¿Está politizada la justicia en Colombia?

¿Está politizada la justicia en Colombia?

Agosto 01, 2018 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País 
La Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados, elegidos por la misma Corporación de listas conformadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para períodos individuales de ocho años.

Archivo de El País

El manto de dudas que hay sobre la imparcialidad de la Justicia colombiana no es nuevo. Desde hace varios años se cuestiona sobre sus decisiones y a esto se suman los escándalos de corrupción que solamente el año pasado vincularon a tres de sus magistrados y un expresidente de la Corte Suprema de Justicia en una trama de venta de fallos.

Ahora, tras el llamado a indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, se pone sobre la mesa otra vez el debate de si está politizada o no la máxima instancia del poder judicial en el país.

Desde el Centro Democrático son varias las voces que se quejan. La exsenadora Thania Vega dijo que “el tema de acabar con justicia politizada es cada vez mas urgente” y agregó que el “ataque infame” es una de las armas más utilizadas en Colombia y “ordenada por operadores judiciales”.

Pero no solo ella piensa de esa manera. También refuerzan esa teoría los ciudadanos en las redes sociales, analistas de la realidad nacional, políticos y columnistas como María Clara Ospina, que en un medio regional señaló que “hoy nadie duda que algunos magistrados colombianos están gravemente politizados y que usan desvergonzadamente su poder en los tribunales como una eficaz arma política”.

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Sin embargo, el exviceministro del Interior, Héctor Riveros, asegura que eso no es cierto: “Esa es una cosa que dice el uribismo y lo ha hecho de manera sistemática y la gente ya lo repite como verdad”.

A su juicio, las decisiones judiciales en el país no obedecen a razones políticas, además, sostiene que comentarios como esos le hacen daño a la institucionalidad por lo que cree que es necesario que se espere el sentido de los fallos y confiar en que se obre de acuerdo a la ley.

“El desprestigio de la justicia no es nuevo, desde hace más de diez años viene presentándose. La polarización es una estrategia creada por el uribismo y le ha servido para ganar elecciones. Supongamos que al expresidente lo exoneran de todo cargo, sus opositores van a alegar favorecimientos. Pero si la Justicia lo encuentra responsable, dirán que hubo politización”, precisó el exviceministro.

Aunque el exprocurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, dice que su análisis desde la academia le permite identificar que sí hay un problema general en la justicia por diferentes factores, entre ellos, la elección de los altos funcionarios.

“La justicia sí ha perdido credibilidad y eficacia, pero las decisiones se deben respetar y el cuestionamiento debe ser dentro de un marco estrictamente jurídico y el debate se debe hace dentro del trámite procesal”, dice Bernal Cuéllar al tiempo que cuestiona que los debates probatorios se den en escenarios que no son los judiciales.

Además, cree que es necesario que en medio de la polarización que enfrenta el país se debe dejar actuar a la Corte Suprema con autonomía e independencia. “Que se conozcan las decisiones por su contenido, no por medios de comunicación o escenarios partidistas cualquiera que sea la filiación”.

¿Llegó la hora de la reforma?

Desde hace varios años en Colombia se ha intentado realizar una reforma a la justicia que no ha dado los frutos esperados.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar dice que su crítica siempre ha sido la misma: el origen de los nombramientos de las altas autoridades que ha llevado a que se pierda credibilidad en las instituciones en un momento histórico en que la Corte Suprema debe actuar con autonomía.

“Me parece ue es urgente una reforma estructural donde partamos del supuesto de que la crisis que pueda tener no solo depende de los funcionarios, también de quienes los nombran, de la sociedad, de quienes ejercemos la profesión, de las facultades de derecho que estamos entregando jóvenes para que administren justicia, del Ejecutivo y del Legislativo”, precisó.

Mientras que Héctor Riveros, exviceministro de Interior, dijo que hay una gran expectativa sobre el tema pero solo se llegará a una reforma menor.

“Dicen que deben quitarles funciones electorales a las Cortes y trató de hacerse en la reforma de equilibrio de poderes, pero no se pudo porque la Corte Constitucional lo declaró inexequible”, contó.

Explicó que esa potestad de elegir el Procurador General, por ejemplo, no se puede delegar a alguien más. “¿A quién se la dejamos, al Presidente de la República? Lo mismo con el Registrador Nacional, no pueden nombrarlo ni el Jefe de Estado ni el Congreso porque son los directos beneficiados o afectados con sus decisiones”.

Para el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, el problema en la rama judicial es de personas, ya que hay evidencias de que con las normas que están vigentes y que estableció la Constitución de 1991 “han habido magistrados serios, íntegros, honestos, de gran prestigio, pero a medida que ha pasado el tiempo, el sistema ha dado paso para que personas sin preparación y sin honestidad lleguen a los altos cargos”.

Para el jurista, es necesario aplicar reglas exigentes para quienes se postulen a los cargos y obviar en el criterio de selección la recomendación de políticos, así como que los magistrados sean visitados por los postulados a cargos como la Procuraduría o la Contraloría para que voten por ellos.

Al igual que el exprocurador Bernal Cuéllar, considera que el sistema educativo se debe repensar para que garantice formación ética y humanística de quienes aspiran a las distintas carreras, especialmente, la de derecho.

Algunos casos

1. Los procesos de la llamada parapolítica que abrió la Corte Suprema de Justicia contra congresistas y excongresistas, donde el entonces senador Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, resultó condenado por nexos con paramilitares, dieron pie para que en algunos sectores se hablara de la politización de la justicia.

El entonces presidente Uribe tuvo enfrentamientos con el magistrado investigador Iván Velásquez por el caso de su primo.

2. En el despacho del magistrado José Luis Barceló estuvo el caso de la investigación por la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe en las actividades ilegales adelantadas por el ‘hacker’ Andrés Sepúlveda Ardila en las elecciones presidenciales de 2014. La Corte suprema de Justicia, incluso, lo llamó a rendir una versión libre.
Sepúlveda señaló en diversas oportunidades que fue contactado por la campaña de Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático) para crear una estrategia que afectara los diálogos que se adelantaban en La Habana (Cuba).

3. Desde hace más de un año, el exsenador Luis Alfredo Ramos espera que la Corte Suprema de Justicia decida sobre su caso por paramilitarismo. A comienzos de mes, la Sala Penal del alto tribunal determinó que su proceso pasará a la Sala de Primera Instancia.

En la procuraduría 

La tesis de 2017 de una estudiante de la Universidad del Rosario (Laura Natalia Becerra), analizó si existió o no politización de la justicia en la función disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación entre 2004 y 2015 y los resultados “sugieren que, en efecto, este fue el caso”.
”Después de 2009 se evidenció un ‘sesgo político’ contra los alcaldes de partidos de izquierda por parte de esta institución, pues se demostró que otro organismo de control nacional no reportó mayores investigaciones a estos mismos.

El estudio también evidenció un “trato diferencial de los procesos disciplinarios a los mismos alcaldes por parte de los dos Procuradores analizados en el periodo propuesto, indicando que después de 2009 el cambio en la probabilidad de tener alguno fue mayor para los alcaldes de izquierda que ganaron por un margen estrecho las elecciones a alcaldía”.

Así mismo, se mostró una menor cantidad de investigaciones a alcaldes del Partido Conservador para ese periodo. “En este punto es importante señalar que en la elección de Procurador para 2009-2012, el Senado votó unánimemente, al igual que en su posterior reelección. Así, puede descartarse que el comportamiento de esta figura pública se rigiera por un enfoque de “responsabilidad electoral”.

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