¿Qué viene ahora en la investigación contra Álvaro Uribe?

¿Qué viene ahora en la investigación contra Álvaro Uribe?

Julio 25, 2018 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País - Colprensa 
Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República.

Agencia EFE

Pese a que la anunciada renuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez no llegó ayer al Congreso de la República, el debate sobre las implicaciones jurídicas que tendría esa decisión, luego de ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, no se detiene.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, consideró que el hoy senador tiene todo el derecho a renunciar a su fuero para ser procesado en otro tribunal, lo que no implica ninguna estrategia cuestionable en términos jurídicos.

“Mientras no se haga efectiva la renuncia, si no se la acepta el Congreso, la Corte puede adelantar la diligencia de indagatoria, pero en el momento que se conozca que cesaron las funciones, tiene que analizar si es competente o no para continuar con el proceso”, explicó el experto.

El pronunciamiento de Arrubla fue hecho en medio de la polémica suscitada en el país luego de que la Corte Suprema de Justicia le abriera una investigación al exmandatario y actual congresista por presunta manipulación de testigos, por lo que se le podrían imputar cargos por fraude procesal y soborno.

Si embargo, Jorge Aníbal Gómez, quien también ocupara la presidencia del alto tribunal, manifestó que la competencia del caso depende de los delitos por los que se pretende procesar a Uribe Vélez, que para el caso son delitos propios, es decir, que no tienen que ver con su desempeño como funcionario público.

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“Los asuntos que tramita la Corte contra congresistas están sometidos al procedimiento de la Ley 600 (Código de Procedimiento Penal anterior al 2005). Si se pasara a la Fiscalía, se le aplicaría la Ley 906, un procedimiento acusatorio en el que la Fiscalía investiga y acusa y es un juez el que adelanta el juzgamiento”, argumentó el jurista.

El exmagistrado de la CSJ agregó que no hay un tiempo estipulado para pasar el caso de la Corte a la Fiscalía. En caso de ser necesario, el alto tribunal remitiría los expedientes en el momento que advierta que los delitos no tienen que ver con su función pública.

Gómez también aclaró que, de llegar a darse una indagatoria en la Corte, dicha versión puede ser tomada como prueba en el proceso, como lo estipula la Ley 600, mientras que si lo llama la Fiscalía General de la Nación se trataría de un testimonio o declaración juramentada, como se señala en la Ley 906.

Así mismo, argumentó que en la Ley 906 el procedimiento a seguir por la Fiscalía para vincular a alguien en un proceso judicial es mediante una audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías.
En caso de darse, el ente investigador es autónomo para decidir cuándo cita las audiencias, las cuales se programan cuando se considera que cuentan con las pruebas suficientes.

Entre tanto, el exvicefiscal general Francisco Cintura destacó que en el sentido práctico de la palabra no hay diferencia entre un proceso penal en la Corte y ante un juzgado.

“Desde el punto de vista de una justicia objetiva, veraz e imparcial, no hay ninguna diferencia, da lo mismo ser juzgado por la Corte o por un juez ordinario. Obviamente cuando juzga la Corte es por razón de un fuero”, indicó.

Fuentes de la Corte insisten en que una vez se protocolice la renuncia de Uribe, el caso pasará a la Fiscalía.

No está eludiendo

Entre tanto, el exmandatario rechazó ayer que algunos sectores calificaran su anunciada dimisión del Congreso como una estrategia para acogerse a un proceso judicial más favorable.

“Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, escribió Uribe Vélez en la mañana en Twitter.

Anoche, a través de la misma red social leyó un comunicado de 18 puntos en el que refutó los argumentos del alto tribunal con respecto a su supuesta intención de manipular testigos en los procesos que tiene en su contra, entre ellos Juan Guillermo Monsalve.

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“Los magistrados se equivocan cuando afirman que he pedido a Juan Carlos Sierra (El Tuso), que cambie de versión. El diputado Roque Arismendi me comunicó que allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la Corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme. Tan pronto lo supe envié carta a la Corte para que lo escucharan. También a él le he solicitado esa declaración a través de quienes me trajeron la información y de un abogado”, indicó.

Uribe expresa además la forma como él fue informado por un desmovilizado sobre una información falsa en su contra, tras indicar que siempre hizo conocer a la Corte los datos que recibía de personas que lo contactaban.

Prada no renuncia

Álvaro Hernán Prada dijo que no renunciará a su curul en la Cámara y que tiene pruebas para desvirtuar las acusaciones que se hacen en su contra por presunta manipulación de testigos, tal como informó la Corte Suprema de Justicia en la decisión mediante la cual lo llama a indagatoria.

”Veo con mucha extrañeza, según la Constitución, esta etapa la debe iniciar es la Sala de Instrucción y quienes están actuando son los magistrados de la Sala Penal, que es la segun- da instancia”, aseguró.

Los investigadores

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, José Luis Barceló, bajo cuya administración se adelanta el proceso contra Álvaro Uribe es egresado de la Universidad Militar Nueva Granada y tiene varias especializaciones en Derecho Penal.

Abogado con 36 años de experiencia, fue fiscal encargado de la Fiscalía Superior de Bogotá, juez de instrucción criminal, asesor de la Procuraduría Segunda Delegada en lo Penal, magistrado auxiliar de la CSJ y presidente de la Sala de Casación Penal de esta.

Justamente Luis Antonio Hernández Barbosa, el otro magistrado encargado del caso del expresidente y senador es
el actual presidente de esa instancia de la CSJ.

Es abogado en la Universidad Libre, especialista en derecho penal y fue magistrado auxiliar y fiscal auxiliar ante la Corte Suprema. También fue director de la Seccional de Fiscalías de Medellín y juez de instrucción criminal.

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