Procuraduría investigará a Otto Bula por presunto despojo masivo de tierras

La Procuraduría General de la Nación abrirá una investigación al excongresista Otto Bula, por posible injerencia en un despojo masivo de 1800 hectáreas de tierra en los Montes de María, sur de Bolívar. 

El ente disciplinario tomó la decisión a partir de información remitida por entidades competentes. En dichos documentos, se relaciona directamente a Bula con Asociaciones Agropecuarias, señaladas de cometer los desalojos en la zona. 

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Igualmente, la Procuraduría advirtió de una posible red de servidores públicos y particulares que pudieron colaborar en el aparente despojo, así como de personas que fueron señaladas por víctimas como testaferros de Bula en regiones donde se han originado desplazamientos. 

El primer estudio de la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras sobre predios en la zona de Montes de María reveló irregularidades en varios predios.

Por ejemplo, en el predio Barcelona, ubicado en San Jacinto, Bolívar, Bula podría estar involucrado en el despojo de, al menos, 500 hectáreas, que en su momento fueron entregadas a campesinos beneficiarios de programas de reforma agraria por el Incora.

Según la información estudiada por la Procuraduría, Bula pudo haberse hecho a esos predios aprovechándose del estado de vulnerabilidad de la población de San Jacinto por miedo y analfabetismo, para hacer contratos de promesa y compraventa que, al parecer, violarían el régimen jurídico de protección de los bienes de las personas desplazadas o en riesgo.

"En efecto, en algunos de los folios de matrícula de los predios hay irregularidades en la inscripción de las medidas de protección; en otros, las autorizaciones de venta del Comité Municipal fueron posteriores a la venta misma. Las notificaciones de esas autorizaciones no aparecen firmadas por los propietarios, tienen defectos en los nombres, no tienen constancia de ejecutoria, no están motivadas o las escrituras fueron firmadas a ruego, siempre por las mismas personas", informó la entidad.

Según la Procuraduría, las irregularidades en la inscripción de las medidas de protección de los bienes y de las autorizaciones para su venta son especialmente graves.

Según la entidad, la manipulación del procedimiento que termina en la autorización de venta del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada es grave, pues al adquirir irregularmente una autorización de estas, "se trastoca la cadena de garantías y se dejan desprotegidos los bienes de las víctimas del conflicto, haciendo más gravosa su situación".

La Procuraduría advirtió que pudo haber una red de funcionarios, servidores públicos y particulares que se prestaron, cada uno desde su posición, para que estas dinámicas fueran posibles, y que Bula se hiciera al menos a 500 hectáreas sólo del predio Barcelona.

"Corresponde a las autoridades competentes desentrañar el papel que jugaron esas personas y definir si las conductas del señor Bula constituyen despojo", señaló la entidad, al recordar que el exnotario único de San Jacinto y la exregistradora de Carmen de Bolívar fueron sancionados disciplinariamente por conductas relacionadas con el despojo.

Adicionalmente, algunos funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y los funcionarios que eran, para ese momento, miembros del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia de San Jacinto, dijo la Procuraduría, pudieron haberse aprovechado del estado de vulnerabilidad de campesinos que vivían en un contexto de violencia y desplazamiento forzado.

Sobre el Predio Cuba, también ubicado en San Jacinto, Bolívar, se indicó que las víctimas han señalado al señor Otto Bula como la persona que habría determinado el despojo y que motivó sus solicitudes de restitución del predio que cuenta con cerca de 1010 hectáreas.

Algunos campesinos reclamantes de la zona de San Jacinto señalaron públicamente que fueron despojados de sus predios por Otto Bula e identifican que el predio 'Cuba' hace parte de las 8000 o 9000 hectáreas acumuladas por el exsenador.

La Procuraduría advirtió la posibilidad de que las dinámicas identificadas en el predio Barcelona, que podrían constituir un despojo masivo, coinciden al aparecer con las que motivan las solicitudes de los campesinos reclamantes del predio 'Cuba'.

Por esa razón, solicitó a la Fiscalía que intensifique esfuerzos para aclarar la relación de la Agropecuaria la Cuba y el señor Bula.

Sobre las parcelas Puerto Rico, La Florida y Oso Negro, ubicadas en Ovejas, Sucre, la Procuraduría identificó algunas particularidades sobre la transacción de predios en municipios del departamento de Sucre, en las que participó la empresa 'Agropecuaria Montes de María', y que pudieron dar lugar a un despojo masivo de unas 300 hectáreas de tres parcelas distintas.

Sin embargo, como la Agropecuaria Montes de María, empresa posiblemente relacionada con Otto Bula, ha sido identificada en otros procesos de restitución en distintos municipios como San Jacinto, Bolívar y Turbo, Antioquia, en donde se investigan denuncias y reclamaciones de restitución por despojo masivo de tierras, la Procuraduría General de la Nación alertó a la Fiscalía.

La Procuraduría anunció que entregará a la Fiscalía General de la Nación el primer informe y la documentación e investigue los hechos.

"La Procuraduría recomienda a la Fiscalía que valore la utilidad de esta documentación para la apertura o impulso de los procesos que correspondan, relacionados con los posibles despojos masivos de tierras de las víctimas del conflicto, en los que pudo participar Otto Bula y las demás personas que aparentemente se prestaron para operativizar sus dinámicas de manipulación del orden jurídico", informó la entidad.

Igualmente, la entidad solicitó a la Unidad de Restitución de Tierras que impulse los procesos en curso y valore la opción de iniciar de oficio los trámites de restitución de tierras en los casos señalados.

También le pidió a la Unidad que remita a la Fiscalía copia de las solicitudes de restitución de tierras sobre los casos referidos, cuando se haya iniciado estudio formal, o de los actos administrativos de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, RTDAF, para que obren en la Fiscalía como material que permita abrir o continuar las investigaciones penales que correspondan, especialmente las relacionadas con el posible despojo masivo en la zona.

Adicionalmente, la Procuraduría recomendó que compulse copias a la Fiscalía de las inclusiones en el RTDAF para que, si esa entidad lo considera procedente, pueda valorarlas como noticias criminales en los procesos que corresponda, en especial el de extinción judicial del dominio si procede.


Cabe recordar que el excongresista está señalado por la Fiscalía de presuntamente ser el intermediario de la firma Odebrecht para obtener el contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. 

Además, el ente investigador incautó con fines de extinción de dominio 686 bienes que estarían a nombre del exsenador Otto Nicolás Bula y su familia, los cuales tiene un avalúo por más de 53.000 millones de pesos.