¿Cuál es el balance del Gobierno sobre la minga?, responde el Comisionado para la Paz

Una semana después de la fallida reunión entre el presidente Iván Duque y la minga indígena, y con las aguas de protesta un poco más calmadas, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dice que, en medio de todo, salió ganadora “la institucionalidad del Estado y el rechazo a las vías de hecho”.

Asimismo, Ceballos considera que, pese a que no se logró un encuentro entre Duque y los indígenas, el Mandatario hizo todo lo necesario para cumplirles a los mingueros y por eso planeó una reunión en un lugar donde se respetara la representación de la comunidad y la seguridad de él.

“El hecho de que no hubiera ido el Presidente desde un inicio no fue un capricho, sino que fue una demanda del Estado para aclarar cuáles eran las solicitudes y hacer una concertación sobre el contenido de los compromisos”, señala.

Con respecto a las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, el Alto Comisionado para la Paz le dijo a El País que no considera que deben ser retiradas por el Gobierno y que se tiene que dar el debate en el Congreso de la República.

“Este es un momento en que el Congreso debe actuar con grandeza y no con cálculos políticos”, apunta.

¿Calmada un poco la tormenta, cuál es el balance que hace de las negociaciones con la minga?
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Lo más importante es que quien demuestra no solo una voluntad de diálogo sino una responsabilidad frente a los compromisos que realmente se pueden adquirir, es el Gobierno Nacional, ahí hay una ganancia para el país.

En el caso de esta negociación hubo algo particular y fue la presencia permanente de la Contraloría, la Fiscalía y de la Procuraduría, es decir, siempre hubo una presencia permanente del Estado porque tanto el Ejecutivo como sus órganos de control deben vigilar no solamente la ejecución de implementación de acuerdos que vienen del pasado, sino crear una vigilancia permanente a la implementación de los acuerdos. En ese sentido, ganó la institucionalidad del Estado y el rechazo a las vías de hecho para lograr este tipo de negociaciones.

¿Pero no habría sido mejor que el Presidente hubiera acudido antes de que ocurrieran hechos lamentables?
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No porque el Presidente no aceptaría en ningún momento ir cuando hay vías de hecho, así hubiera hecho presencia, las vías de hecho no se hubiesen levantado, por eso fue tan importante que el proceso de negociación fuera ordenado, que no tuviese como objetivo único la visita del Presidente para comprometerlo en unas obligaciones de Estado, sino que fuera el producto de una construcción muy clara para saber qué realmente era lo que la minga pedía.

Recordemos que las exigencias eran de $4,6 billones y muchas de estas exigencias correspondían a incumplimientos del pasado y de compromisos que no habían tenido ni un marco fiscal ni una autorización de las entidades financieras del Estado.

Algunos consideran que hubo terquedad por parte del Presidente...
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El hecho de que no hubiera ido el Presidente desde un inicio no fue un capricho, sino que fue una demanda del Estado para aclarar cuáles eran las solicitudes y hacer, como lo dice el Decreto 1811 del 2017, que es el marco que se creó en el Gobierno pasado para la minga, una concertación sobre el contenido de los compromisos que no se había hecho en el pasado.

La comunidad indígena asegura que la minga no es un asunto de voceros, sino un mandato colectivo, por eso pedían el diálogo del Presidente con todos, ¿cree que el Mandatario cumplió con su parte?
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Por supuesto. El Presidente había anunciado al inicio de los diálogos con la minga que una vez se desbloquearan las vías y se llegara a un acuerdo, se iniciaría la construcción de un protocolo para su visita, y las comunidades indígenas sabían que este protocolo debería ser elaborado de manera conjunta con el esquema de seguridad del Presidente.

En ese sentido, lo que siempre se buscó fue un equilibrio: por un lado, respetar el sistema de representación de los indígenas, por eso, el lugar que se dispuso en Caldono tenía espacio suficiente para que más de 250 personas representativas de las comunidades indígenas, e incluso un poco más, pudieran encontrarse con el Presidente en un lugar que garantizara la seguridad para él y la representación para ellos.

El Gobierno habló de unas interceptaciones que confirmaban el riesgo para el Presidente, ¿de dónde vendrían las amenazas?
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Esa es información que por el carácter de cadena de custodia deben analizar las autoridades judiciales competentes, por eso no nos podemos manifestar frente al contenido de esa información. Lo que sí es claro es que se dio de manera simultánea a la presencia del Presidente en el municipio de Caldono.

De otro lado, el instituto Kroc entregó su tercer informe sobre los avances en la implementación del proceso de paz, y una de las cosas que señala es que si bien se ven avances, todavía es poco transformador, ¿a qué se debe?
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El Instituto Kroc hace un balance de cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. Hay temas como los legislativos, que no dependen directamente del Ejecutivo, pero hay otros temas en los que las Farc debe cumplir, y resalto uno: la entrega de los bienes; ya el Fiscal General ha recalcado la necesidad de que las Farc cumplan con la entrega de todos los bienes.

La Corte Constitucional le ha dado al Fiscal la facultad para investigar aquellos casos en los cuales se denota que no ha habido la entrega total de bienes. También hay temas importantes relacionados con la información sobre minas antipersona y sobre la entrega completa del listado de menores de edad. Cuando se hace un balance de la implementación y el cumplimiento, se debe tener en cuenta las obligaciones de ambas partes.

La Procuraduría pidió que alias El Paisa sea capturado y se le acaben los beneficios, ¿cree que es hora que tanto él como quienes están desaparecidos salgan del Acuerdo de Paz?

El Gobierno Nacional es respetuoso de las decisiones que tome la Jurisdicción Especial para la Paz. Valoramos el concepto del señor Procurador cuando dice que debe ser considerada la expulsión de ‘El Paisa’ del sistema de beneficios, pues una de las condiciones fundamentales es, por supuesto, responder a las solicitudes y a las citaciones de la JEP.

En ese sentido, siendo respetuosos de las decisiones de la JEP y de las valoraciones que hace el Procurador General, vemos que es muy importante que ese incidente de incumplimiento que inició la propia JEP tenga una solución puntual.

Algunas figuras políticas han pedido al Presidente que retire las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, estas se hundieron en la Cámara, se cree que pasará lo mismo en el Senado, ¿usted qué piensa?

Creo que hay que respetar la facultad deliberativa del Congreso de la República, aún falta un debate muy importante en el Senado y lo que sí hay que decir es que debe privilegiarse el debate sobre el contenido de las objeciones y no llevarlo al tema de una contienda o un pulso político entre los partidos que quieren hacer oposición al Gobierno.

Es muy importante que aquel consenso que no se logró en el momento en que ganó el NO en el plebiscito, se logre en este momento.

Nadie dice que la JEP vaya a desaparecer o vaya a ser afectada, lo que se pide es que la ley estatutaria que va a regir la implementación de todo el sistema de Justicia Especial para la Paz sea una ley estatutaria que no tenga vacíos y que no deje a interpretaciones futuras que puedan hacerle daño al propio proceso. De eso se trata y por eso este es un momento en que el Congreso debe actuar con grandeza y no con cálculos políticos.

¿Con respecto al ELN, hasta cuándo seguirán suspendidos los diálogos?

El Presidente, después del atentado criminal en el cual fueron asesinados 22 cadetes estudiantes de la Policía Nacional, ha dicho que no hay ninguna posibilidad para crear un espacio de diálogo sin que se cumpla la condición de la entrega de todos los secuestrados y el cese definitivo a esa práctica, al igual que el cese de actividades criminales.

Cuando el ELN dé muestras de que ha avanzado y ha madurado lo suficientemente para abrir un camino en el cual el diálogo sea creíble, sea realmente fructífero, ahí están los elementos de la Constitución y la ley para considerar cualquier posibilidad.

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