Esta es la pregunta 6 de la Consulta Anticorrupción

Esta es la pregunta 6 de la Consulta Anticorrupción

Agosto 23, 2018 - 11:50 p.m. Por:
Redacción de El País 
Consulta Anticorrupción

La Consulta Anticorrupción tiene siete preguntas y se votará el próximo 26 de agosto.

Colprensa

¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?

De aprobarse este punto, los ciudadanos podrán saber (sin reserva) el dinero y los bienes con los que cuenta un político antes de posesionarse en un cargo público y al salir de este.

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Todo el que se haga elegir para un cargo público tendrá como requisito para posesionarse publicar y hacer conocer a la ciudadanía y a los medios de comunicación su declaración de bienes, patrimonio, pago de impuestos y conflictos de interés.

Quienes al final de su gestión no puedan justificar el dinero o los bienes con los que cuentan serán objeto de investigaciones, así como también será investigada su potencial red de testaferros, así como sus familiares más cercanos y su equipo de trabajo.

En la actualidad los congresistas y servidores llenan una declaración de bienes al entrar al cargo, pero no hay ninguna sanción si no se entrega; además, no es de acceso al público ni a los medios de comunicación.

El hecho de que las declaraciones de renta de los integrantes de corporaciones públicas tengan un acceso limitado restringe el derecho de la ciudadanía a ejercer control social y facilita la comisión de conductas relacionadas con corrupción.

Los opositores a la Consulta dicen que esta normatividad ya existe y que, según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 190 de 1995, se debe presentar una declaración juramentada; mientras los promotores de la iniciativa argumentan que esa declaración juramentada no es la declaración de renta propiamente dicha y además no se publica.

Incluso, el Artículo 15 dice que la información sobre la actividad económica es privada y solo podrá ser utilizada para la aplicación de las normas del servicio público.

Es decir, que solo la entidad en la que se radica tiene acceso al documento, sin que haya otra posibilidad para que la ciudadanía o alguna veeduría puedan realizar control público sobre dicha documentación.

A favor

*Publicar las declaraciones de renta de los miembros de las corporaciones públicas favorece el correcto cumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución y los reglamentos de las respectivas corporaciones.

*Que se hayan archivado proyectos similares varias veces en el Congreso demuestra que la adopción de medidas en pro de la transparencia de este órgano genera una especial resistencia por parte de los miembros del Congreso de la República, debido a que limita su accionar e impone tareas relacionadas con las responsabilidades de su cargo.

En contra

*Según la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, aunque existe esta ley, “tiene reserva”, pero el Gobierno de Iván Duque ya presentó una propuesta legislativa para levantar dicha reserva.

*De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, “si bien -este punto- puede hacer más transparente la situación de las personas que prestan el servicio público, en la práctica los corruptos acuden a testaferros, a terceras personas o declaran cuentas en el exterior”, por lo que esta medida resulta formal e insuficiente.

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