Esta es la apuesta de Duque para luchar contra la Corrupción

Esta es la apuesta de Duque para luchar contra la Corrupción

Agosto 28, 2018 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País 
Iván Duque

Anoche, el presidente Iván Duque radicó en el Congreso el proyecto de ley que anunció el domingo, tras conocerse el resultado de la Consulta Anticorrupción.

Especial para El País

Luego de que la Consulta Anticorrupción no alcanzara el umbral necesario para convertirse en mandato, el presidente Iván Duque invitó a crear un frente común para luchar contra ese flagelo y recordó que su Gobierno radicó ante el Congreso cuatro proyectos de ley el 8 de agosto.

En ellos se incluye limitar los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa; levantar la reserva de la publicación de la declaración de renta de los funcionarios del Estado; hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública, y obligar el uso los pliegos tipo en todas las entidades gubernamentales.

De igual forma, anoche radicó, con la Procuraduría, otro proyecto que amplía la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios.

Aquí, los cuatro primeros proyectos presentados por el Gobierno.

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Proyectos radicados

Proyecto de Acto Legislativo 012. Por el cual se adicionaría un artículo a la Constitución Política para que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles.

Esta reforma, según el Gobierno Nacional, dota de elementos a la administración “para desarrollar el principio de transparencia en la función pública”.

Señala que, de aprobarse, el Estado estaría avanzando en la lucha contra la corrupción, en primer lugar porque la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia no estarían limitados temporalmente, por cuanto los delitos no prescribirían.

En segundo lugar, dice que la aprobación de esta norma sería un “desincentivo” a los corruptos.

Asegura también que “el Estado, al no tener el límite temporal que implica la prescripción, podrá ser mucho más minucioso en sus investigaciones. De igual manera, no importarán las fechas en las que se reciba la noticia criminal, ya que podrán adelantar los procesos.

Se lee en el documento radicado por el Gobierno que el flagelo de la corrupción es el que ha despertado en los últimos tiempos mayor preocupación en la ciudadanía, y que de acuerdo con los datos de Transparencia Internacional en su último Índice de Percepción de la Corrupción, Colombia ha descendido del puesto 90 al 96 entre 180 países. La calificación del país es de 37 en una escala de 0 a 100, donde 0 corresponde a muy corrupto y 100 es muy limpio.

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Proyecto de Acto Legislativo 073. Modificaría el Artículo 122 de la Constitución, sobre empleo público, para hacer pública la declaración de renta de los servidores, anualmente.

De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el Gobierno para radicar este proyecto, la revelación del patrimonio del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas o administre bienes o recursos públicos, debe convertirse en un deber u obligación constitucional tanto al inicio de su gestión y durante ella, así como al retiro del servicio.

El servidor público debe -como su nombre lo dice- servir a las instituciones y a la comunidad en general, ejercer sus funciones, facultades y atribuciones conforme a los principios y normas de derecho internacional aplicables a Colombia, la Constitución Política, la ley y el reglamento.

Así también, el servidor público no debe ni puede aprovechar su condición, sus facultades, atribuciones o potestades para enriquecerse o beneficiar ilícita e ilegalmente a otros a costa del erario o del patrimonio público, que es de todos.

Proyecto de Acto Legislativo 074/18C. Se limitaría el tiempo de permanencia en los cuerpos colegiados de elección directa. Es decir, en la misma corporación solo se podrá estar por tres periodos.

Según argumenta el Gobierno, este proyecto tiene el propósito de ”ampliar el espectro para la participación política” y permitir una “ampliación de la aplicación progresiva del principio democrático a través del fortalecimiento interno de los partidos”.

Busca la “despersonalización de la política”, al promover la renovación de los partidos y movimientos políticos, pretendiendo así que las actuaciones de estos “dependen esencialmente de la identidad y la ideología de cada colectividad” y se incentive el acatamiento a las dinámicas mecánicas internas y de bancada.

De acuerdo con el proyecto radicado, la limitación a la reelección indefinida de los miembros que conforman los cuerpos colegiados como el Senado y la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales, resultaría conveniente en la medida en que dinamizaría la rotación y alternancia en el poder.

Proyecto de Ley 082/18S. Modificaría el Artículo 4 de la Ley 1882 del 2018, para hacer obligatorios los pliegos tipo en toda licitación pública.

El documento radicado en el Congreso de la República indica que para la sociedad colombiana y para las propias entidades públicas siguen siendo un grave problema los vacíos que tiene la regulación legal en materia de contratación estatal, específicamente la que tiene que ver con los procesos de selección, entre los cuales se destaca la licitación pública que debe ser utilizada para la selección de contratistas en varias clases de tipologías.

El propósito de este proyecto de ley es que los documentos tipo para la confección de los pliegos de condiciones se apliquen para todos los procesos de selección mediante licitación pública que debe surtirse para la celebración de toda clase de contratos estatales, no solo los que tengan que ver con infraestructura, además que su campo de acción se extienda de manera imperativa para toda la estructura del Estado, tanto del orden nacional como territorial.

¿Sirven las reformas?

El constitucionalista Manuel Charry cree que el problema de la corrupción no es una cuestión legislativa ni punitiva, pues “no es creando delitos, subiendo penas, modificando la prescripción de los delitos” que se acabará, sino que es un tema mucho más complejo, que involucra valores morales, éticos y la sanción social.

“Por esa línea se equivocan las medidas relativas a que sean imprescriptibles los delitos o a crear mayores sanciones para los funcionarios públicos, creo que no es un camino para neutralizar ese hecho”, argumentó.

Sobre la reforma que propone la declaración de renta de los servidores públicos, dice Charry que es una medida insuficiente, puesto que “si bien puede hacer más transparente la situación de las personas que prestan el servicio público, en la práctica, los corruptos acuden a testaferros, a terceras personas, declaran cuentas en el exterior”, por lo que se puede quedar solo en un aspecto formal.

La abogada constitucionalista Luisa Fernanda García, en cambio, considera que estos proyectos son de gran utilidad y que “demuestran la voluntad del Gobierno de aplicar los proyectos que tenía durante la campaña política”.

La analista cree que las iniciativas tendrán mucha más viabilidad en el Congreso, en comparación con las anteriores ocasiones en las que se han hundido, dado que, en primer lugar, “fue una de las banderas de campaña del presidente Iván Duque” y, en segundo lugar, porque “hay una bancada fuerte del Centro Democrático en el Congreso de la República, lo que haría que seguramente haya una viabilidad de estos proyectos”.

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