Así funcionará el nuevo sistema para juzgar casos de corrupción y parapolítica

Así funcionará el nuevo sistema para juzgar casos de corrupción y parapolítica

Julio 23, 2018 - 11:30 p.m. Por:
Colprensa y Redacción de El País
Sala de Primera Instancia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que antes llevaba investigaciones de aforados, ahora atenderá las impugnaciones a fallos de primera instancia y otros temas.

Colprensa

Tras una espera de años, las investigaciones a altos funcionarios o exfuncionarios del Estado, que cursan en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comenzarán a ser atendidos por la Sala de Primara Instancia que se creó en el alto tribunal para garantizar que los procesados puedan apelar los fallos, es decir tener una doble instancia.

La constitución de la Sala para atender los casos de aforados ya tomó forma con la posesión, el miércoles pasado, de dos de los tres magistrados que integran esta sala especial, que como primera tarea encontrará para su estudio 132 casos -provenientes de la Sala Penal de CSJ- en trámite, en proyectos de definición de fallos o ya cerrados.

La escogencia del tercer magistrado la hará la Corte Suprema esta semana, con lo que ya quedará lista la Sala.

El magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal de la CSJ, explicó que la sala, además de los magistrados, contarán con un equipo de nueve magistrados auxiliares, nueve abogados y 15 empleados de la Secretaría, para desarrollar dichos procesos.

“Lo deseable hubiera sido tener una Sala de Primera Instancia de seis magistrados, el mismo número que tendrá la Sala de Instrucción. Ellos deberán atender los procesos que adelanten estos magistrados y además los que lleven a cabo los 12 fiscales delegados ante la Corte, quienes investigan gobernadores, ministros, embajadores, generales, almirantes; los cuales además podrían pedir preclusiones”, explicó Hernández.

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Esta instancia se ocupará, en su gran mayoría, de casos relacionados con parapolítica y corrupción.

Entre los primeros procesos sobre el que se conocería una decisión por parte de la Sala de Primera Instancia está el caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, investigado por presuntas relaciones con grupos paramilitares, caso que manejaba la Sala Penal de la CSJ.

Su juicio ya terminó e incluso los magistrados de la Sala Penal firmaron un proyecto de fallo sobre el que se venía discutiendo hasta hace unos días, cuando se decidió enviar todos los procesos a esta nueva instancia.

El magistrado Hernández descartó que sus pares reinicien juicios por procesos ya cerrados, como en el caso de Ramos, porque sus actuaciones deben presumirse legales.

“La tradición jurídica que se origina en la interpretación de ley nos enseña que cada vez que hay un cambio de competencia, todas las actividades procesales que llevó a cabo el funcionario competente son válidas. No creo que se vayan a repetir los juicios. Que los abogados lo soliciten, con toda seguridad. Qué decidan los magistrados queda bajo su potestad”, recalcó Hernández.

La Sala de Casación Penal ahora evolucionará para convertirse en alto tribunal de segunda instancia para los aforados, que podrán allí apelar los fallos. Pero también mantendrá su competencia para resolver casos de segunda instancia para las decisiones de los tribunales superiores, recursos de apelaciones a fallos del Tribunal de Justicia y Paz, impugnaciones de habeas corpus, extradiciones y la definición de competencias entre diferentes juzgados o tribunales, además de las tutelas.

Los otros casos

La Sala de Primera instancia también estudiará casos relacionados con recientes escándalos de corrupción en el país. Uno de ellos es el del expresidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, investigado por el delito de concusión, relacionada con presuntas irregularidades en el trámite de una tutela que interpuso Fidupetrol.

Este caso ya se cerró, pero está sin proyecto de sentencia, por lo que los magistrados de la Sala Penal podrán hacerle la segunda instancia, en caso de que sea impugnado una vez falle la Sala de Primera Instancia.

En una situación similar está el excongresista Óscar Suárez Mira, quien fue procesado por enriquecimiento ilícito, relacionado con el trato que habría tenido con capos de la banda de ‘La Oficina’ y la organización delincuencial integrada al narcotráfico (ODÍN) ‘Pachelly’, ambas con injerencia en el área metropolitana de Medellín.

La nueva Sala también asumirá los juicios a investigados por el escándalo de corrupción por los sobornos de la firma brasilera Odebrechet en Colombia. Entre ellos está el del exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, investigado por concierto para delinquir y lavado de activos.

Otro congresista que pasa al banquillo en la nueva sala es Musa Besaile, procesado por acciones aparente relacionadas con el ‘Cartel de la Toga’.
A la lista se suma el caso de la exsenadora Piedad Zuccardi, en juicio por presunto concierto para delinquir, por supuestas relaciones con el ‘Bloque Montes de María’, de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

En igual situación está la excongresista Zulema Jattin, procesada por supuestas relaciones con grupos paramilitares que delinquían en el departamento de Córdoba.

También Julio Gallardo, expresidente de la Cámara de Representantes, quien enfrenta un juicio por peculado en favor de terceros cuando estuvo al frente de la Corporación.

El proceso que se le sigue al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, quien debe enfrentar un juicio por presunto peculado a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por un contrato de $817 millones para la compra de textos escolares, también le tocará a la Sala de Primera Instancia.

Otro caso es el de la exgobernadora del Huila Cielo González enfrenta cargos por supuestos peculado a favor de terceros por la supuesta asignación irregular y de forma directa de tres contratos para la distribución de licores en el departamento.

La nueva sala también asumirá investigaciones contra al excontralora Sandra Morelli, el exsenador Iván Moreno Rojas -corrupción en Bogotá, exficales y magistrados y exmagistrados de tribunales seccionales, entre otros.

Lo que les espera

Inicialmente en la Sala de Primera Instancia se estudiarán 59 juicios de Ley 600 (Código de Procedimiento Penal), 40 juicios de Ley 906 (Código de Procedimiento Penal, corregido de conformidad con el Decreto 2770 de 2004), dos incidentes de reparación integral y 30 peticiones de preclusión.

Para el magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal de la CSJ, solo esta tarea va a tomarle a la nueva sala varios años puesto que el procedimiento normal para hacer un juicio, sin retrasos, es de 50 días hábiles.

Los dos magistrados Ariel Torres y Ramiro Marín, de la Sala de Primera Instancia, esperan el reparto del caso de Luis Alfredo Ramos, para que uno de ellos proponga una nueva ponencia de fallo y se vote para decidir la suerte del excongresista.

Si dicha decisión es impugnada, el caso volverá a la Sala Penal, en donde habrá que nombrar unos conjueces debido a que varios de los magistrados deberán declararse impedidos, por haber firmado el primer proyecto de fallo.

Ariel Augusto Torres y Ramiro Alonso Marín, posesionados por el presidente Juan Manuel Santos, son los dos magistrados que ya comenzaron a trabajar en la Sala de Primera Instancia.

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