"Situación de Duque no tiene la dimensión de lo que tocó vivir a Samper": congresista Cárdenas

En los últimos quince días la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha abierto dos investigaciones en contra del presidente Iván Duque por la presunta compra de votos para su campaña del 2018.
John Jairo Cárdenas, presidente de la Comisión, le explicó a El País cómo se desarrollarán ambos procesos y hasta dónde llega la competencia de los investigadores del Jefe de Estado.

¿En qué va la investigación que se le abrió al presidente Duque por las declaraciones hechas desde Venezuela por Aída Merlano?

Ya nombré un triunvirato al que le di instrucciones para que se reúna y organice las respectivas indagatorias que, a mi juicio, se deben realizar con la mayor prontitud. Cité la Comisión para el martes 17 y allí vamos a darle curso a la recusación del representante Edward Rodríguez, como lo pidió David Racero (solicitante del proceso), y a partir de ese momento sí arrancará en firme la investigación.

¿Con qué criterios escogió a los tres representantes investigadores?

Cuando se trata de asuntos tan espinosos, para garantizar que las cosas se hagan sin sesgo político, me preocupo por asegurar la pluralidad de los participantes. Hay gente de la oposición, del Centro Democrático (Rodríguez) y de otros partidos, pues siendo un proceso contra Iván Duque, si solo nombro gente del Centro Democrático o de la oposición, puede dar lugar a sesgos y malas interpretaciones. En cambio, esa pluralidad me garantiza que los investigadores se atengan a los hechos y tramiten con el máximo rigor jurídico las pruebas.

¿Y hasta dónde llega su autonomía como cabeza de la Comisión?

Tengo autonomía para evaluar los procesos, hacer las asignaciones y los seguimientos y definir los tiempos en los que ellos deben estar entregando a la plenaria de la Comisión los resultados de las investigaciones.

¿Y por qué decidió abrir el proceso?
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Es importante explicar cómo opera la Comisión de Acusaciones: uno hace una primera valoración y encarga a unos representantes investigadores para que adelanten el respectivo proceso. Ellos investigan si la denuncia tiene los elementos fácticos suficientes o no, actuando como Policía Judicial, teniendo a disposición el CTI y con facultad para llamar a cualquier persona a declarar. Luego, hacen un auto en el que pueden decir: archivar o hallar mérito para acusar.

Cuando se trata del Presidente de la República, llevan ese auto a la plenaria de la Comisión, que equivale a una Sala y se abre la discusión allí, pudiendo ser desvirtuado, polemizado o aceptado.

En el caso de que los investigadores pidan que se archive y la Comisión en plenaria está de acuerdo, ahí murió el proceso. Si, por el contrario, dicen que hay mérito para acusar y la Comisión aprueba, la Cámara lo lleva ante el pleno del Congreso y allí se abre la posibilidad de una destitución. Si, supongamos, el Presidente es destituido, nosotros perdemos toda competencia y fuero sobre él, porque los órganos competentes pasan a ser la Fiscalía y los jueces, que lo procesarían como a un ciudadano corriente.

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O sea que sí es potestad suya decidir abrir la investigación...

Una vez yo encargo, ellos tienen que investigar y declararse inhibidos, que es cuando los asuntos de la acusación no se relacionan con el ejercicio de las funciones presidenciales. También pueden pedir que se archive porque los elementos probatorios no arrojaron ninguna conclusión firme.

Acaba de aceptar la petición de que Iván Duque también sea investigado por la ‘Ñeñepolítica’ y lo hará directamente usted, ¿por qué?
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Sí, la norma establece que el presidente (de la Comisión) tiene la potestad para hacer el reparto de procesos. En este caso tomé la decisión de vincularme directamente a este por la magnitud del caso y también vinculé a Óscar Villamizar, del Centro Democrático, como una garantía de equilibrio en el trámite del proceso.

¿La Comisión de Acusaciones es una instancia jurídica o política?
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Es una mezcla de las dos. Por ejemplo, al magistrado Leonidas Bustos se lo acusó y llevó a la plenaria de las cámaras y allí se le quitó la inmunidad que tenía como aforado constitucional, que son aquellos que la justicia ordinaria no puede tocar. Entonces, lo que hacemos es que, basados en un hecho jurídico, le quitamos la inmunidad, que es un hecho político también. Nosotros no entregamos sentencias judiciales, les quitamos la condición de aforados constitucionales y al Presidente lo destituimos, si procede.

Se dice que estos procesos nunca llegan a nada, ¿qué responde?
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El Poder Legislativo ha estado sometido al Ejecutivo y eso significa que, a menudo, en el trámite de muchas denuncias esa subordinación se mantiene al momento de tomar decisiones desde la Comisión de Acusaciones, ha sido una constante histórica. Pero ha habido dos conatos en la historia reciente de Colombia, el proceso que se adelantó contra el presidente Samper, que alcanzó a llevarse a la plenaria del Congreso, donde se votó la absolución, y con los magistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo. El problema es que les da miedo, hay una cosa reverencial y a veces la gente no avanza con suficiente decisión.

¿Y ahora no será así?
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Tengo la determinación de avanzar hasta dónde los elementos probatorios me lo permitan, pero tenga por seguro que vamos a investigar. Todavía estoy esperando en el caso Odebrecht, también bajo mis manos, que podamos darle trámite a la renuncia del representante Fabio Arroyave y vamos a llamar a quién haya que llamar para que la decisión en derecho de ese tema se pueda fallar, porque ya llevamos tiempo con eso. Lo mismo tiene que pasar con estos temas de Aída Merlano, si toca ir hasta Venezuela a recoger las pruebas, tendrán que hacerlo.

Usted pertenece al Partido U, ¿qué tan cercano es al presidente Duque?
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No voté por él ni en la primera ni en la segunda vuelta presidencial. Segundo, cuando él presentó las objeciones a la JEP, fui uno de los cinco congresistas que las hundió en la Cámara e incluso el embajador Whitaker me quitó la visa (a EE. UU.) porque salí a denunciar las presiones que estaba haciendo sobre nosotros. Ahora, hay cosas en las que he acompañado de manera puntual al Gobierno. Por ejemplo, en la reforma tributaria le voté unas cosas y otras no. Es que si considero que algo es razonable, pues actúo, pero si argumentativamente no me convencen de algo, no lo voto.

¿Y qué les dice a los uribistas que dudan de su imparcialidad?
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Yo tengo una responsabilidad ante todo con la verdad, con lo jurídico. No puedo prejuzgar, tengo que mirar objetivamente los hechos y al final escribir un auto y mostrar los argumentos. Es como una sentencia de la Corte, no es una cosa clandestina. Cuando tenga los elementos de juicio suficientes, podré decir que aquí los hechos indican esto o aquello.

Otros temen que, como pasó con Samper, el presidente Duque no pueda gobernar en adelante por estar defendiéndose...
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Yo no creo que las dificultades del presidente Duque tengan la dimensión de lo que le tocó vivir a Samper, que sí tuvo una crisis institucional enorme. Pondero los hechos y concluyo que se trata de situaciones distintas y que el presidente Duque todavía tiene margen para gobernar el país. Esperemos a ver qué nos arroja la investigación. No quiero anticiparme y decir que él va a vivir el infierno que vivió Samper.

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