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¿Cómo será la relación de Duque con las cortes, Fiscalía y la JEP?

Agosto 05, 2018 - 11:30 p. m. Por:
César Hernández / Colprensa
Iván Duque y Marta Lucía Ramírez

Reunión de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez con la presidenta de la JEP, Patricia Linares.

Colprensa

Muchas de las personas que votaron por Iván Duque a la Presidencia de la República lo hicieron en parte añorando el gobierno de Álvaro Uribe, una administración caracterizada por banderas como la seguridad democrática, pero también por la tensa relación entre el Ejecutivo y el poder judicial.

Ahora que el uribismo regresa a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto algunos se preguntan si el nuevo Mandatario sostendrá unas relaciones armónicas con dicha rama.

El Presidente electo tendrá retos importantes a nivel judicial: el primero de ellos será el manejo de las decisiones que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia en el caso de Álvaro Uribe Vélez, investigado por presunto fraude procesal y soborno. Así mismo, se propuso el objetivo de sacar adelante la reforma a la justicia concertada con las Cortes y otros sectores.

Duque también tiene en sus apuntes la promesa a sus electores de hacer mejoras a los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. El tema de la justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo guerrillero cuando estuvo inmerso en el conflicto armado fue un punto central durante su campaña, por lo que deberá actuar de la forma más política posible para evitar choques con una alta corte como lo es el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando se empiecen a conocer los fallos judiciales en contra de los exguerrilleros.

Otra tarea que deberá meditar con detenimiento el nuevo Presidente, más adelante, será una terna para Fiscal General de la Nación que permita que la Corte Suprema elija en un tiempo adecuado al reemplazo de Néstor Humberto Martínez, al contrario de lo que ocurrió en el gobierno Uribe, quien debió presentar varias ternas hasta que finalmente la Corte eligió a un candidato de los postulados.

Expertos juristas consultados coinciden en que las relaciones del presidente Iván Duque y la Rama Judicial serán más amables que las de su mentor, Álvaro Uribe.

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Reforma a la justicia armónica

Para José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, la mejor manera de llevar las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial es observando la Constitución y con respeto entre sí.

“La respuesta la da el Artículo 113 de la Constitución de 1991, allí se habla de que quienes ejercen el poder público actúan en forma separada, dentro de una colaboración armónica para conseguir los fines del Estado. Cada órgano debe ejercer sus funciones con independencia y con respeto. Cuando el Presidente de la República se posesiona jura respetar la Constitución y las leyes, así como las decisiones judiciales y los derechos de todos los colombianos”, dice el Hernández.

En cuanto a la reforma a la Justicia, el exmagistrado piensa que es una necesidad, un objetivo que debería alcanzarse en el nuevo gobierno. “Creo que la Reforma es muy importante porque la Justicia ha perdido credibilidad. A pesar de que hay excelentes magistrados y jueces, también ha habido corrupción y falta preparación de algunos magistrados en lo jurídico. Pero tiene que ser una reforma razonable, no estoy de acuerdo con acabar con las Cortes y refundirlas en una sola, creo que se debe reconsiderar y pensar en una reforma judicial que sea armónica”.

Sobre la elección de Fiscal, cree que el tema de las ternas que no se definían en la Corte Suprema es una etapa superada. “Esos hechos vergonzosos del pasado, los choques de trenes y las interceptaciones telefónicas no se pueden repetir porque le causó mucho daño a las instituciones y la democracia”.

No cree que haya confrontación

Guillermo Mendoza Diago, quien fue Fiscal General (e) de la Nación entre agosto de 2009 y enero de 2011, debido a que los magistrados de aquel entonces en la Corte Suprema no se decidían por ninguno los ternados por Uribe Vélez, sostiene que ese hecho es poco probable que se repita.

“No creo que eso se vuelva a presentar, porque son sucesos históricos muy particulares, con unas causas que pueden ser cuestionables, muy caracterizadas en ese momento. Además, se está promoviendo una reforma mediante la cual el Fiscal sea nombrado por el Presidente de la República, como parte de una institución que no tomará decisiones sino solo se dedica a investigar y acusar”, dice.

Mendoza afirma que el nuevo Jefe de Estado no entrará en confrontación con la Corte Suprema de Justicia por el caso de Uribe.

“La colaboración armónica dentro de las ramas del poder público se da respetando la independencia y competencia de cada una; los fallos deben ser acatados y controvertidos exclusivamente a través de recursos legales, no en los medios de comunicación, rumores y enfrentamientos personales, esa no es una forma de controvertir decisiones judiciales, sino dentro del marco legal y las facultades que otorgan la Constitución y la ley general penal”, precisa el jurista.

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La Rama está ajustada a la Constitución

Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, manifiesta que una Reforma a la Justicia no debería ser una prioridad para el Estado colombiano, pero cree que sí se necesita hacer cambios en la administración de justicia.

“La Rama Judicial está actualmente de acuerdo con las normas que para ella previó la Constitución de 1991 y las reformas que a esa Constitución se han introducido. Por ejemplo, con respecto a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a la función administrativa que cumple el Consejo Superior, reformas a la Fiscalía y al sistema de carácter penal. Además, está sometida la Administración de Justicia, hay un Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es la ley 1437 de 2012, además de un Código General del Proceso, también aprobado en el 2012, ambas normas apenas están empezando a aplicarse, seis años no son suficientes todavía para juzgar las bondades de una reforma a la justicia”, expresa el jurista.

En lo que tiene que ver con las decisiones judiciales que tome la JEP, Beltrán resalta que el nuevo Presidente no debe olvidar que son magistrados de la República y, por lo tanto, debe respetar sus decisiones.
“Mientras se encuentren vigentes las normas constitucionales que crearon la JEP, la ley de procedimiento, ellos tendrán esos parámetros de orden jurídico dentro de los cuales van a actuar. Así lo ha declarado la Presidente de la JEP y eso es lo que corresponde en el Estado de derecho. Por eso el presidente electo ha dicho que podría hacer unas reformas. Mientras esas no se hagan, ese es un asunto de carácter puramente político que no marca el derrotero de los magistrados de la JEP”, opina.

Por una relación de respeto

Jaime Arrubla, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia entre 2010 y 2011, cuando las relaciones entre la Corporación y el presidente Uribe fueron especialmente tensas, también considera que el nuevo Mandatario tendrá mejores relaciones con las Cortes que su mentor.

“Es de esperarse que sea una relación de respeto institucional, de respeto por la independencia de cada uno de los poderes públicos y colaboración armónica para que se obtengan los fines del Estado colombiano en todos sus órdenes”, señala.

En cuanto a la Fiscalía, Arrubla se considera que debe ser debatida su reubicación dentro del esquema democrático. “Para evitar que vuelvan a suceder problemas con las ternas, lo mejor es que repensemos en Colombia si es mejor que de una vez asumamos que el fiscal sea designado por el presidente de la República”.

Sobre la reforma a la justicia, el exmagistrado declara que es fundamental: “Sin justicia no hay paz, ni desarrollo, ni progreso. La reforma a la justicia se impone desde hace ya varios años porque hemos visto que las bases que sentó la Constitución del 91 no fueron lo suficientemente claras para evitar choques de trenes, conflictos de competencias, pero sobre todo para que no se politice la justicia con una participación innecesaria con elecciones de altos funcionarios”.

Más relajada

El abogado Iván Acuña, quien se ha desempeñado como conjuez en el Consejo de Estado, asegura que las relaciones que tendrá Iván Duque con la Rama Judicial serán mucho más relajadas que las que sostuvo Uribe. En cambio, cree que la relación Legislativo-Judicial sí será muy compleja.

”Va a haber debates en el Congreso, eso no depende en sí del Presidente, pero creo que la punta de lanza de los debates contra las decisiones judiciales no va a ser tanto del Mandatario como del Congreso. Creo que esos debates van a estar en manos de la bancada de Gobierno, pero diría también que sus congresistas van a tratar de interferir en las decisiones de las altas cortes, hay muchas decisiones que están pendientes por tomarse que no van a ser de su agrado y estoy casi seguro de que eso va a crear debates. A diferencia de lo que sucedió en el Gobierno de Uribe, cuando el presidente llevaba la vocería contra las decisiones judiciales y todo lo que pasó alrededor, yo creo que ahora esa vocería estará en manos de la bancada mayoritaria del Congreso”, explica Acuña.

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