“Si los alcaldes no aplacan la corrupción, el Estado se recentralizará”: Procurador

“Si los alcaldes no aplacan la corrupción,
el Estado se recentralizará”: Procurador

Septiembre 23, 2018 - 12:41 p.m. Por:
José Luis Carrillo y Luis Guillermo Restrepo
Fernando Carrillo, procurador general

Fernando Carrillo, procurador general

El País

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, en su visita a Cali, advirtió a los alcaldes y gobernadores que deben combatir la corrupción en las regiones porque de no ser así se corre el riesgo de que se dé una recentralización del Estado.

También señaló que tiene la lupa puesta en el Valle del Cauca en obras como la ampliación de la Avenida Cañasgordas y en la CVC, donde aseguró están haciendo indagaciones por presuntas nóminas paralelas.
En el ámbito nacional teme por el futuro de la acción de tutela tras la Reforma a la Justicia que tramita el actual Gobierno y sostiene que el proceso de paz, con la antigua guerrilla de las Farc, no se puede morir por inanición.

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Procurador, usted envió una carta a la Gobernación del Valle en la cual hace observaciones frente a la licitación de las obras de la ampliación de la Avenidas Cañasgordas, ¿Qué le preocupa?

En el ejercicio de la función preventiva hemos venido analizando una cantidad de obras y estamos emitiendo unas alertas tempranas, tenemos varias objeciones en lo que tiene que ver con el proceso de adjudicación de esa obra. Entendemos que lo que se quiere hacer es retrotraer el proceso.

¿Qué significa retrotraer el proceso, qué es lo que le inquieta a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en relación con este proyecto?

Fundamentalmente nos preocupa cómo se produce la suspensión de este proceso -de licitación- y desconocer todo el camino recorrido en la selección de proponentes y queremos saber la justificación de eso. Queremos que esta obra sea adjudicada según lo contemplado en la ley.

¿En el oficio que envío a la Gobernación hace otro tipo de observaciones sobre el proceso de contratación en esta obra?

Se advierte la necesidad de cumplir con los términos y plazos que señala la ley para el proceso de licitación pública... el plazo inicial era de nueve días hábiles y se encuentra suspendido desde hace más de dos meses.

¿Qué tendrá que hacer la Gobernación tras estas advertencias?

A la Gobernación se le han dado tres días hábiles para que responda las inquietudes de la Procuraduría.

Una de las noticias que trajo a Cali fue que la PGN inhabilitó por 10 años al exdirector del Hospital Universitario del Valle, Jaime Rubiano, ¿Cuáles son los motivos ?

Por irregularidades en la adjudicación del contrato de apoyo logístico del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, para la prestación del servicio de asistencia a los pacientes del Hospital Universitario.
Se pudo determinar que el exdirector participó en actividad contractual sin la debida planeación y ejecución de un contrato con la firma Sanos Especialistas en Facturación y Cartera S.A.S., cuyo objeto era la prestación del servicio para el apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, además de no realizar las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de cartera de pacientes atendidos con cargo a pólizas Soat.

¿Es un fallo definitivo?

Es un fallo de primera instancia que enfatiza en que los servicios contratados no eran los únicos que presta el Hospital Universitario del Valle, porque también brinda atención en salud de mediana y alta complejidad, por lo tanto el exdirector debió establecer la favorabilidad para la prestación de los servicios de salud, teniendo y poniendo en primer lugar la atención a los usuarios.

La Procuraduría ha hecho señalamientos muy duros a las corporaciones regionales autónomas y entre ellas a la CVC, esta última específicamente por la administración que le han dado a los recursos de la venta del embalse de salvajina a la Epsa...

En efecto, las corporaciones regionales autónomas tienen todo un modelo jurídico para que no se den prácticas que faciliten la posibilidad de hacer una contratación correcta. Si somos serios en el manejo del medio ambiente hacia el futuro tendríamos que pensar que el sistema ambiental más grande del país debe estar adaptado a los requerimientos internacionales pero está en manos de la clases políticas regionales.
Ante esa postura, desde las regiones lo que se cuestiona es que hay intensiones de centralizar desde el Gobierno los recursos de las CAR y quitarles autonomía...

En el caso de las CAR lo que se debe pensar es en un sistema nacional descentralizado donde el Gobernador y los mandatarios locales, en este caso los alcaldes, tienen que saber que si no aplacan la corrupción diariamente lo que les espera es la recentralización del Estado.

Yo no creo que tengan que centralizarse las CAR sino que hay que repensar todo el sistema nacional ambiental en función de los propósitos del Gobierno y que las CAR no sean los grandes vacunaderos de las clases políticas del país.

¿Con respecto a la CVC, tiene alguna investigación nueva?

Hay dos investigaciones que estamos abriendo. Una porque la CVC pudo haber incluido en condiciones excesivas y restrictivas oferentes de contratos por la que están siendo investigados Óscar Libardo Campo y Rubén Dario Materón, en calidad de Director General y Director Ambiental, respectivamente. Y lo segundo estamos en indagación preliminar por presuntas nóminas paralelas. Los hechos fueron de marzo del 2018.

Procurador, revisando el ámbito nacional, ¿Cómo analiza el nuevo proyecto de reforma a la justicia en la que trabaja en Gobierno Nacional?

Creo que la tutela está en un lugar sagrado de la Constitución, lo que no implica que sea intocable, pues puede plantearse una reforma, pero no una reforma que convierta la tutela en un mecanismo restrictivo que implique manosearla o especular con los resultados.

Llevamos 27 años defendiendo la integridad de la tutela, y nosotros queremos que el Gobierno Nacional nos dé explicaciones referente a las reformas que propone. Por ejemplo, todo el criterio de especialización de la tutela supone que hay una cantidad de municipios del país donde no se van a poder interponer, esto porque no hay lugares especializados en la materia. Entonces queremos ver los estudios del Gobierno para hacer esas propuestas, creo que es un manoseo innecesario. ¿Para qué vamos a romper la consistencia que tiene la tutela como el mecanismo más importante de defensa de los derechos de los colombianos?

¿Usted no cree que el problema de la tutela se da por la ausencia de Justicia?

Sin duda. Es que la tutela es el único mecanismo de acceso a la justicia. El proyecto - de reforma a la justicia- no contempla ningún mecanismo nuevo de acceso a la justicia. Nosotros hemos insistido mucho en crear las secretarias de Justicia Departamentales y Municipales que sean mecanismos de acceso a la justicia. Si hay algo que es popular como último bastión de la justicia colombiana es la tutela.

¿Para usted quiénes abusan más de la tutela, los que denuncian o los jueces?

Yo creo que en el caso de los jueces están desbordados por la tutela, hay que pensar cómo se maneja. Pero creo que hay una serie de mecanismos que pueden racionalizar el uso de la tutela.

Hace pocos meses fue muy intenso el debate frente a la falta de inversión de los Fondos de Paz (recursos internacionales para el posconflicto) usted dijo que investigaría el caso, ¿En qué va ese proceso?

Nosotros le mandamos una carta al presidente Duque manifestándole nuestra gran inquietud sobre todo con la disponibilidad de recursos de la comunidad internacional y del presupuesto nacional para cumplir con los acuerdos de paz.

En el caso de la investigaciones penales de la Fiscalía, nosotros acompañamos algunos procesos pero la verdad no hemos encontrado grandes hallazgos con irregularidades que se hayan tenido con los fondos de paz distinto a lo que ha dicho la Fiscalía.

Lo que me parece a mí es que el Gobierno tendrá que tomar la determinación de financiar los compromisos derivados del acuerdo de paz o simplemente, como parece que puede estar sucediendo, dejar que se muera por inanición. Aquí hay un compromiso con 7000 guerrilleros que entregaron las armas. El presidente Duque ha sido enfático en decir que hay una obligación con ellos. Yo creo que el proceso de paz no se puede morir de inanición.

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