El nuevo choque entre Iván Duque y Claudia López por el informe de la CIDH

“Yo no voy a entrar en controversias con gobernantes locales, la política exterior de Colombia la dirige el Gobierno Nacional”, le respondió este jueves el presidente Iván Duque a la Alcaldesa de Bogotá sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos anunciado por la CIDH para nuestro país.

“Nosotros tenemos una política de Derechos Humanos, tenemos una institucionalidad. La Defensoría del Pueblo cumple su tarea y además a nivel territorial también hay personerías y entidades que cumplen ese tipo de tareas. Yo creo que aquí no se trata de crear nuevas instituciones, sino de que, las que tenemos, obren con toda claridad, firmeza, independencia y la colaboración armónica entre poderes”, agregó el Jefe de Estado.

Su pronunciamiento fue hecho después de que la Mandataria capitalina, Claudia López, le ofreciera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “la hospitalidad y requerimientos que sean necesarios para que pueda instalar en nuestra ciudad el Mecanismo Especial de Seguimiento”, que planteó el organismo como una de las conclusiones de la comisión que visitó a Colombia semanas atrás para analizar la violencia acaecida en el marco del paro nacional.

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Sin embargo, el presidente Duque fue enfático en responder que “nuestro país tiene instituciones muy sólidas, que no se crearon hace ocho días: una Procuraduría, una Fiscalía, una Contraloría y una Defensoría, además de las Cortes y un Congreso que actúa con independencia”.

Y añadió: “Nosotros tenemos todas las instituciones para proteger y tutelar los derechos de los ciudadanos. Lo que hemos dicho aquí (es que) las instituciones actúan en virtud de lo que tienen que hacer para cumplir la Constitución y la ley, y en virtud de eso vamos a seguir actuando”.

El Primer Mandatario sostuvo ese jueves que “frente al reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de sus recomendaciones están siendo adoptadas y han sido adoptadas por el Estado colombiano: un Estado protector de los Derechos Humanos, que rechaza cualquier conducta de un miembro de las fuerzas contraria a la Constitución y que vela siempre por la transparencia, la separación de poderes, la colaboración entre los mismos y tiene claridad en la separación de las distintas jurisdicciones, comenzando en la separación de la Justicia Ordinaria con la Justicia Penal Militar”.

Sin embargo, en opinión del analista político Jhon Mario González, “el problema para atender las recomendaciones de la CIDH es que es un informe sesgado, que le hace el juego a los criminales y políticos radicales en Colombia, e incluso ingenuo, porque pretende hacer observaciones con abstracción absoluta de los móviles e intentos de asonada o de tumbar al Gobierno, como ocurrió en las semanas precedentes”.

Por ello, plantea que antes que acoger esas sugerencias, “lo que el Gobierno debe hacer es implementar el plan de mejoramiento y transformación de la Policía Nacional que anunció hace un mes y solicitar resultados en las investigaciones por los excesos de la Fuerza Pública donde efectivamente ocurrieron y no respecto de denuncias temerarias o fabricaciones o entrampamientos de grupos radicales hacia miembros de la Fuerza Pública”.

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A su vez, el consultor político Álvaro Benedetti considera que Colombia debe asumir una postura autocrítica, reflexiva, sobre las conclusiones del informe de la Comisión porque “gústenos o no, es una institución reconocida a nivel internacional”.

Y añade que se debe “volver la tormenta a favor de la institucionalidad colombiana, anunciando las reformas al sistema de Policía que hoy por hoy es una de las grandes demandas de quienes están movilizados y con eso, de alguna manera, se hace frente, desde las reformas institucionales y no desde la política, a los llamados de la Comisión”.

Por su parte, el analista político Laureano Tirado, sostiene que las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes, según la sentencia 588 del 2002 de la Corte Constitucional.

En su opinión, “el Gobierno Nacional tiene la obligación es de preservar el orden constitucional, quebrantado durante los dos últimos meses” y califica de grave que la Comisión “equipare a la Constitución con el Acuerdo de La Habana, rechazado en las urnas, y que se alinee con la petición de las Farc de ubicar la Policía Nacional al servicio del Ministerio del Interior, en una clara pretensión de politizar la Policía”.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le envió una carta a la Alcaldesa de Bogotá en la que la desautoriza para recibir al Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.

Como el mayor despliegue humanitario de la historia del país que propinó los mayores golpes al narcotráfico y al terrorismo, calificó el presidente Iván Duque la Operación San Roque de las Fuerzas Militares.

El Mandatario exaltó el reporte de la operación humanitaria y la calificó como la más grande en la historia de Colombia, durante los actos de conmemoración del septuagésimo aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, en en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

“Es muy importante que, en el transcurso de nuestra historia, mantengamos el recuerdo del heroísmo y de la entrega de las Fuerzas Militares, que valoremos el alcance de todas sus obras y gestiones, porque se trata de unas fuerzas que han tenido que cumplir el deber aun teniendo que enfrentar situaciones atípicas como una pandemia, sin claudicar en ninguna de sus responsabilidades”, señaló.

La Operación San Roque se constituye en un conjunto de acciones dirigidas a preservar la integridad de las Fuerzas Militares ante la pandemia, manteniendo su capacidad operacional, el desarrollo de operaciones, control de fronteras y asimilamiento de capacidades en apoyo a la autoridad civil, apoyando además a la población más vulnerable con entrega de ayudas humanitarias, resaltó el Jefe de Estado ante el general Luis Fernando Navarro y las demás cabezas de las Fuerzas Militares.