyle Johnson, el analista de International Crisis Group, quien no descarta que la Corte Penal Internacional pueda estudiar el tema “y que haya bastante presión de la comunidad internacional”.

Sin embargo, para Everth Bustamante es claro que “la JEP se ha tomado atribuciones que no le corresponden y el riesgo es que abuse de sus competencias”, por lo que justifica que el nuevo Gobierno haya pedido que se aplace la discusión en el Senado de la reglamentación de esa Jurisdicción.

El senador del CD también propone que, “como lo que hay es un Acuerdo inacabado, se replantee la definición del narcotráfico como conexo del delito político: “Las Farc ya se beneficiaron de eso, pero no podemos convertirlo en norma constitucional, porque es grave para el futuro del país, más cuando en los últimos cuatro años crecieron de 40.000 a 200.000 las hectáreas con coca” .

Según él, “tiene que haber una nueva actitud de los excombatientes, tienen que ayudar en la identificación de las rutas y de los insumos para producir esas sustancias y así el país va a entender que sí están por la paz”, aprovechando la representación que van a tener en el próximo Congreso.

Pero para Pablo Catatumbo, jefe del partido Farc, “las graves modificaciones que sufrió la JEP en la Corte y el desconocimiento de las competencias de esa Jurisdicción por parte de la Fiscalía en el caso de Jesús Santrich nos indican que no tenemos garantías de seguridad jurídicas y ello podría afectar las garantías para asumir nuestras curules como bancada del Partido Farc”.

Sobre la participación política, Sergio Guarín, investigador de la FIP, anota que muchas de las dudas que se plantearon en la renegociación posplebiscito fueron resueltas entregándoles a los jueces la facultad de que determinen “en qué condiciones pueden estas personas hacer política mientras cumplen sus penas, pero esa solución no resuelve las dudas que expresó el Presidente electo ni la angustia que tiene la gente que votó por él y eso se debe reconocer”.

Sin plata

”Esperamos que en el proceso de empalme se haga claridad de cuánto está adeudando el actual Gobierno a las familias que están sustituyendo cultivos, porque se dice que pasa más de un billón de pesos”, dice el senador Everth Bustamante.

Sergio Guarín, de la FIP, dice que la JEP está “burocratizada”, lo que también contribuye a desfinanciar la Paz.

Víctimas

A Fabiola Perdomo, directora de la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca, le preocupa que aún no se haya reglamentado la JEP “porque si no empieza a operar no vamos a poder lograr verdad, justicia y garantías de no repetición”.

“Muchas víctimas están esperando para acceder a la verdad, otras participarán de la Comisión de la Verdad, porque es necesaria la construcción de la memoria histórica para avanzar en un proceso de reconciliación, y muchas personas me dicen qué hago para saber algo de mi ser querido, entonces también se necesita la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”.

También llama la atención sobre el hecho de que la vigencia de la Ley 1448, que cobija a las víctimas, expedirá en el 2021. “Cuál va a ser la posición del nuevo Gobierno, va a prolongar la ley, va a garantizar los recursos para la reparación de las 7.500.000 víctimas que tienen ese derecho?”, se pregunta Perdomo.

Otro de los puntos que el Ejecutivo entrante deberá resolver con respecto a las víctimas es el relacionado con las diez curules de Paz.
A su vez, Ángela Giraldo, recuerda que mientras en el 2008 se reportaban 3000 muertos entre civiles y combatientes, en el 2017 esa cifra se redujo a 78.

Las otras reformas

“Hay que mantener la idea de que la paz no se consigue solo con la desmovilización y el desarme, sino que para que funcione se necesita hacer cambios importantes en el tema de desarrollo rural y en el de las drogas”, sostiene Sergio Guarín, el investigador de la FIP.

En ese sentido, dice que se deben ajustar puntos como la sustitución de cultivos, que tiene un buen enfoque, pero que de las 62.182 familias que se suscribieron solo 11 % ha recibido asistencia después de casi un año de haber empezado.

“Esa gente no solo necesita un estipendio mensual para hacer la sustitución, sino un nuevo proyecto productivo que sea rentable para que no sea flor de un día”, anota.

De igual forma indica que si bien fue acertado llevar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, a muchas veredas, “allí se están haciendo listas de necesidades sin saber a ciencia cierta cuánta plata se requiere para hacer los proyectos ni se coordina con los planes municipales de desarrollo”.

Entre tanto, Ángela Giraldo, hermana de uno de los diputados del Valle asesinados por las Farc, plantea que la implementación de la Paz “requiere unificarse en una institucionalidad sólida y disminuir la burocracia, para facilitar el seguimiento a los compromisos y exigir el cumplimiento de las partes; fijar pautas de lo que se entiende por cumplido, rendir cuentas de la ejecución y permitir la trazabilidad de la inversión nacional e internacional, sin excepción alguna”.

Y añade que Duque no podrá olvidar que la pacificación se construye desde el territorio, “por lo que es necesario involucrar los gobiernos municipales y departamentales, y acompañarlos de estrategias para mejorar su capacidad de gestión. Gran reto que seguro este nuevo Gobierno asumirá”.

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