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Habla la magistrada de la JEP encargada del caso de secuestros de las Farc

Julio 31, 2020 - 11:45 p. m. Por:
 Olga Lucía Criollo, editora de Poder
Julieta Lemaitre

La magistrada Julieta Lemaitre, encargada del caso de los secuestros de las Farc en la JEP, dice que en agosto estarían listos los principales documentos de la investigación.

Especial para El País

E agosto deberán estar listos los principales documentos de la investigación del Caso 01 de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, conocido comúnmente como secuestro, que incluye el plagio y posterior asesinato de los diputados del Valle del Cauca.

Así lo asegura la magistrada Julieta Lemaitre, encargada de esclarecer los secuestros realizados por la antigua guerrilla de las Farc, quien destaca el liderazgo asumido por los familiares de los asambleístas en su condición de víctimas y anuncia que para agosto deberán estar listos los principales documentos sobre el caso.

Tanto familiares de los diputados como otras víctimas se han quejado porque, dicen, la JEP habla de retención ilegal de personas y no de secuestro. ¿Cuál es la razón?

El informe de la Fiscalía se llama retención ilegal, y cuando inició la JEP, nos pareció un término no jurídico, neutro. Al final tendremos que decidir si vamos a utilizar las calificaciones del derecho colombiano o las del derecho internacional, pero uno no puede decidir en el nombre lo que no se ha decidido todavía, entonces la solución era buscar una palabra que jurídicamente no significara nada y, como la Fiscalía le puso retenciones ilegales, comenzamos a utilizar esa palabra. Pero no dimensionamos su impacto emocional y algunas víctimas nos enseñaron que para ellas la palabra tiene un valor simbólico y les genera enorme rechazo, pues sienten que era la manera como la guerrilla desestimaba el daño que les hizo, entonces todos en la JEP, menos el juez, optaron por hablar de secuestro.

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Para el Valle, el Caso 001 es el de los diputados, pero la JEP dice que abarca la investigación de más de 20 mil secuestros, lo cual parece una misión imposible…

Ese número nos da cuando tomamos todas las bases de datos y eliminamos los nombres que no se repiten, pero es imposible confirmar que todas estas listas realmente fueran secuestros y de las Farc. También hemos aprendido que, en medio del conflicto, ha sido muy difícil llevar la cuenta, y con mucha frecuencia son personas de las que no tenemos ningún dato de contacto, entonces estamos trabajando más con los hechos que nos reportan quienes se acreditaron como víctimas, aunque también vamos a decir como contexto que esta es la lista que tenemos y que es un fenómeno más amplio que las víctimas acreditadas.

Ahora, es un macro caso: aunque la responsabilidad penal es por unos hechos concretos, de lo que se da cuenta en justicia transicional es del patrón del fenómeno. Entonces, la Sala de Reconocimiento arma los casos por patrones que son graves y representativos, mientras que las otras Salas sí asumen un hecho o una persona. En este caso la responsable es toda la antigua guerrilla y a quien le corresponde reconocer es a los dirigentes y a los que hayan tenido roles para tomar esas decisiones y ejecutarlas.

¿Eso significa que no todos los responsables van a ser procesados?

El mandato que tenemos es que deben reconocer los hechos y conductas los “partícipes determinantes,” término que en derecho no existía así hasta el Acuerdo Final. El mandato es que se debe buscar a todas las personas que participaron en crímenes no amnistiables y la jurisprudencia tendrá que trazar el límite de qué son partícipes determinantes. No van a ser diez personas, pero tampoco serán los doce mil que se desmovilizaron. Tenemos que encontrar un intermedio que incluya a todas las personas que realmente dirigieron y tomaron decisiones.

¿Y qué se ha adelantado hasta hoy?

Los equipos ya sistematizaron las observaciones de las víctimas a las versiones de la antigua guerrilla. Incluso recibimos versiones antes de que ellas se acreditaran. Unas pidieron abogado y otras lo trajeron y eso requiere organización: tenemos más de 2200 víctimas y no pueden venir 2200 abogados, porque no los podemos atender, entonces se buscó que pocos abogados manejen muchos casos y con apoyo de la cooperación internacional contratamos cuatro personas que leyeron las observaciones y las sistematizaron, pues 891 víctimas, cerca del 40 %, hicieron observaciones. Las agrupamos por temas comunes, porque aquí todo es masivo, y el 12 de mayo llegó la última observación. Es el primer espacio en el cual participan las víctimas en el caso. Otras personas están contrastando esas observaciones con lo que tenía el Estado y lo que dijeron los exguerrilleros, para ver coincidencias y disparidades.

“Todas las disputas que no sean armadas reflejan ya algo positivo para el país, en el sentido de que los conflictos violentos con las armas se transforman en conflicto en Twitter, en la prensa o en el Congreso”.

¿Y qué sigue ahora?

El verbo de la Sala es contrastar. Primero recibimos lo que tenía el Estado, la información de la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica, la Fundación País Libre, y le dimos copia a los dirigentes de la antigua guerrilla para que respondieran individualmente y después de manera colectiva, Bloque a Bloque. Participaron más de 300 exguerrilleros y cerca de 200 fueron a validar lo que decían los voceros.

Cada uno dijo quién era, dónde estaba y qué responsabilidad tenía, y los que fueron, se supone, eran los que participaron en secuestros, aunque algunos dijeron: ‘yo estaba en el vecindario y vine’. Luego, todas esas versiones se las presentamos a las víctimas.

Hay que tener en cuenta que es la primera vez que los exguerrilleros en sede judicial dan su versión y a veces es impactante para las víctimas oirlos. Ya hicieron comentarios y pronto recibirán el análisis que hemos hecho. Habiendo oído las observaciones de las víctimas, los exguerrilleros tienen una segunda, y última, oportunidad de reconocer.

Algunos vendrán a rendir versión individual a petición de las víctimas; estamos hablando de mandos medios. Eso nos obliga a encontrar formas de hacerlo, con participación de las víctimas y con condiciones de bioseguridad, que en este momento es un gran reto.

Laura Charry, vocera de los familiares de los diputados, ha asegurado que ese proceso está quieto a raíz de la pandemia del covid...
Está quieto solo en cuanto no podemos hacer diligencias presenciales.

Eso nos impactó porque teníamos programadas con las víctimas, incluidos ellos, once diligencias colectivas en todo el país para que hicieran sus observaciones verbalmente, pero por el covid no se pudieron realizar.

Además, la zona donde queda la JEP fue cerrada por la Alcaldía de Bogotá con una cuarentena estricta. La verdad es que hay una parte que es incierta, que es cuándo vamos a poder hacer diligencias como las audiencias de reconocimiento, que es una aglomeración de personas.

La Secretaría Ejecutiva de la JEP, que se encarga de la administración, está buscando maneras de garantizar la bioseguridad y brindando medios para hacer diligencias virtuales, que se están haciendo. Hay una cosa muy positiva de ese grupo de los diputados y es que son cohesionados, tienen representante y eso no es usual, es algo de destacar.

Generalmente las víctimas de secuestro vienen en grupo familiar, quizá de amigos, no hay cohesiones. Yo admiro la forma como actúa el grupo de los diputados. Nuestro trabajo sería más fácil si hubiera más como ellos.

La vocera también dice que pareciera que los exfarc no tienen voluntad de decir la verdad y rechaza por la forma como se expresan...

En torno a los hechos, el más disputado tiene que ver con el trato dado a las víctimas, y a muchos les molesta la forma cómo hablan los exguerrilleros. Estamos identificando los puntos precisos de desacuerdo. Si bien no está precisado en las normas, lo ideal es que los exguerrilleros reconozcan de manera tal que les brinde satisfacción a las víctimas, no solo frente a los hechos, que deben ser ciertos, como está en la ley, sino frente a la manera cómo hablan de los hechos, sin revictimizar a los sobrevivientes. Es la aspiración de la Jurisdicción, al propender por los derechos de las víctimas y tener como principio la justicia restaurativa. Las cosas que sucedieron fueron muy, muy dolorosas y no debe ser el proceso la ocasión de revivir ese dolor.

“Creo en el Acuerdo de Paz, en terminar un conflicto muy viejo y muy destructivo, que causó tanto dolor en todo el país”.

¿Y cuándo se empezarán a conocer los fallos de este caso, que es lo que estas víctimas esperan?

La parte que podemos hacer sin hacer diligencias, a menos que haya algún imprevisto, va marchando bien. El estimado que había no contaba con el covid y las cuarentenas, que nos han afectado, pero en agosto deberíamos tener ya los principales documentos listos. Sin embargo, en esta etapa final el proceso requiere diligencias que habíamos planeado presenciales, como la de escuchar a las víctimas. También están las diligencias de versiones de mandos medios identificados por las víctimas y muchas nos pidieron que llamemos a mandos por debajo de ellos, es decir, comandante de escuadra, que tienen información que las víctimas quieren.

Entonces hay unos retos para los que no tenemos solución inmediata, pero la debemos encontrar. Cuando la presidenta de la Sala me pregunta cuándo termina la instrucción, le digo: ‘tres meses después de que podamos coger carretera’.

El Caso 01 trata de hechos que en la Justicia ordinaria colombiana fueron catalogados como secuestro extorsivo o simple y toma de rehenes, que es el único que existe en el derecho internacional, cuyo lenguaje es distinto.

¿Se tendrán en cuenta los castigos propuestos por las víctimas?

Mi Sala no toma esa decisión, que está en la sentencia que impone el Tribunal de Paz, pero sí recogemos todo lo que las víctimas hayan dicho respecto a la sanción, incluso a veces los mismos exguerrilleros proponen cosas, y si vemos una sanción que dé satisfacción, la avalamos. Por ejemplo, los familiares de los diputados del Valle propusieron que los exguerrilleros trabajaran en la construción de un colegio entre Pradera y Florida que se llamara ‘Los doce diputados’, y se lo recomendaremos al Tribunal, pero ellos son los encargados de tomar la decisión. Esa idea es magnífica, pero requiere del apoyo de la Nación porque sería público, tendrían que asignarle maestros, rutas para llevar a los niños y alguien tiene que poner la plata para construirlo. Entonces es muy compleja la ejecución de esa sanción propia.

Finalmente, ¿qué opina que desde el Congreso se quiera cambiar la JEP?

Creo que todas las disputas que no sean armadas reflejan ya algo positivo para el país, en el sentido de que uno ve que la conflictividad se transforma de conflictos violentos con las armas a conflictos que se ven en Twitter, en la prensa o en el Congreso y todo lo que no sea armado me parece positivo, porque el conflicto es natural y parte de la vida social. La idea es que sea con las palabras, y entiendo que los intentos de reforma lo que expresan es un desacuerdo que se está manifestando donde tiene que manifestarse, que es en la política, en las elecciones.

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